Política Venezuela

NINGUN BANDO REPRESENTA LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

La pugna por la directiva de la AN: autoritarismo, disputas y descomposición “en las alturas”

La disputa por la Asamblea Nacional en medio del autoritarismo, amenas charlas “sobre béisbol” y graves acusaciones para la cámara. La plata enviada por Trump y los lazos económicos con “empresarios CLAP” potencian la división en la oposición. El chavismo apoya una fórmula de la derecha porque “responde a los intereses del país”. Por atrás se mueven los intereses de las diferentes potencias. Ajeno a todo eso, el pueblo ve recrudecer sus padecimientos. La “soberanía popular” no está representada en ninguno de esos bandos.

Ángel Arias

Sociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts

Martes 14 de enero | 19:27

Mientras los años anteriores la elección de la directiva de la Asamblea Nacional se había dado sin mayores novedades, cumpliendo el acuerdo de rotación a que llegó la oposición de derecha al ganar las parlamentarias de 2015, esta vez estaba en juego no solo la presidencia de la Asamblea sino también la continuidad de Guaidó en la “presidencia interina” del país y la estrategia política alrededor de eso. Una renovada fractura y duros enfrentamientos entre los partidos opositores, pugnas entre Guaidó y otros diputados de la derecha, y una previsible jugada del gobierno autoritario de Maduro y las FFAA para aprovechar las circunstancias, marcaron el clima de la jornada. Lo que estamos viendo es un salto adelante en la descomposición del régimen y la oposición de derecha, pero también un intento de “re-institucionalizar” para avanzar en la entrega nacional.

Las fracturas en la derecha

Como se sabe, Guaidó y Voluntad Popular, junto al gobierno estadounidense de Donald Trump, definieron una política para proclamar a Guaidó “presidente interino” de Venezuela apenas asumiera la presidencia del parlamento (que le correspondía a su partido por rotación) en enero de 2019, ante la “ausencia” de Presidente de la República electo (art. 233 de la Constitución), dado que desconocen la elección del 20 de mayo de 2018. La historia siguiente de agresivo intervencionismo imperialista (confiscaciones de bienes nacionales, sanciones, bloqueo, amenazas de intervención militar), recurrentes intentos de provocar un golpe militar y, finalmente, fracaso de toda esa política, es conocida. El fracaso, como era de esperarse, hizo brotar de nuevo, y con creces, las profundas fracturas en la oposición de derecha, que solo habían quedado suspendidas a la expectativa del resultado de la nueva movida que contaba con el fuerte respaldo de los EE.UU. y sus gobiernos adictos en la región.

A las victorias, como se dice, le surgen muchos progenitores pero de las derrotas nadie se hace cargo. Aunque esta vez la división tenía otros ingredientes de mayor descomposición: ¡plata, corruptelas y control de las empresas confiscadas al país! La movida encabezada por Guaidó, como alfil o simple peón de los Estados Unidos, cuenta con millones de dólares en respaldo para sus gastos y los de los demás diputados y diputadas que se enrolaron en su política. ¡Los diputados de la oposición de derecha venezolana reciben para sus actividades plata del gobierno de los EE.UU.! ¡Todo sea por la democracia, la “soberanía popular” y el pueblo de Venezuela! Pero la administración pasa por manos de Guaidó y los suyos, y no tardaron en aparecer las acusaciones de favoritismo y corrupción: “inmoral y corrupto”, llamó José Brito (de Primero Justicia) a Guaidó en diciembre pasado, exigiéndole rindiera cuentas de los recursos recibidos.

En el cóctel estaba también la acusación a varios diputados de la derecha de estar inmersos en redes de corrupción con empresarios ligados al chavismo, específicamente, alrededor del negocio de la importación de alimentos subsidiados. De manera que las acusaciones y contra-acusaciones de corrupción iban y venían. Con la plata de la “ayuda humanitaria” recabada en Colombia para los militares desertores y sus familias también hubo escandalosos fraudes, el “embajador” de Guaidó en Colombia (Humberto Calderón Berti), una vez destituido en noviembre, prendió el ventilador y dijo que tanto Guaidó como Leopoldo López estaban al tanto de esos hechos. En Monómeros, la empresa estatal venezolana dedicada a la petroquímica ubicada en Colombia, y que el gobierno de Duque confiscó para ponerla en manos de Guaidó, denunció el “ex embajador” que la junta directiva fue definida como una repartija partidista de afines a Guaidó; adicionalmente, cuestionó tanto los diálogos en Noruega como la aventura militar del 30-A.

