Política Venezuela

DECLARACIÓN

La Resolución 8.610 y el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones

Hace dos años y medio el Ministerio de la Defensa emitió la Resolución que autoriza el uso de armas de fuego para el “control de manifestaciones”, siendo condenada por sectores de la izquierda. Hoy se pone nuevamente sobre el tapete este asunto.

Martes 4 de julio | 09:54

A propósito de las recientes muertes por represión con armas de fuego en manifestaciones, actuación legalizada por el Estado, entre otras cosas, con la Resolución 8.610 del 23 de enero de 2015, ponemos a disposición de los lectores el pronunciamiento que en su momento se hizo desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y la agrupación juvenil revolucionaria Barricada!, respondiendo a los argumentos y fundamentos dados por el gobierno.

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ANTE LA RESOLUCIÓN 8.610 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

¡Hay que echar abajo la legalización del uso de las FF.AA. y sus armas de fuego en el “control” y represión de las manifestaciones!

La Resolución 8.610

El 23 de enero –en un aniversario más del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez– el Ministerio (¿del “poder popular”?) para la Defensa tomó una resolución, que fue legalizada en la Gaceta Oficial N° 40.589, del 27/01 –un mes antes de un nuevo aniversario del Caracazo. El gobierno es muy dado a los símbolos con las fechas.

La resolución viene a legalizar, grosso modo, tres cosas: el uso de las Fuerzas Armadas (compuestas por el ejército, la marina, la aviación, la guardia y la milicia) en el “control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”; el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”; y el maltrato físico y la tortura, presentada con el nombre de “violencia defensiva”, donde ante la oposición “mediante activación muscular” de un manifestante, “la funcionaria o funcionario militar, aplicará técnica dura de control, consistente en inducción física con producción de molestias físicas tendentes a hacer ceder la resistencia u oposición”.

Una resolución profundamente reaccionaria…

El gobierno está legalizando así la militarización del control de las manifestaciones, violentando incluso la Constitución que tanto enarbola. La Constitución establece que la función del ejército (y la aviación y la marina) es de “defensa de la nación” ante enemigos externos, le otorga a la Guardia Nacional el “mantenimiento del orden interno del país”, y establece (artículo 332) que lo que llaman “seguridad ciudadana” debe estar a cargo de “órganos de carácter civil”. El artículo 68 establece que “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Estamos ante un fuerte retroceso de las libertades democráticas, legalizándose que las expresiones de protesta, inconformidad o descontento social sean respondidas con la fuerza militar y sus armas. ¡Así de drástico! Esto es intimidación, coacción, y potencialmente mortal, contra los que protesten y luchen. Y en una sociedad capitalista como en la que vivimos, basada en la explotación y múltiples opresiones, ¿quiénes son los que más necesitan manifestarse y luchar?: ¡los de abajo! Trancar una calle, tomar una fábrica, hacer una huelga, ocupar unas tierras, un edificio, marchar, etc.

…que ya se viene aplicando en fábricas y luchas obreras

Esta política de lanzar a los militares contra protestas y luchas no se aplica solo a las manifestaciones de los estudiantes orientados por la oposición de derecha, como interesadamente lo presenta el gobierno –y gran parte de la izquierda subordinada a éste–, sino que se viene aplicando con saña contra la organización y luchas de la clase obrera. Como hemos venido denunciando en las páginas del En clave obrera y en la campaña “Basta de militares y policías en las fábricas”, SEBIN (inteligencia militar, policía política), CICPC (policía científica) y Guardia Nacional (componente de las FF.AA.) vienen siendo utilizados para amedrentar, intimidar y reprimir dentro de las propias fábricas: desde ir a una empresa (Café Fama de América) a buscar a los dirigentes del sindicato (presentándose como “seguridad de Estado, enviados por el presidente Maduro”) para interrogarlos y amenazarlos con cárcel porque “los trabajadores ganan mucho”, hasta obligar a cesar una huelga y retomar el trabajo con pasamontañas y fusil en mano dentro de la fábrica (SIDOR), pasando por entrar a la empresa y llevarse detenidos a los obreros que están en huelga y ocupación (Canteras Cura), o llevarse preso a los obreros porque al poner en pie un sindicato están “extorsionando a la empresa” (Civetchi).

Esta resolución viene a reforzar esta política y daría más libertad de acción al accionar represivo de las fuerzas militares.

