Política Venezuela

EL GOBIERNO Y EL ESTADO SON RESPONSABLES

LTS: “Condenamos la muerte producto de tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo”

Publicamos a continuación el comunicado de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) frente a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, luego de haber sido brutalmente torturado en la DGCIM.

Martes 2 de julio | 18:34

Luego de haber sido detenido el pasado 21 de junio bajo acusaciones de presunta conspiración, el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, falleció el 29 de junio a la una de la mañana en el Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, del Fuerte Tiuna. La organización Control Ciudadano denunció que fue “producto de las torturas mortales de la que fue objeto, durante una semana desde su detención por agentes del Estado, el pasado 21 de junio, en el Centro Comercial Buena Ventura en Guarenas, Estado Miranda”.

El 22 de junio Waleska Pérez, esposa del capitán, había denunciado que el militar había sido detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), responsabilizándolos por su integridad física. El abogado defensor del militar, aseveró que el capitán de corbeta fue detenido en buenas condiciones físicas, pero denunció que, al momento de ser presentado en los tribunales, llegó con síntomas de tortura.

El miércoles pasado, el gobierno de Maduro aseguró que había “desactivado un intento de golpe de Estado previsto para los días 23 y 24 de junio y que incluía planes para el asesinato de los principales líderes del gobierno”. Al día siguiente, el Fiscal General designado por la fraudulenta ANC, Tarek William Saab, señaló a Acosta Arévalo como uno de los supuestos implicados y dijo que estaba siendo investigado junto a otros 13 civiles y militares.

De acuerdo a Control Ciudadano, Acosta Arévalo “nunca desde su detención, fue formalmente imputado por el Estado venezolano, quien violando las garantías constitucionales más elementales del debido proceso, intentó presentarlo ante el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del Capitán (GNB) Maikel Amezquita Pio, 8 días después de su captura (el 28 de junio), en condiciones tan graves de afectación a su integridad, que el Juez ordenó su inmediato traslado al centro hospitalario más cercano, a escasos metros de la propia Corte Marcial, en Fuerte Tiuna, con carácter de urgencia”.

El propio Ministerio de Defensa admitió que Rafael Acosta Arévalo no pudo ser declarado culpable o inocente, porque este se desmayó antes de iniciar la audiencia preliminar, después de haber pasado ocho días bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ante lo escandaloso de la situación, el gobierno de Maduro, como una manera de lavarse las manos, pidió que se “investigara” el caso, luego que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, confirmara la muerte este sábado. En un comunicado oficial, el gobierno informó que había solicitado al Fiscal General, Tarek William Saab, "una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso".

Como siempre el gobierno busca eximirse de responsabilidades en las graves violaciones de derechos humanos, culpando a personal de bajo rango en las instituciones represivas. Tal fue el caso del asesinato de los dos obreros de la Mitsubishi a plena luz del día en enero del 2009, en el estado Anzoátegui, donde el gobernador de entonces, precisamente Tarek William Saab, ahora Fiscal General, salió sin asumir ningún grado de responsabilidad, y como siempre acusando a unos integrantes de bajo rango de la policía regional. Ahora desde el gobierno, queriendo mostrarse "limpio", siguen con el mismo mecanismo que están aplicando actualmente, pues se ha anunciado que han sido detenidos dos integrantes del DGCIM, buscando de esta manera evadir todo tipo de responsabilidad en el alto escalón.

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Esto se enmarca en una orientación más de conjunto por parte del gobierno y sus órganos represivos, que ha incluido anteriores muertes recientes de presos bajo custodia, como el concejal Fernando Albán, por ejemplo, o detenciones que ni siquiera guardan las apariencias legales, sino que se hacen sin ningún tipo de juicio ni presentación en tribunales. Así hay detenciones que, en muchos casos, incluyen la desaparición forzosa por semanas o meses, sin que los abogados ni familiares tengan contacto alguno ni conocimiento sobre el paradero del detenido. En el caso de Albán, la actuación del Ministerio Público fue nefasta y marca todo un antecedente, ni bien se supo la noticia y la versión de “suicidio” del Ministerio del Interior y los funcionarios del SEBIN, Tarek William asumió como propia y de manera pública esa versión, es decir, la versión de los propios custodios, con lo que era evidente que la supuesta "investigación" de la Fiscalía sería toda una farsa.

Se trata de una situación que es doblemente sentida por los trabajadores que salen a luchar por sus demandas, solo que por ser obreros no alineados con ninguno de los bandos patronales en pugna sus casos no alcanzan resonancia púbica. Tal es el caso de Rodney Álvarez, un trabajador de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, el cual lleva más 8 años preso por un montaje judicial hecho por la burocracia estatal y sindical del estado Bolívar, incriminado por un delito que no cometió. O como lo vimos en el caso de los dos obreros de la Mitsubishi, antes mencionados, asesinados por represión directa y a mansalva.

El caso de la muerte de Acosta Arévalo producto de tortura, debe ser claramente denunciado y con la mayor de las condenas. No guardamos simpatía alguna por militares golpistas ni que se sumen a los planes intervencionistas del imperialismo estadounidense, al contrario, nos oponemos a cualquier salida de ese tipo, sin embargo, aún si fuera ese el caso de este oficial de rango medio, de ninguna manera toleraríamos este repulsivo y asesino accionar de los cuerpos represivos de este Estado. Aunque es mucho peor en este caso cuando el gobierno acusa sin prueba alguna y somete a torturas a alguien hasta quitarle la vida, sin ningún procedimiento de juicio para comprobarse o no los delitos que desde el gobierno se le atribuían.

No nos sumamos tampoco al coro de la derecha con sus demagógicas quejas, que mientras ensalza a asesinos como Iván Simonovis o al represor de Figueras ex jefe del SEBIN (ahora parte del "Sebin bueno" como declaró Lilian Tintori), una verdadera doble moral. Son quienes han llevado adelante en más de una ocasión una política abiertamente golpista para que los militares sean los que saquen al gobierno actual y los pongan a ellos en el poder: la última ocasión de esta política ha sido tan cerca como la primera parte de este año, en que se enfilaron tras la ofensiva del gobierno estadounidense que buscó por las más diversas vías generar un golpe militar e, incluso, no ahorró en amenazas de intervención militar extranjera.

Independientemente de si se trate de alguien incurso o no en tramas golpistas, los socialistas revolucionarios rechazamos categóricamente ese terrorismo de Estado que se arroga la potestad de apresar con acusaciones sin juicios ni pruebas, y además someter a la tortura. Son prácticas que solo fortalecen el mismo aparato estatal represivo y asesino que se afinca y se afincará doblemente también contra los luchadores del pueblo trabajador y con las disidencias por izquierda.

Los trabajadores somos los más grandes interesados en el esclarecimiento de esta situación, y condenando desde ya este caso de muerte luego de tortura por parte del Estado, pues el que pase como “normal” esta situación solo hace fortalecer, violando las mínimas garantías, las fuerzas represivas del Estado, que caerá doblemente sobre la clase trabajadora. Es imprescindible la más exhaustiva de las investigaciones. Pero tal investigación no puede quedar en manos del gobierno ni de la Asamblea Nacional, ambos interesados en darle el respectivo uso político para sus propios objetivos.

Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo sostenemos que es necesario constituir una comisión investigadora independiente, compuesta por integrantes de los derechos humanos, familiares, organizaciones sociales, sindicatos, etc. Tal comisión debe tener el total libre acceso a todas las instalaciones y archivos. Decimos categóricamente el gobierno y el Estado son responsables.






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