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La “Ley contra el odio” de Maduro: un salto en la criminalización de la protesta

El presidente Maduro entregó ayer a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley para penalizar con hasta 25 años de cárcel a quienes cometan crímenes de odio. Sin embargo, apunta también a sancionar las manifestaciones que expresen “intolerancia, violencia y odio”.

Sábado 12 de agosto | Edición del día

El Presidente de la República acudió ayer ante la farsa de “Constituyente” que, tras haberse impuesto con el agregado de un descarado fraude, ha comenzado a avanzar en la reafirmación de su carácter “plenipotenciario” arrogando para sí y para el Ejecutivo un mayor control sobre el poder político y la dirección del país. En esta ocasión, Maduro entregó un proyecto de lo que ha dado en llamar “ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la violencia”, que buscaría, de acuerdo con el Presidente “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos”.

El fundamento inicial serían los horrendos crímenes de odio, o linchamientos, que se cometieron en el marco de manifestaciones convocadas por la MUD, en los que se llegó a quemar a personas vivas, falleciendo varias de ellas, otras quedando con secuelas para toda la vida. En ese juego macabro en el que el gobierno y la MUD se disputan a menudo la pertenencia a sus propias filas de los fallecidos en las protestas y la represión, le tocó al gobierno el papel de reivindicar como quemados y asesinados “por chavistas” a todas las personas que sufrieron estos ataques. La verdad es mucho más mediada: no hay pruebas claras, salvo en un caso o dos, de que la motivación de tales ataques obedeciera a la pertenencia política, siendo en la mayoría de los casos producto de la acusación de que las personas estaban robando, o de haberlas encontrado efectivamente robando, o hasta por querer pasar por sobre una barricada.

Son crímenes aborrecibles y condenables de cualquier manera, síntomas de la gran descomposición social reinante, descomposición que se hace presente en este caso en los manifestantes opositores –en su mayoría de clase media y media alta– que cometieron estos crímenes. Los linchamientos de ladrones o supuestos ladrones, por cierto, no tienen exclusividad política opositora, es una lógica reaccionaria que permea transversalmente el arco político de las principales fuerzas que disputan hoy. Sin embargo, el chavismo ha partido de estos hechos para hacer hipérbole, declarar que “la derecha anda quemando chavistas”, y ahora que se hizo fraudulentamente de un órgano legislativo plenipotenciario, avanzar en sancionar leyes que criminalicen más aún el derecho a la protesta.

En su presentación Maduro sentenció: “personas que salgan a las calles a expresar intolerancia, violencia y odio serán capturados y castigados con penas de 15, 20 y 25 años de cárcel”. Es decir, que no se trata ya de sancionar crímenes como los señalados arriba, sino de la posibilidad de ser juzgado y sentenciado por incurrir en una manifestación en lo que el gobierno y su justicia considere “expresión de intolerancia, violencia y odio”.

Esto lo impulsa el mismo Presidente que gobierno bajo un estado de excepción permanente, con grandes restricciones a los derechos democráticos a la manifestación y huelga, cada vez más sostenido en las FF.AA. y la represión. El mismo gobierno que adelantó una agresiva campaña de intimidación y chantaje para obligar a trabajadores del Estado y habitantes de los sectores populares a votar en su farsa de de “Constituyente”, cumpliendo en muchos casos su amenaza de despedir a quienes no acudieran a votar (ver también aquí). En un contexto en el que han muerto casi 130 personas en escenarios de las protestas y represión de los últimos meses, la mayoría de cuyas muertes han sido producto de la represión estatal o paraestatal.

De acuerdo a la contabilidad que llevaba la Fiscalía General hasta la destitución de Luisa Ortega Díaz, habían muerto 128 personas, en los que “al menos 25% de los fallecidos son responsabilidad directa de los órganos de seguridad del Estado”, y otro “40% es responsabilidad de civiles armados que actuaron contra los manifestantes”. Denuncia también la ahora ex Fiscal, que “al menos en un 60% de estos casos los organismos responsables no ejecutan las órdenes de aprehensión o simplemente no proceden con la entrega de los funcionarios involucrados”.

En su discurso de ayer al entregar este proyecto de ley, Maduro decía: “Ha llegado la hora de superar las campañas de odio, intolerancia, violencia, persecución. Ha llegado la hora de a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente. Iniciemos una gran campaña contra el odio”.

Actualmente hay cualquier cantidad de casos de detenciones arbitrarias, de allanamientos sin orden judicial, de juicios militares a civiles y estudiantes, de desapariciones temporales de detenidos, incluso de detenidos que siguen presos aún cuando hay órdenes judiciales de excarcelación. En el pasado reciente hemos tenido a cientos de trabajadores, campesinos e indígenas enjuiciados por ejercer alguna medida de lucha, decenas de los cuales fueron a parar a la cárcel, pues el gobierno de Chávez se armó de todo un entramado legal que criminalizaba las luchas, llegando a abrir el camino a definir como “terrorismo” medidas de luchas y actividades políticas, y a legalizar el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones. El propio flamante nuevo Fiscal impuesto por esta fraudulenta ANC, Tarek William Saab, fue responsable del asesinato de dos obreros en lucha, producto de una violentísima represión ordenada por él, siendo gobernador de Anzoátegui, para defender los intereses de la transnacional imperialista Mitsubishi.

Con una ley como la presentada ayer por Maduro, y una ANC que se cree un “comité de salud pública”, aunque esté presentada con la excusa de hacer frente a crímenes de odio, lo que puede esperarse es un salto en la criminalización de la protesta. Una ley que podrá ser usada también por la propia derecha en un eventual gobierno suyo, contra las luchas obreras y populares, y la disidencia política en general.






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