La excusa…

El argumento del gobierno es que se trataría de combatir las protestas violentas de la oposición de derecha (aliada del imperialismo). Es un argumento inaceptable. ¡Nada bueno para los trabajadores, el pueblo pobre y la juventud que lucha contras las injusticias, puede venir de reforzar el aparato represivo de este Estado! Cualquier recorte de las libertades democráticas siempre termina recayendo con más fuerza sobre los de abajo. Estas fuerzas represivas existen para garantizar el orden actual lleno de desigualdades, y no podemos avalar que se responda con represión a movilizaciones y protestas.

El gobierno habla de las manifestaciones violentas en las que “se dañaron instalaciones”. Pero, ¿acaso eso es argumento válido para avalar la represión y el uso de las armas de fuego? Si así fuera, ¡¿entones tuvo razón el gobierno de CAP en ahogar en sangre y fuego la violentísima y “destructiva” manifestación del 27 y 28 de febrero del ’89?! ¡¿Tenían razón en los 80’s y 90’s en asesinar estudiantes que se enfrentaban a la represión lanzando piedras y molotov?! ¿No está llena de “violencia” la historia de las luchas y rebeliones de los de abajo contra la sistemática violencia, naturalizada e institucionalizada, de los poderosos?

La realidad…

La verdad es que la represión por parte de los órganos del Estado burgués no responde a “acciones violentas de la derecha golpista”, se pone en movimiento contra cualquiera que se resista al cotidiano funcionamiento de esta sociedad explotadora y opresiva, contra los obreros que se organizan, contra los jóvenes de nuestros barrios, contra los campesinos e indígenas que luchan por la tierra, contra lxs travestis, y un largo etcétera.

¡No eran golpistas, ni de derecha ni fueron “violentos” los obreros que murieron baleados por la policía en la Mitsubishi de Barcelona! ¡No hizo falta que los y las yukpa, campesinos sin tierra u obreros de alguna fábrica hirieran a algún soldado para que la GNB o el ejército los repriman, golpeen, manoseen, etc.! ¡Basta que un chamo del barrio se “coma la luz” con un “petejota” o un policía para que pueda terminar muerto en “un enfrentamiento”! ¡Basta que una mujer en prostitución o un travesti se nieguen a trabajar para el policía o hacerle un favor para que sean maltratados, humillados y puede que hasta asesinados!

Estamos hablando de aceitar los mecanismos de coacción y represivos del Estado, ¿qué tiene que ver esto con el tan cacareado “poder popular” o con el “mandar obedeciendo”? Esta resolución implica que un trabajador o un campesino pueden ser baleados “legalmente” en una marcha, huelga, toma de fábricas o de tierras. Los compañeros, compañeras y corrientes de la izquierda chavista, ¿no van a reaccionar ante esto? ¿Van a seguir avalando el reforzamiento del aparato represivo –con la excusa de enfrentar a la derecha– que siempre se descarga con mayor furia contra los explotados y pobres?

La falacia de la “necesidad”, del empleo “progresivo” y “proporcionado” de las armas

Por supuesto, la resolución se cuida de colocar “condicionantes” que supuestamente harían que el control y represión respete los derechos humanos y las garantías democráticas. Dice que “solo” habrá armas de fuego cuando “sea necesario su porte y uso”, que su empleo será “progresivo”, es decir, “se incrementa a medida que aumenta la resistencia de la persona sujeta a un procedimiento”, “el uso de la fuerza potencialmente mortal, solo está autorizado en una situación que constituya una amenaza cierta y efectiva a la vida de cualquier persona envuelta en la situación”.

¿Y quién determina la “necesidad”? ¿Quién decide cuándo está en peligro una vida por una acción de protesta? ¡Los propios cuerpos represivos! Es decir, podrán usarse las FFAA, su maltrato y sus armas de fuego (u otras “potencialmente mortales”) cada vez que lo consideren los represores. Por ejemplo, de acuerdo al “principio de progresividad”, si un trabajador o campesino en una protesta se resiste a ser arrestado o a que le acierten un culatazo, el represor puede libremente aplicarle la “producción de molestias físicas” para someterlo a su voluntad.

También habla del principio de “proporcionalidad”, es decir, que se usarán métodos y armas cada vez más fuertes a medida que sea “desproporcionada” la fuerza empleada por los manifestantes. Una falacia total, pues habla de “desproporción” por parte de los manifestantes, pero nada dice sobre lo que es más común: el uso “desproporcionado” de la fuerza represiva. Y es un cinismo total lo de la “proporcionalidad”: ¿acaso tienen los trabajadores el derecho a organizar comités de autodefensa cuando son atacados por armas de fuego – como fue el caso de los obreros de la Mitsubishi–– y armarse en “la misma proporción” de la fuerza que los reprime?

