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Controversial y crítica reunión de la OEA aprueba resolución contra el Gobierno de Maduro

Una controversial reunión de la OEA que había sido suspendida por Bolivia, a quien le corresponde ejercer la presidencia del Consejo Permanente, igualmente se reunió para discutir la situación en Venezuela.

Martes 4 de abril

En esta cuestionada reunión, declarada “ilegal” por Bolivia, la Organización de Estados Americanos (OEA) terminó aprobando "por mayoría" una declaración que afirma que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático" y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional.

Pero lo central de la reunión de este martes en la OEA es que pone de relieve cómo la situación de Venezuela lleva el organismo a una situación de mayor crisis. Por orden de rotatividad, desde el sábado le corresponde ejercer la presidencia del Consejo Permanente por cuatro meses consecutivos a Bolivia, luego que venciera el período de Belice.

Bolivia había suspendido la reunión convocada previamente alegando que la convocatoria se había hecho sin consulta, ya que la sesión prevista para este martes "fue inconsulta y sin entregar información alguna a Bolivia, que se haría cargo de presidir la misma", y aseguraba que llamaría a una nueva reunión previa coordinación con los países miembros del organismo.

Pero representantes de 17 países que vienen alineados contra el gobierno de Maduro hicieron caso omiso de la decisión boliviana, e igualmente llevaron a cabo la reunión. Bolivia no se hizo presente, así como tampoco Haití quien ocupa el cargo de la vicepresidencia del Consejo Permanente, por lo cual lo países presentes colocaron al embajador con más antigüedad en la OEA, el de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, para que presidiera la reunión.

Sin embargo, una vez dado por iniciada la sesión los embajadores de Bolivia y Venezuela interrumpieron en la reunión para suspenderla, por considerar que era "ilegal" y supone "un golpe de Estado institucional" al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la había suspendido. El embajador de Bolivia, Diego Pary, lamentó que Honduras asumiera "de manera golpista" e "ilegal" la presidencia del Consejo", sosteniendo que "no acepta de ninguna manera" que esa facultad le sea "usurpada".

Esta hecho es sólo una muestra de cómo se traslada de una manera más abierta, al seno de la OEA, la tensión y crisis en cuanto al tema de discusión se refiera a Venezuela, ahora con Bolivia en la presidencia del Consejo Permanente. De continuar esta situación es probable que Bolivia, tal como aconteció este día, sea desplazada de la presidencia del organismo, lo que es una expresión más de cómo estos organismos no cumplen ni sus propias reglas a la hora de hacer valer los intereses de la derecha continental.

Bajo este estado de cosas, la reunión igual se llevó a cabo aprobando un texto "por mayoría" (17) de los 21 Estados presentes en la Sala, ya que solo se abstuvieron cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador. El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó "por mayoría" de los Estados presentes, según declaró el que fungía presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.

En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron presentes Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que habían abandonado la sesión. La resolución incorpora la posibilidad de, "en la medida que sea necesario", emprender "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática", "incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial". El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es "ilegal".

Es de recordar que la última reunión de la OEA para tratar Venezuela fue el pasado martes 28, cuando aún presidía la presidencia del Consejo Permanente Belice, que luego de horas de intervención de los distintos países terminara de manera abrupta y sin ninguna resolución final, pues luego de fuertes encontronazos entre el representante de Venezuela con otras delegaciones, lo que llevó al presidente del Consejo Permanente, Patrick Andrews, a levantar el encuentro.

Un día previo a dicha reunión, el senador del partido Republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, había lanzado una fuerte advertencia a República Dominicana, El Salvador y Haití de cara a la votación sobre Venezuela, diciendo que va a ser difícil defender la asistencia estadounidense que reciben si ellos, a su vez, “no salen a defender la democracia en la región”, una manera de decir si no salían a condenar a Venezuela.

Un hecho que ponía de relieve lo que ya es de conocimiento público, la fuerte presión que viene haciendo el gobierno de Trump sobre los países latinoamericanos para que tengan una política más agresiva hacia el gobierno de Maduro.

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Lo expresado en la OEA este martes no es más que una constatación de que Venezuela sigue en el foco latinoamericano e internacional, a pesar de que el gobierno de Maduro haya retrocedido en la aplicación de la sentencias 155 y 156 que había promulgado el Tribunal Supremo de Justicia, en las que prácticamente desconocían la inmunidad parlamentaria y quitaban las potestades legislativas a la Asamblea Nacional (AN) para otorgárselas al propio TSJ y al Presidente de la República.

Todo esto en medio de una pugna entre el gobierno y la oposición de derecha, en la que los trabajadores y el pueblo pobre no tenemos arte ni parte. Donde la derecha se quiere postular como alternativa a la crisis del chavismo, pero que no constituye ninguna salida para las amplias masas obreras y populares que son las que soportan penurias inauditas producto de la catástrofe económica en la que se encuentra el país.

Por eso, en esta situación, como se plantea desde la LTS: “Es necesario pelear por un plan obrero de emergencia y por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde la mayoría de la población, compuesta por los trabajadores y los sectores populares, decida sobre los grandes problemas estructurales del país, como la nacionalización del petróleo bajo control obrero contra los planes privatistas y la lucha contra la injerencia imperialista”.

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