Política Venezuela

REPRESIÓN ANTIOBRERA

Al cierre del año en Venezuela decenas de trabajadores siguen presos por luchar

Mientras desea “paz y prosperidad” para el 2019, el gobierno de Maduro culmina 2018 con decenas de trabajadores presos o enjuiciados por luchar. Aquí algunos casos emblemáticos.

Lunes 31 de diciembre de 2018 | 17:51

Fotografía: Trabajadores de las empresas básica de Guayana protestando, entre esos, algunos de los que hoy están presos

Los últimos días del año suelen llenarse de buenos deseos para el año venidero, mensajes de aliento y, generalmente, alegorías a la esperanza y la alegría. En nuestro país, en medio de la severa crisis, con padecimientos sociales por doquier, los últimos días han sido los de múltiples protestas por la insoportable y recurrente falta de cuestiones tan elementales como el agua, la luz, el gas… y el pernil. Asistimos a un nuevo incumplimiento de la promesa gubernamental de distribuir pernil a precio subsidiado, burlándose de la expectativa y dignidad del pueblo, en un país donde no es ninguna exageración decir que se pasa hambre y que consumir proteína animal es algo casi imposible, o totalmente esporádico, para gran parte de la población.

Es en este cuadro que el fin de año tendrá una amargura adicional para muchas familias obreras, por el encarcelamiento de sus familiares a manos de la represión del gobierno falsamente autodenominado “obrerista”.

Rodney Álvarez, el preso obrero con más tiempo tras las rejas

Son ya siete fines de año que la familia de Rodney Álvarez lo pasa sin él, por estar secuestrado por el gobierno para esconder la responsabilidad de un burócrata sindical psuvista en el asesinato de un trabajador, y adicionalmente amedrentar a los trabajadores que en Ferrominera del Orinoco se organizaban de manera independiente.

En medio de un asamblea de trabajadores (año 2011) para escoger la comisión electoral para el sindicato, Héctor Maicán, sindicalista del PSUV, efectuó varios disparos y resultó muerto el obrero Renny Rojas, nadie más efectuó disparos ese día, Maicán fue detenido, pero por la presión del gobernador Rangel Gómez y el control del gobierno sobre los tribunales, fue liberado e inculparon a Rodney Álvarez, de la tendencia sindical que se enfrentaba a la directiva de la empresa y a la burocracia sindical pro-patronal.

7 años y medio han pasado y Rodney Álvarez permanece secuestrado, sin juicio ni sentencia, en la cárcel de El Rodeo II, estado Miranda, a más de 600 kilómetros de la ciudad donde trabajaba y donde reside su familia. ¡Entiéndase bien la perfidia y la injusticia: más de 7 años preso sin ningún tipo de sentencia y con el juicio congelado, porque no tienen manera de probarle nada!

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Rodney está recluido como preso común, pero es un preso obrero, por luchar, es una retaliación política por enfrentar a la empresa y al gobierno, por eso se lo ha llamado un preso político obrero. Pero es un preso de la clase obrera, sin los recursos ni apoyos que tienen los presos políticos de la derecha, Rodney –y muchos otros trabajadores o campesinos presos– no figuran en las peticiones de libertad ni las negociaciones que entablan gobierno y oposición, en las amnistías que ha dado Maduro tampoco figuran Rodney ni los demás presos por luchar contra la explotación capitalista o los terratenientes.

La familia de Rodney casi nunca puede visitarlo, por la enorme distancia geográfica y las grandes dificultades económicas para costear los traslados. Su pareja tuvo que trasladarse a la zona minera de Bolívar –con todos los problemas y riesgos que eso implica­– para resolver la manutención de los hijos, los cuales, además, casi no han podido ver a su padre en todos estos años.

Aunque la ley establece que ningún trabajador puede ser despojado de su trabajo ni de su sueldo hasta que no haya sentencia firme, Rodney no solo fue despedido sino que sus hijos fueron sacados de la escuela a la que asistían como parte de la seguridad social de los trabajadores ferromineros. Sencillamente una acción miserable por parte de estos falsos “socialistas” y “revolucionarios”.

Los obreros de Ferrominera que quisieron llevar a El Dorado

El 26 de noviembre de este año fueron detenidos otros 9 trabajadores de Ferrominera, luego de varios días de protesta en los que recibieron el amedrentamiento de la Guardia Nacional, fusiles en mano, incluyendo disparos al aire para dispersarlos. Los trabajadores se niegan a aceptar la descarada violación de las contrataciones colectivas que lleva adelante el gobierno de Maduro a lo largo y ancho del sector público de la economía.