El deplorable papel de un “Defensor del Pueblo” con (malos) antecedentes en la materia

El recién nombrado “Defensor del Pueblo”, Tarek Williams Saab, quien supuestamente tendría que velar por los derechos humanos, salió rápidamente a “explicar” que la Resolución “establece la finalidad de la actuación del funcionario en la protección de los derechos humanos y garantías en manifestaciones”. ¿Qué podríamos esperar de quien fuera el gobernador de Anzoátegui cuando en esa tarde del 29 de enero de 2009 murieron baleados los obreros en la Mitsubishi Motors tras la violenta tentativa de desalojo por la policía de la cual él era el principal responsable político y jefe? Esa cruenta represión dejó también un saldo de 12 heridos, entre ellos 5 de gravedad. Ese día, los represores incluso negaban el paso a los carros en los que los trabajadores intentaban llevar al hospital a sus compañeros heridos. Días antes, el entonces gobernador había cuestionado públicamente la ocupación de la empresa por parte de los obreros que resistían el despido de 137 trabajadores por parte de la transnacional imperialista.

Frente único y movilización independiente para echar abajo la Resolución 8.160

Esta resolución, que apunta a liberar más el accionar de la represión, a cercenar derechos democráticos, a aplastar las luchas mediante la intimidación y hasta los balazos, no solo debe ser denunciada sino que debemos luchar para echarlo abajo. Si se instaura, es pérdida para el pueblo trabajador y ganancia para el sistema de dominación: sería un precioso legado para la derecha, en caso que vuelva al gobierno, que lo usaría también contra el pueblo trabajador, y ya no necesitará legislarlo pues el chavismo le facilitó el trabajo. Si la echamos abajo, es un triunfo para los que necesitamos organizarnos contra la explotación, protestar y luchar.

¡La clase trabajadora que hoy tiene cientos de sus luchadores/as bajo juicios o incluso varios en la cárcel, que ha padecido alguna vez la represión, que hoy sale y debe salir a pelear su salario, contratos colectivos y condiciones de vida, debe ser la primera interesada en pararle la mano a estas medidas! ¡La juventud que padece la opresión de este sistema, es la primera interesada en derogar esta Resolución!

Desde el movimiento obrero y sus organizaciones, desde el movimiento campesino, desde el movimiento estudiantil y sus organizaciones, debemos impulsar discusiones, asambleas y medidas de lucha contra esta resolución. Los sindicatos, los centros de estudiantes, deben convocar asambleas de la base de los trabajadores y los estudiantes para discutir las medidas de lucha, juntar fuerzas contra el reforzamiento de la represión estatal, y con total independencia tanto del gobierno como de la oposición de derecha.

Y esto es muy importante: la oposición de derecha aprovecha cada ocasión para hacer demagogia, más aún cuando hay medidas que afectan su propia lucha por el poder político, pero no es en modo alguno menos represiva ni más democrática que el gobierno. La derecha solo cuestiona las medidas antidemocráticas en la medida que obstaculizan su camino a retomar el poder, pero su proyecto político, tanto como el del gobierno, no puede sostenerse sino sobre la base de la represión a los trabajadores, el pueblo y la juventud. Es el mismo personal político responsable de las represiones del puntofijismo, la masacre del Caracazo, o el golpe de abril de 2002 que nos puso a las puertas de una dictadura empresarial y proimperialista. Son los mismos dirigentes –incluso los que hoy están presos– que sirven de puente para la injerencia imperialista en el país, con la excusa de la “defensa de los derechos humanos”.

Por eso la lucha contra esta Resolución debe darse desde las organizaciones obreras y estudiantiles, con medidas de lucha con total independencia del PSUV, Primero Justicia, AD, UNT, Voluntad Popular y todos los partidos patronales. Deben ser los sindicatos, centros de estudiantes y demás organismos los que se pongan al frente de esta pelea, supeditados a los que las bases discutan y vayan decidiendo.

¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES!
¡FUERA LOS MILITARES Y SUS ARMAS DE LAS PROTESTAS!
¡BASTA DE POLICÍAS Y MILITARES EN LAS FÁBRICAS Y LUGARES DE TRABAJO! ¡MOVILIZACIÓN PARA DEROGAR LA RESOLUCIÓN 8.610!

09/02/15

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Barricada – Juventud Revolucionaria Anticapitalista

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