Así las cosas, la pretendida reelección de Guaidó no era en modo alguno consenso en el bando opositor, y a mitad de diciembre desde “el guaidoísmo” denuncian la “operación alacrán”: el gobierno de Maduro estaría “comprando votos” de diputados opositores para evitar la ratificación de Guaidó. No solo se trataría del ofrecimiento de plata, sino que también entraban en juego como mecanismo de presión y chantaje gubernamental el supuesto involucramiento en los negocios no muy transparentes, así como la intimidación y amenazas con la “visita” de los cuerpos de inteligencia a las viviendas de algunos diputados.

El gobierno, además, avanzó durante 2019 en “allanar la inmunidad” a otro grupo de diputados opositores, adicionales a los de Amazonas inhabilitados recién electa la Asamblea. De manera que se contaban por varios los diputados que para este 05 de enero estaban considerados por el gobierno inhabilitados para votar: unos por supuestas irregularidades en la elección y nombramiento (los de Amazonas), otros por causas de “corrupción” (¡el caradurismo del gobierno juzgando a otros por corruptos!), pero también los hay por su involucramiento en el intento de golpe militar del 30-A. Varios otros se encuentran en el exilio o presos, e incluso desaparecidos, como Gilber Caro, diputado suplente apresado (por tercera vez) el 20 de diciembre y de quien aun hoy no se sabe paradero.

Es así como se llega al escenario del 05 de enero. El gobierno, para poner la guinda al postre de su bonapartismo, implantó con la Guardia Nacional varios bloqueos de acceso a las instalaciones de la Asamblea, siendo los funcionarios de esta instancia de las Fuerzas Armadas los que en cada “alcabala” iban definiendo qué diputado entraba y cuál no: con lista en mano los militares decían si alguno estaba “inhabilitado” o estaba “en regla”. Las discusiones y altercados que hubo en la entrada por esta razón son conocidas.

Hablemos de “béisbol”

Es en medio de estas tensiones previas y durante toda la jornada misma, en que a pocos metros de la entrada, dentro de los jardines de la Asamblea, se encontraban conversando amenamente los diputados opositores Stalin González (UNT) y Edgar Zambrano (AD) con Pedro Carreño (PSUV), dando lugar al video que ha causado bastante repulsión. Sabiendo lo impresentable que podía ser “para el público” semejante amenidad en medio del clima en cuestión, cuando se acercan a grabarlos se justifican por anticipado, sin que nadie les pregunte:

“Estamos hablando de béisbol”, respondiendo con bromas sobre los equipos a las preguntas de quien los grababa. Ante la interpelación de la persona para que no le evadieran el asunto sobre “qué va a pasar hoy”, Carreño dice que “el bloque de la patria” no apoyaría ninguna de las fórmulas opositoras (la de Guaidó y la de los opositores “disidentes”) “porque las dos son de la derecha” y “el chavismo está con el pueblo”. González respondió que eran ellos los que estaban con el pueblo… e iniciaron un, también ameno, intercambio de acusaciones graves, casi como un libreto aprendido para las cámaras. Un poco más tarde, pasada la “elección” de la fórmula de los “opositores disidentes”, el diputado del PSUV Francisco Torrealba (también “constituyente” y ex ministro) declaraba que el chavismo votó por la fórmula de la fracción de la derecha representada por Parra porque “responden a los intereses del país”.

