Mundo Obrero

Argentina

MUNDO OBRERO

Lecturas del fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga

Una resolución controversial del máximo tribunal que regimenta y limita un derecho de los trabajadores. Opinan los abogados Matías Cremonte, Horacio Meguira, Gustavo Arballo, Myriam Bregman y Matías Aufieri.

Fernando Rosso

@RossoFer

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Jueves 9 de junio de 2016

Las leyes votadas en el Congreso o las resoluciones judiciales no son una condensación mecánica de la relación de fuerzas entre las clases, aunque tampoco pueden dictarse con total independencia de esa realidad.

El fallo de la Corte Suprema en relación al derecho a huelga es una nueva injerencia estatal sobre las organizaciones de los trabajadores y sobre un derecho elemental para la defensa de sus conquistas.

El máximo Tribunal, reducido al triunvirato de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda, falló a propósito del caso “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo” y, sin tener la obligación de pronunciarse sobre el derecho a huelga, decidió dejar sentada una posición general sobre la cuestión, lo que constituye una clara definición política. Sentenció que el monopolio de ese derecho corresponde a las organizaciones gremiales reconocidas por el Estado.

La decisión de la Corte se produjo el mismo día en que los supremos dictaminaron reducir el monto de algunas indemnizaciones que deberán pagar las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo a los trabajadores que sufran accidentes. Y en esa misma jornada resolvieron también aumentarse 15% sus ya lujosas remuneraciones mediante una “acordada”. Los supremos vitalicios, que decidieron que los trabajadores informales ya no tienen derecho a huelga, definían en el mismo acto que su aumento es “remunerativo y bonificable”.

Como toda resolución judicial está abierta a diferentes interpretaciones y tendrá consecuencias para la defensa de los derechos de los trabajadores sobre todo para los que enfrentan a las burocracias sindicales, son parte del sindicalismo combativo o de izquierda.

Una de las “contradicciones” de este fallo y que evidencia la larga crisis del sistema del unicato sindical en la Argentina es que le otorga un aval a los sindicatos simplemente inscriptos para que puedan convocar a una huelga. Las posibilidades de las comisiones internas y cuerpo de delegados, que son parte de la estructura formal de los sindicatos, también son materia de interpretación de este fallo que, de conjunto, apunta a fortalecer a las cúpulas y limitar toda tendencia a la autoconvocatoria o a la democracia obrera de base.

Para discernir los alcances y límites de la resolución suprema, La Izquierda Diario consultó a prestigiosos abogados laboralistas, especialistas en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Nos dan su opinión Horacio Meguira (CTA Autónoma); Gustavo Arballo (abogado y profesor de Derecho en la Universidad de La Pampa, administrador del blog Saber Derecho); Matías Cremonte (asesor legal de la Federación Aceitera e integrante del equipo jurídico de ATE-CTA); Myriam Bregman y Matías Aufieri, ambos integrantes del CeProDH, ella diputada nacional por el Frente de Izquierda. Sus opiniones completas pueden leerse aparte.

Un mensaje políticamente conservador

Horacio Meguira define que “en primer lugar hay que decir que se trata de un fallo con fundamentos, basado en el debate que se dio en la Constituyente de 1957. Sin embargo es un claro golpe contra los trabajadores, inteligente y certero”.

Por su parte, Arballo explica que “ya se ha dicho lo que implica esto en la práctica para el derecho laboral en sí: limita el campo de protección no sólo para la huelga como medida más fuerte, sino incluso para otras medidas de menor intensidad que habitualmente y en la práctica empresaria son adoptadas y concertadas de un modo desformalizado, o por trabajadores que no tienen un encuadre propio como asociación sindical”.

El fallo perjudica, de manera explícita, a sectores de trabajadores que no responden claramente a las cúpulas sindicales, sea porque no se hallan encuadrados, sea porque son opositores.

Meguira argumenta que “el fallo invierte, en la práctica, el sentido de la huelga. Por dar un ejemplo, la Línea 60 de colectivos recientemente reincorporó trabajadores injustamente despedidos. Así lo fueron resolviendo sucesivas asambleas de trabajadores de dicha línea, que fueron tomando decisiones. Después del fallo “Orellano” quien debiera haber resuelto el paro era la UTA. Cambia el sujeto en la práctica. Gran parte de los conflictos de los últimos tiempos se resolvieron en asambleas de trabajadores y, con la medida resuelta, era el sindicato quien resolvía apoyar o no. Ahora, sin autorización, no se podría llevar a cabo”.

La diputada nacional del FIT y abogada del CeProDH, Myriam Bregman, señala que el fallo “tiende a atacar al activismo que podría realizar medidas de fuerza a partir de asambleas de fábrica por ejemplo”. Insiste además en que se trata de un claro “mensaje político en un momento particular donde hay ajuste y las dirigencias sindicales tradicionales están en una tregua escandalosa”.

Cremonte, quien era parte del equipo que intervenía en la causa Orellano, afirmará que “está claro que el fallo excede el caso concreto, y sus derivaciones impactan en la clase trabajadora en su conjunto. Y empezando por ésta, sin dudas se trata de una mala noticia y una grave restricción de un derecho fundamental”.

La situación de comisiones internas y cuerpos de delegados

Los alcances y límites del fallo en relación a las organizaciones de base reconocidas por los sindicatos (comisiones internas y cuerpos de delegados) es uno de los temas que está en el tintero de la discusión sobre las consecuencias del fallo.