Douglas Álvarez, Yonney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Gregorio Jaime, fueron detenidos y el gobierno quiso llevarlos a la cárcel de El Dorado, sin embargo, los presos comunes le dieron una lección a este régimen podrido de corruptos y mandamases autoritarios antiobreros, se negaron a recibir a los obreros alegando que estos eran “gente sana” y su lugar no estaba allí. El gobierno tuvo que recluirlos temporalmente en un retén policial municipal, y allí permanecen presos.

Sus familias tampoco tuvieron una “navidad feliz”, como cínicamente habló Maduro sobre estas fechas, ni tampoco tendrán un “feliz año nuevo”.

“(…) los presos comunes le dieron una lección a este régimen podrido de corruptos y mandamases autoritarios antiobreros, se negaron a recibir a los obreros alegando que estos eran “gente sana” y su lugar no estaba allí.”

Rubén González… nuevamente tras las rejas, y bajo juicio militar

El 29 de noviembre en la madrugada, regresando de la marcha de la Intersectorial de Trabajadores realizada el 28-N, fue detenido Rubén González, secretario general de SintraFerrominera y principal referente de los trabajadores de FMO que se enfrentan al gobierno. Regresando de una marcha por la defensa de los contratos colectivos, por un salario igual a la canasta básica familiar y la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Rubén González ya estuvo preso un año y medio, siendo Chávez Presidente, básicamente por la misma razón, estar al frente de acciones de lucha por la defensa de los derechos laborales. En ese entonces, el gobierno de Chávez lo enjuició por una huelga en la ferrominera ante el incumplimiento del contrato colectivo. Ahora el gobierno de Maduro lo acusa de “ofensa y ataque al centinela”, delitos estipulados los artículos 501 y 502 del Código Orgánico de Justicia Militar, en un episodio más del uso de la justicia militar para juzgar a manifestantes civiles.

El gobierno tiene a los militares campantes en las calles para reforzar el control social, y los usa cada vez que quiere en los lugares de trabajo y barrios para amedrentar y reprimir, la impunidad con la violación de derechos humanos es casi total, los cuerpos represivos, literalmente, no se paran en artículos para descargar sus agresiones y arbitrariedades cuando así lo desean, pero si reciben alguna respuesta por parte de quienes luchan por sus derechos, allí se hace presente la “justicia” militar para castigar.

Trabajadores de Venalum en La Pica

La madrugada del miércoles 12 de diciembre una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresó a las instalaciones de Venalum, agrediendo y deteniendo a varios dirigentes sindicales y trabajadores. Llevaban días protestando contra el incumplimiento del contrato y, específicamente, en medio de la quiebra de las empresas básicas, a la que las llevaron la desastrosas y corruptas administraciones de la burocracia gubernamental, querían ejercer el control sobre los productos que salían de la empresa, puesto lo poco que se produce sigue siendo objeto de manejos turbios por parte de gerentes y burócratas sindicales.

La “falta de recursos” es un argumento predilecto de las empresas para pisotear los derechos obreros, por eso, es totalmente legítimo que estos quieran impedir la corruptela con lo producido por ellos mismos y ejercer algún control sobre la comercialización.

Sin embargo, el gobierno que desde siempre se llenó la boca hablando de “control obrero”, muestra una vez más que esto solo lo usa como una consigna vacía, empleando los cuerpos de represión militar para castigar el intento de los trabajadores de ejercer algún verdadero control, así sea mínimo, sobre la producción y comercialización.

Es así que José Hidalgo, Noel Guedez, Néstor Morillo y Andrés Rojas fueron acusados de “resistencia, supresión y paralización de la faena, obstaculización, agavillamiento y desacato”, siendo recluidos en el Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica. Es la misma cárcel donde tiene recluido a Rubén González.

Con el encarcelamiento de José Hidalgo el 12 de diciembre, secretario general de Sutrapuval, y el de Rubén González el 29 de noviembre, el gobierno del “obrero” Maduro tiene el deplorable récord de meter presos a dos secretarios generales de sindicatos de Guayana en menos de 15 días.