De manera que no solo fue el “show” de acusaciones graves que para las cámaras se lanzaron quienes amenamente “hablaban de béisbol”, sino que Carreño mintió descaradamente al decir que por algún supuesto principio de “estar con el pueblo” y no con la derecha, el chavismo no apoyaría a ninguna de las fórmulas. Para peor, Torrealba justificaba semejante “cambio de principios” (digámoslo así), señalando que esa fracción de la derecha responde a los intereses nacionales. Se trata de los mismos diputados que hasta hace poco eran dirigentes de los partidos que llevaron adelante durante 2019 la política que incluye, precisamente, las graves acusaciones de que hablaba Carreño poco antes. Son también, ¡qué casualidad!, los acusados de tener complicidad con negocios turbios de empresarios ligados al gobierno, y los resentidos del manejo de los dólares gringos por parte de Guaidó.

La repulsa que causa entre amplios sectores del pueblo ver cómo tanto unos diputados como otros en sus “peleas”, contubernios “beisboleros” y “saltos de talanquera”, se burlan en la cara del pueblo, cómo son capaces de mentir descaradamente, o decir algo hoy y al rato decir lo contrario, ocultarle al pueblo las verdaderas intenciones o asuntos que conversan, se hace más fuerte cuanto que se trata de asuntos absolutamente serios, de los tipos que tienen en sus manos nada más y nada menos que la representación popular, ¡mientras el pueblo padece el recrudecimiento de las carencias, mientras no ve ninguna luz al final del túnel de la catástrofe que nos azota hace ya varios años! ¡Mientras corría toda esta pugna, autoritarismo gubernamental y descomposición “en las alturas”, el pueblo padecía un nuevo momento de angustia para procurarse lo elemental ante una nueva y voraz subida del dólar y los precios!

Zarpazo y descomposición

Sin acceso a los medios y sin ningún tipo de acta que respalde la elección, se proclamó la nueva junta directiva que el gobierno reconoció de inmediato. Pasados varios días, tanto Luis Parra como el gobierno de Maduro se niegan a mostrar algún documento que demuestre que tuvieron quórum y los votos suficientes para su designación. El propio Parra reconoce que no hubo verificación nominal del quórum, pero considera que aclarar ese asunto “es cosa del pasado”. No sería un modus operandi nuevo: ya en 2017, al imponer el descarado fraude de la “Constituyente”, el gobierno afirmó que fue electa por “8 millones de votos” de los cuales jamás ha habido ninguna prueba ni publicación, salvo las declaraciones del CNE y las Fuerzas Armadas que “reconocieron el resultado”.

Si en enero pasado Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” del país, perfectamente podemos estar en presencia hoy de la autoproclamación de Parra como “presidente” de la Asamblea Nacional. El sostén de la autoproclamación de Guaidó fueron el intervencionismo del imperialismo gringo y sus adictos. El sostén de Parra es el reconocimiento del gobierno bonapartista de Maduro y las FFAA.

La fracción mayoritaria de la derecha nombró otra junta directiva que ratificó a Guaidó, en una sesión en la que afirman haber tenido, sí, el quórum necesario, y señalan una lista de 100 diputados. La veracidad no es del todo clara, por ejemplo, hubo allí votos de diputados suplentes cuyos principales habían votado en la elección de Parra.

Para el gobierno, esta “nueva directiva” de la AN es el paso que necesitaban para completar la “reinstitucionalización” del país, bajo la subordinación de la farsa de “Constituyente” impuesta con el fraude y el poder de las FF.AA. Luego del fraude y la imposición de ese “poder plenipotenciario”, el gobierno procedió a la “renovar” los poderes, llevando a cabo elecciones regionales, locales y las presidenciales; cabe recordar que el gobierno nacional anuló el mandato de aquellos gobernadores electos que se negaron a jurar ante la “Constituyente”. Solo faltaba, en la lógica del gobierno, que el parlamento saliera del “desacato” en que lo declaró en 2016 el TSJ. Ayer 08 de enero, Diosdado Cabello en rueda de prensa le “sugirió” la línea a Parra: vayan al TSJ “a solicitar que se revisen las sentencias por las cuales están ellos en desacato. En el PSUV queremos que se normalice el funcionamiento de la Asamblea Nacional”.

Si el gobierno logra imponer esta jugada, habrá conseguido con un zarpazo, hacerse de una Asamblea Nacional a la medida, un zarpazo no sin ayuda de una importante fracción de la derecha, carcomida por sus divisiones y descomposición. No menos que la descomposición autoritaria y “sin principios” del PSUV. En todo caso, el régimen estaría logrando una “oposición a Su Majestad”.