Meguira asevera que “los cuerpos de delegados y las comisiones internas son parte del sindicato, son parte del sistema de representación. No se desprende del fallo que la comisión interna sea diferente al sindicato, pero al decir ‘sindicato’ las excluye ya que ningún estatuto tiene resuelto que tienen la capacidad de resolver medidas de fuerza”.

Arballo a su vez afirma que “no queda dicho explícitamente, pero en una interpretación estricta de lo que dijo la Corte las comisiones internas o cuerpos de delegados que no encuentren su reclamo avalado por una asociación sindical inscripta no estarían teniendo la posibilidad de hacer huelga”. Y añade que “sería posible sostener otra interpretación que no las deslegitime, y les permita operar a esos efectos como sujetos que formalmente están en un gremio, aún dentro del mismo concepto adoptado por la Corte. Pero soy escéptico. Las líneas de razonamiento que prevalecen en el asunto parecen inclinadas siempre a lo más restrictivo en este tema”.

Aufieri, también integrante del CeProDH, agrega que “en la situación actual, por un lado las centrales sindicales no lanzan medidas de fuerza contra los despidos de conjunto, como vimos tras el veto de Macri; y el fallo de la Corte sienta jurisprudencia para atarles las manos a los activistas que se rebelen contra los ataques en los lugares de trabajo. Será una dura pelea, con diversas interpretaciones de por medio, acerca de la situación legal en que quedan incluso los delegados que impulsen cualquier tipo de medidas en los lugares de trabajo, sin la anuencia de su sindicato”.

Para Aufieri “la resolución y sus fundamentos buscan fijar un techo concreto a la actividad sindical, de lo cual seguramente pretenderán aprovecharse las patronales para atacar cualquier actividad sindical durante el horario de trabajo que pueda afectar de una u otra forma los ritmos de producción”.

Como emerge de estas distintas lecturas, la pelea por el reconocimiento legítimo de las comisiones internas o cuerpo de delegados como parte orgánica de los “gremios” estará a la orden del día.

El fallido del fallo

El fallo ha tenido también otra lectura porque pone en evidencia la crisis del modelo sindical argentino, basado en el unicato del gremio con personería gremial que asume la “suma del poder público” en el seno del movimiento obrero. Al reconocer el derecho de las organizaciones simplemente inscriptas para declarar la huelga, significa un golpe parcial a las conducciones burocráticas que tienen la potestad del reconocimiento gremial.

Matías Cremonte pone el acento en ese punto y explica que el fallo "desde el punto de vista del modelo sindical argentino, debemos decirlo, se trata de un nuevo cuestionamiento al sistema de personerías gremiales y derechos exclusivos derivados de ésta. En ese sentido, la Corte mantuvo su línea, ya antes expresada en los fallos "ATE" (1 y 2) y "Rossi", y se apartó de la antigua doctrina que consideraba a la huelga como un derecho exclusivo de los sindicatos con personería gremial".

El abogado de los trabajadores aceiteros afirma, además, que esto es una buena noticia “para miles de sindicatos que no tienen personería gremial” y que, a pesar de representar a trabajadores, tenían cuestionado su derecho a convocar a la huelga.

Arballo también hace mención al tema y afirma que “como dato adicional, lo que sí sabemos -porque lo dice el fallo- es que cualquier sindicato -no solo el ‘mayoritario’- puede declarar la huelga.

El futuro tras el fallo

Aufieri afirma que “esta discusión seguramente se seguirá dirimiendo en la lucha de clases y en base a la relación de fuerzas existente en cada conflicto, lo cual renueva el desafío a las organizaciones de base y el activismo a la hora de organizar la resistencia al ajuste y las luchas por venir.”

Por su parte, Myriam Bregman sentencia que “como lo demuestra la historia de los trabajadores, en cuanto a sus derechos, nunca nadie les regaló nada. Este fallo es un intento de avanzar en cercenar derechos. Pero si lo logran o no dependerá de la relación de fuerzas que haya en cada lucha determinada”.

Cremonte también es taxativo sobre esta cuestión: “los conflictos sociales se resuelven en base a su contundencia, y seguirá siendo así, sea que los convoca un sindicato o sean la expresión de una organización circunstancial. Las comisiones internas, los trabajadores en general, seguirán expresándose como lo hicieron siempre, y no dependerán del apoyo de un sindicato, sino exclusivamente de las relaciones de fuerza. Si un conflicto es mayoritario, cuenta con el apoyo de los trabajadores y se mantiene firme, se gana, y no hay jurisprudencia ni tribunal que lo detenga”.

Como sucede en muchos aspectos de los intentos de avanzada del macrismo sobre las conquistas populares, la fórmula de las medidas son todo lo reaccionarias que permite la relación de fuerzas parece también ser válida para esta resolución de la Corte. Los enfrentamientos librados hasta ahora no han dicho que esa cuestión esté resuelta y es un escenario abierto que dependerá de cada combate concreto. Conocer los alcances, límites y contradicciones de esta resolución es parte de la preparación para enfrentarla de la mejor manera.

Opiniones completas

Gustavo Arballo: “El fallo convierte una cláusula de garantía en una de limitación”

Matías Cremonte: “los titulares del derecho de huelga son los trabajadores”
Horacio Meguira: “El fallo de la Corte es un claro golpe contra los trabajadores”

Myriam Bregman: “El fallo es un intento de avanzar en cercenar derechos a los trabajadores”

Matías Aufieri: “Buscan fijar un techo concreto a la actividad sindical”






Temas relacionados

Ricardo Lorenzetti   /   Burocracia sindical   /   Corte Suprema   /   Mundo Obrero   /   Política

Comentarios

DEJAR COMENTARIO