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Alcasa también tiene trabajadores presos

En Alcasa también ha llegado la mano represiva hace tiempo, y es una de las empresas básicas que aporta a esta lista de trabajadores presos por luchar. Además del amedrentamiento policial dentro de la propia empresa, contra representantes de los trabajadores, a Jesús Ramírez, activista del Movimiento 7, una de las corrientes sindicales enfrentadas a la empresa y a la burocracia sindical oficialista, lo detuvieron y permanece preso.

Ramírez fue detenido el 29 de octubre, luego de una protesta de calle ingresó a la empresa a cumplir con su horario de trabajo y lo apresan acusándolo de hurtar material de la empresa, en unos supuestos bolsos que nunca tuvo consigo. Pretendían obligarlo a firmar la renuncia en el acto. Los trabajadores en muchas partes del país ya conocemos esa nefasta política gubernamental y patronal de acusar de “robo” a los trabajadores que luchan.

Que esto se trató de un episodio más de esta práctica lo demuestra el hecho de que el principal burócrata sindical de Alcasa, José Gil, llamó a los dirigentes de las manifestaciones para decirles descaradamente: “busquen la manera de parar las protestas y soltamos al muchacho”.

Las protestas no pararon y Ramírez permanece preso acusado de “terrorismo”, “hurto de material estratégico” y “daños y perjuicios al patrimonio nacional”.

Enfermeros y enfermeras presas

Otro de los sectores de trabajadores que ha sufrido esta judicialización y criminalización es el de enfermería. En medio del paro indefinido de las enfermeras, que fue la lucha más extendida en masividad y duración de este año, que se convirtió en emblema para el resto de los trabajadores, fue detenido dentro de las instalaciones del Hospital Clínico Universitario, uno de los hospitales que marcaron la pauta de la lucha en Caracas, el enfermero Alfonso Román.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) entró al hospital el 04 de junio y se lo llevó esposado, acusado de acaparar materiales médicos. En su momento, todos sus compañeros y compañeras rechazaron la acusación, explicando que en medio del consabido colapso del sistema público de salud, donde se viven a diario tragedias por la grave falta de insumos, los trabajadores de la salud han generado mecanismos para garantizar que durante sus respectivas guardias tengan por lo menos lo mínimo para atender las emergencias más prioritarias. Es por esa razón que este trabajador tenía en su “locker” un kid sencillo de emergencia para su guardia, por si una emergencia con un niño o anciano, que son algunos de los casos definidos como emergencias prioritarias.

Las enfermeras declararon que esta no era sino una excusa y una vía para amedrentar e intentar callar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que se encontraban en pleno apogeo de su lucha, exigiendo no solo salarios sino denunciando la grave falta de insumos y equipos en los hospitales, mostrando cómo trabajan con las uñas, haciendo “milagros” para poder dar respuesta al pueblo que asiste al sistema de salud pública.

El gobierno que lleva años sin garantizar los medicamentos ni insumos para los hospitales, porque ha priorizando pagar miles de millones en deuda externa a los buitres del capital financiero internacional, el mismo que también ha sido responsable del enorme saqueo histórico de la renta petrolera pública y que está constituido por una casta que ha hecho de la corrupción su modo de vida, pretende responsabilidad de la crisis de la salud a trabajadores por tener guardados para sus guardias una jeringa y un yelco.

Esta criminalización hacia este sector que le planteó un desafío al gobierno durante el año que culmina, ha tenido un nuevo episodio reciente con la detención de tres enfermeras en el hospital de Los Magallanes, en Catia, tal como denunció la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, una de la referentes principales de la lucha del sector. “A las compañeras las están acusando del hurto de medicamentos, cuando la verdad es que ellas se encontraban resguardando los insumos”, señaló Contreras, afirmando que demostrarían que esto es parte de las amenazas e intimidaciones que vienen recibiendo por denunciar la grave falta de insumos, y emplazando al gobierno: “Investiguen bien, porque estamos seguros que quien realmente está robando en el Hospital Magallanes de Catia culpa a nuestras colegas para protegerse”.

Es así que el gobierno mal llamado “socialista” de Nicolás Maduro, mientras envía masivamente a los celulares mensajes de texto con “un abrazo familiar cargado de amor y alegría” para “un 2019 de paz y prosperidad”, cierra este 2018 con decenas de trabajadores presos o enjuiciados por luchar.

Además de llevar adelante despidos masivos en instituciones del Estado y avalarlos en la empresa privada, echando a la calle a centenares de padres y madres de familia.

¡Vaya fin de año “obrerista”!

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