¿Cuál “legitimidad democrática” reclaman Guaidó y compañía?

La fracción mayoritaria de la derecha y el imperialismo habrán perdido la base de apoyo institucional desde la cual se propusieron llevar adelante una política destituyente desde el primer día que asumieron, pasando luego a ser directamente golpista y de complicidad con el agresivo intervencionismo imperialista. Por eso es una falacia que Guaidó y quienes le respaldan arguyan hoy la legitimidad democrática de las elecciones de 2005 para reclamar el derecho a ser reconocidos como la expresión de la “soberanía popular” ante el autoritarismo gubernamental. ¡Mucha agua ha corrido desde entonces!

Precisamente, como lo denunciamos desde entonces, Guaidó y la derecha entregaron la soberanía popular de los venezolanos a Washington, con el llamado “Grupo de Lima” oficiando de mandaderos de Trump. Si bien la nueva asunción de Maduro el 10-E 2019 era, como lo declaramos, la perpetuación de un gobierno repudiado por las masas, cada vez más sostenido por la fuerza de la coacción y la represión, carente de legitimidad popular, Guaidó y la Asamblea Nacional se pusieron en las manos de una potencia extranjera que, con un agresivo intervencionismo, buscaba imponer qué gobierno debía tener Venezuela. Solo el pueblo venezolano tiene el derecho de sacar a Maduro, hemos sostenido, y desde el momento en que una potencia imperialista busca imponer con confiscaciones, amenazas militares, estrangulamiento económico, etc., el gobierno del país, esa pasa a ser la más flagrante violación de la soberanía popular. Y esa fue la política llevada a cabo por Guaidó, combinada con recurrentes llamados a un golpe militar… ¡eso sí no sería usurpación de la soberanía popular, claro!

La ratificación de Guaidó es la ratificación de esa política que entrega la soberanía del pueblo en otras manos. Una política que, no está de más recordar, incluye la petición y apoyo a las sanciones económicas imperialistas contra el país, que golpean al pueblo profundizando sus padecimientos, ¡extraña manera de representar los intereses del pueblo venezolano! Al mismo tiempo que, sin embargo, Guaidó y los suyos reciben millones de dólares de esas mismas manos que nos imponen las sanciones.

Venezuela en el centro de una disputa: rapiña y objetivos imperialistas

La disputa por el control de la renta petrolera y, más ampliamente, por quién dominará el futuro de la Venezuela “reconstruida”, está en el centro de todas estas movidas y alineamientos. El colapso del capitalismo venezolano en manos del chavismo ha dejado al país más expuesto que nunca a las apetencias del capital imperialista y las diversas potencias. Bajo el chavismo se profundizaron el rentismo y la dependencia característicos de esta economía, y ahora ante el escenario de un país arruinado, con un endeudamiento externo enorme y su industria petrolera en un estado de casi desmantelamiento, todas las fracciones “nacionales” proponen una “recuperación” o “reconstrucción” –según el bando que lo enuncie– basada en profundizar la entrega de los recursos y empresas del país a capitales imperialistas, así como redoblar las cadenas de la deuda externa. La casta cívico-militar que representa al chavismo gobernante quiere hacerlo de manera controlada, sin ser desplazada y de la mano de sus aliados de “Oriente”; la derecha quiero hacerlo en clave de recolonización, con un gobierno obediente a Washington.

En juego con estas fracciones “nacionales” se mueven las respectivas potencias capitalistas con “inversiones territoriales” aquí y con intereses en la redefinición del futuro nacional, un futuro que, de seguir avanzado así, augura profundizar la condición semicolonial del país.

No debe olvidarse que las sentencias 156 y 157 del TSJ que le quitaban potestades a la AN para abrogárselas al TSJ y al propio Ejecutivo –desencadenando la aguda crisis de 2017–, estuvieron motivadas por la necesidad de Maduro de avanzar en modificaciones legales que habilitaran acuerdos entreguistas con transnacionales petroleras. El bonapartismo contra el parlamento estaba en función del giro entreguista. El parlamento dominado por la derecha se opuso, no por nacionalistas sino porque implicaba desconocerlos como poder: desde entonces, le advierte a las transnacionales y prestamistas internacionales que todo acuerdo en esas circunstancias carecería de validez.

