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ESTADO ESPAÑOL

La represión también es económica en Cataluña

La inversión pública, por parte del Estado español, en Cataluña continúa cayendo. La represión contra el pueblo catalán no solo es policial y judicial.

Guillermo Ferrari

Barcelona | @LLegui1968

Lunes 9 de diciembre de 2019 | 21:30

Según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) recopilados por el Departament d’Economia de la Generalitat (gobierno catalán), continúa en caída libre la inversión del Estado en el Principado. La inversión pública en Cataluña en el primer semestre de 2019 ha caído un 9% y tan solo es el 11,8% del total ejecutado por el Estado español, cuando la aportación al PIB español es del 19,2%. En el período entre 2015 y 2018 el Estado ha ejecutado apenas el 66% del presupuesto en infraestructuras.

Si se compara con la media del presupuesto ejecutado a nivel de todo el Estado, se ve claramente que Cataluña queda por debajo. La ejecución en el mismo periodo de inversión en infraestructuras es del 75,3%. Y, si se compara con la situación de la capital del Reino es escandaloso: Madrid ha ejecutado el 113,9% de su presupuesto. De hecho, Cataluña se encuentra en décimo lugar entre las 17 comunidades autónomas referente a la ejecución presupuestaria.

Dentro de ese período, el año 2018 (el posterior a la realización del referéndum del 1-O) ha brindado unos guarismos peores aún. La ejecución de la inversión planificada en Cataluña cae al 57,7% el año pasado. Y, Cataluña cae de la 10ª a la 13ª posición en ese ranquing. Los anuncios de inversión en Cataluña se hacen con “lluvias de millones”, ya sean bajo los gobiernos del derechista Mariano Rajoy o del "socialista" Pedro Sánchez, pero la inversión real pasa por un grave “período de sequía”.

El déficit acumulado de desinversión en infraestructuras catalanas es de 28.000 millones de €uros en los últimos 10 años, de acuerdo con los cálculos de Foment del Treball. Cataluña está sufriendo una desinversión similar que el Quebec. El Quebec, que sí pudo realizar un referéndum de autodeterminación pactado en Canadá, padece un declive económico. El Estado español se encarga de castigar al pueblo catalán.

La burguesía ruega a “su majestad”

La patronal catalana de “Foment del Treball” solicita “a su majestad” que solucione el déficit. Los estudios e informes que proceden de la patronal catalana van en el mismo sentido, como no podía ser de otra forma. Ante el castigo que supone la desinversión pública en Cataluña la burguesía vernácula se ha ido adecuando de una forma u otra, mediante el saqueo a las arcas públicas, recortes sociales mediante.

La gran burguesía catalana es un socio “menor” del Estado español. Y, en relación al Procès (principales partidos independentistas) se ha situado más bien al margen o ha dejado correr hasta el día 3 de octubre. Pero en cuanto la clase obrera dijo presente con la gran huelga del 3-O y el Rey llamó a la orden con su discurso que defendía la represión policial, se opuso claramente al movimiento independentista y salió corriendo a pedir la protección de la Zarzuela. Ahora padece ser el socio menor que no combatió claramente contra el deseo independentista del pueblo catalán desde el mismo inicio.

La Gran burguesía catalana tiene grandes expectativas en que el Gobierno de Pedro Sánchez cambie la tendencia “desinversora”. De hecho, ha sido bajo gobiernos socialistas en los que la inversión pública ha aumentado en Cataluña. La patronal reconoce que se está corrigiendo el déficit de inversión. Desde el Ministerio de Fomento indican que “por eso presentamos un proyecto de presupuesto para 2019 en el que se revertía esta situación”. Sin embargo, durante el año y medio que Pedro Sánchez lleva en La Moncloa, la inversión no ha variado sustancialmente.

El Gobierno catalán y organizaciones como la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) también protestan por la caída pronunciada de estos últimos años. Protesta que también manifiesta la Cámara de Comercio catalana que se encuentra liderada desde hace poco tiempo por una dirección independentista.

Infraestructuras al borde del colapso

La situación de infraestructuras importantes se encuentra más bien al borde del colapso. De conjunto, las empresas públicas han dejado de invertir 2.214 millones entre los años 2013 y 2018. La patronal busca pactar una gestión de las infraestructuras descentralizada y que se gestione directamente desde el propio territorio. Y, pide una inversión anual adicional de 2.000 millones de euros anuales para el periodo 2020-2024.

Son un rosario de obras las que están pendientes o van sumamente lentas: el corredor mediterráneo, los accesos al puerto de Barcelona o el enlace entre la A-2 y la AP-7 son los más mencionados. A esto hay que sumar la B-40, la ampliación de la N-340 (que recientemente tiene habilitado el túnel que evita pasar por Vallirana), el impulso definitivo del aeropuerto de El Prat.

El caso más emblemático es el sistema de transporte público de Rodalies. La infraestructura, gestionada por Adif, está en tan malas condiciones que los retrasos se suceden día tras día. La inversión de Renfe supone una inejecución de 237 millones, lo cual representa la mitad de las inversiones previstas en seis años. La línea R3 tiene gran parte de su recorrido en los que dispone de tan solo de una vía, lo cual provoca una frecuencia baja de convoyes.

Otra infraestructura que sufre la desinversión es el puerto de Barcelona. Las inversiones de la empresa de puertos del Estado también suponen una inejecución importante, que se eleva a 595 millones de euros entre los años 2013 y 2018, del cual tan solo se ha ejecutado el 38,2%.

El Aeropuerto de El Prat de Llobregat ha visto pasar a unos 50 millones de personas a lo largo del año pasado. El de Barajas unos 57 millones. Sin embargo, en el Prat hay solo dos terminales contra cinco de las que hay en Madrid. El aeropuerto catalán está funcionando al borde del límite de su capacidad.

Enfrentar al Régimen del 78 con la clase la trabajadora

De la misma forma, que la gran burguesía catalana no enfrenta la represión policial y judicial, tampoco enfrenta las represalias económicas. De hechos, sus representantes políticos, ERC y Junts per Catalunya/PDeCAT, tratan de pactar el Gobierno de Sánchez y un mayor presupuesto para el Principado, mientras el “partido judicial” castiga a los dirigentes soberanistas y a la izquierda independentista.

La burguesía catalana teme mucho más a la lucha de calles y de clases de los trabajadores y el pueblo de Cataluña que al poder del Ibex 35 y el Régimen del 78. Y, desde siempre, ha optado por el poder político y económico. Igual que hizo aquel 3-O del 2017, acudiendo a las órdenes del Rey Felipe VI.

Para acabar con la represión policial-judicial y económica no hay más alternativa que la organización y movilización de los trabajadores liderando a todo el pueblo que quiera enfrentar el Régimen del 78, y sobre sus ruinas imponer una asamblea constituyente soberana que resuelva la relación territorial entre el Estado y Cataluña y todos los problemas sociales, como el paro, la precariedad, las infraestructuras, el ahogo económico.






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