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En secreto avanzan las concesiones del Gobierno de Maduro a Rosneft para sus negocios en Venezuela

El gobierno de Maduro modificó un acuerdo con Rusia para incluir “incentivos” para que la petrolera Rosneft avance en el desarrollo dos campos de gas natural en alta mar, de acuerdo a un decreto publicado en Gaceta Oficial 41478 de fecha 29 de octubre. Sin embargo, en dicha Gaceta no publican los detalles de las modificaciones.

Miércoles 6 de noviembre | 21:01

El decreto, con fecha del 29 de octubre, habla que se modifica para la creación de "condiciones favorables para la ejecución de proyectos de desarrollo en los campos de Patao y Mejillones", dos concesiones de gas en la costa este de Venezuela otorgadas a la empresa estatal rusa en años anteriores. Pero en el marco de todos los acuerdos que ha venido sosteniendo Venezuela con Rusia, seguramente los “incentivos” para Rosneft deben ser de puertas abiertas para llevar a cabo los negocios más lucrativos.

Recordemos que, según el acuerdo, que es válido por 30 años, el Grupo Rosneft se convertiría en el operador de los campos de gas costa afuera de Patao y Mejillones. Rosneft habría adquirido el derecho a vender toda la producción de los campos para la exportación, incluso en forma de gas natural licuado. Es de constatar que de acuerdo a la propia Rosneft las reservas totales estimadas en los dos campos son de 180 mil millones de metros cúbicos (bcm) de gas, y que la producción anual máxima sería de 6.5 bcm.

Pero, de acuerdo con la agencia Reuters, “Con la nueva modificación publicado en la Gaceta Oficial, los incentivos incluyen una exención para el impuesto al valor agregado y los impuestos a la importación para el desarrollo de Rosneft de los dos campos, según Jesús Farias, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente pro-Maduro”. Es lo único que se ha ventilado hasta el momento de las modificaciones al acuerdo del que nadie conoce, a no ser el alto escalón del gobierno.

Es más que llamativo que aparece en Gaceta Oficial la aprobación de modificaciones a un convenio, pero sin hacer la mínima mención de su contenido, y sobre todo tratándose de acuerdos de “interés nacional” que son firmados por décadas.

En la Ley de Inversiones Extranjeras aprobada a finales de diciembre del 2017 por la ANC, en su artículo 22 hacía mención a lo que denominaba “condiciones favorables”, enumerando que las mismas podrían ir de: El artículo 22 habla de las “condiciones favorables” y el 23 especifica los tipos de las mismas, a saber: 1. Desgravámenes. 2. Amortización acelerada. 3. Compra de la producción por parte de los órganos entes del sector público. 4. Bonificación en impuestos. 5. Exenciones arancelarias. 6. Exenciones tributarias. 7. Condiciones crediticias especiales. 8. Tarifas especiales en servicios públicos. 9. Acceso preferencial a insumos y/o materias primas administradas por el Estado. 10. Plazo de duración de la estabilidad tributaria. 11. Cualquier otro dispuesto por el Presidente de la República.” Y aquí sin nombrar lo ya aberrante que se hace en el Arco Minero del Orinoco o en las llamadas Zonas Especiales Económicas.

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Aunque en el llamado "Plan de recuperación, crecimiento y prosperidad" lanzado en agosto del año pasado, un verdadero paquetazo antiobrero y antipopular, el gobierno de Maduro decretó la exoneración de impuestos a empresarios y las empresas extranjeras que operan en el país. “Empresas, incluyendo las internacionales, no pagarán un centavo en cuanto impuesto ISLR, siendo que ya había decretado también de la exoneración de impuestos a las importaciones de materia prima y maquinarias para todo tipo de producción durante un año, para todas las grandes empresas que operan en el país, en las que están también las petroleras y demás transnacionales de otras ramas industriales y de servicios. Una exoneración de millones y millones de dólares que irán en beneficio para estos empresarios.”

Si al decir de todo esto vamos. No es difícil entonces imaginar lo lesivo que deben ser para el país las “condiciones favorables” de las que se habla para los proyectos de Rosneft en el país, justo cuando el gobierno ha venido avanzando en un curso más entreguista con sus aliados de Rusia y China.

Según la agencia Reuters en octubre, “Rosneft tomó el 62% de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela de 812,775 barriles por día, según documentos y datos, vendiendo la mayor parte a refinerías en India y China. Eso ayudó a PDVSA a drenar una acumulación de inventario que lo había obligado a reducir la producción, dada la falta de compradores dispuestos debido a las sanciones”.

Rosneft participa en Venezuela en los proyectos Petromonagas (40 %), Petromiranda (32 %), Petroperijá (40 %), Boquerón (26,67 %) y Petrovictoria (40 %). La petrolera rusa posee también el 100 % del proyecto gasístico de exploración de los yacimientos Mejillones y Patao, el 100 % de la empresa de servicios petroleros Precision Drilling y el 51 % de la empresa Perforosven.

Es de aclarar que, en el sector gasífero, a diferencia del sector petrolero, los negocios para las grandes empresas del porte de las rusas los negocios son redondos y menos sometidas a la Ley de Hidrocarburos existente ya que se pueden constituir empresas donde una multinacional puede tener una participación accionaria mayoritaria si así lo desea, es decir, todo un camino abierto para lucrosos negocios. De allí de los grandes intereses de las grandes empresas rusas en el sector gasífero, además de otras áreas. Todo esto mientras para el pueblo se establecen salarios mínimos de 7 dólares al mes, para facilitar con mano de obra de las más barata en el mundo las ganancias tanto a empresarios locales y empresas extranjeras.






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