Una vez el gobierno se hizo “de facto” con las facultades legislativas a través de la fraudulenta “Constituyente”, sancionó una nueva ley de inversiones extranjeras más lesiva al interés nacional que la anterior. Sin embargo, no bastó esa ley para que “fluyeran” las inversiones al país, en medio de una crisis política tan profunda. De nuevo sin consentimiento de la AN, el gobierno puso en marcha el Arco Minero del Orinoco, como vil promesa de “superar el rentismo petrolero”: ahora un rentismo minero para un saqueo en peores condiciones incluso que en el sector petróleo. ¡Además de transnacionales de todas las latitudes, la casta cívico-militar tiene empresas propias en el nuevo “Dorado”! A su vez, en los pasos hacia la re-privatización de algunas áreas de Pdvsa Maduro ha dado espacio a capitalistas venezolanos, prometiendo “oportunidades de negocios tremendas” a quienes se incorporen.

Los capitales rusos y chinos, aliados políticos de Maduro contra los constantes ataques de los EE.UU., han sabido aprovechar las circunstancias para sacar provecho de todo ese entreguismo, ganando nuevas posiciones, incluso en secreto y al margen de cualquier legalidad (ver aquí y aquí), ante el quiebre total de la propia institucionalidad burguesa. El imperialismo estadounidense –cuyos capitales nunca han dejado de estar presentes en el país–, pugna por recuperar el espacio perdido y volver a poner a Venezuela bajo su órbita, pero no ha podido lograr sus objetivos mediante sus diferentes agresiones e intervencionismo.

Es en los marcos de esta pugna, y ante un prolongado “empate catastrófico” que hace inviable cualquier plan económico, que no se descartan algunos niveles de entendimiento pragmático por arriba… y en contra del país. Es así como, por ejemplo, trascendió semanas atrás que diputados del gobierno y de la derecha –incluso de los que ratifican a Guaidó– evalúan un acuerdo para entregar a transnacionales petroleras la operación de áreas hasta hoy bajo control de Pdvsa. Sería avanzar institucionalmente (y por tanto con mayor alcance) en el giro entreguista que en los hechos ha venido haciendo Maduro. La “reinstitucionalización” a que se refiere el gobierno, con toda seguridad, ha de servir también para eso: la entrega del país y la repartija requieren un mínimo de estabilidad y coherencia institucional.

No por casualidad Mike Pompeo acaba de abogar por una “transición negociada”. Sin hacer ningún punto de honor en la diatriba alrededor de las “dos directivas” de la AN, afirmó: “Una transición negociada rápida hacia la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”. En su lógica, habría que avanzar en “negociaciones (que) pudieran abrir el camino para salir de la crisis a través de un gobierno de transición que organice elecciones libres y justas”.

Toda esta descomposición de los partidos que responden a los intereses empresariales, de negocios propios o de potencias extranjeras, todas sus pugnas, componendas y posibles acuerdos, no tienen nada que ver las necesidades de la clase trabajadora, los sectores populares, la juventud y las mujeres del pueblo. Con el desarrollo de la profunda crisis económica y política, en ausencia de intervención de los trabajadores y el pueblo pobre con sus propios métodos y demandas, el “centro de gravedad político” se fue desplazando cada vez más a la camarilla gobernante (en especial a las FF.AA.), las fracciones de la derecha y, en juego con cada uno de estos bandos, a los capitales internacionales y sus gobiernos.

Las mayorías trabajadoras del país están muy lejos de ejercer ninguna “soberanía popular” a través de ninguno de estos bandos, sus movidas y aliados internacionales. Más que nunca es necesario darles la espalda y forjar una alternativa propia, tras una programa de emergencia que exprese una alianza obrera y popular, y demandas democráticas radicales para pelear realmente porque no nos sigan expropiando al derecho a decidir los asuntos del país.






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