Política Venezuela

UNA PIEZA DEL PLAN DE AJUSTE CAPITALISTA

Memorando infame: Ministerio del Trabajo da vía libre a los patronos para eliminar derechos de los trabajadores

Un documento oficial autoriza a las empresas y empleadores en general a no cumplir beneficios laborales, dejando los derechos colectivos de los trabajadores en manos de una comisión de funcionarios del Ministerio del Trabajo.

Albert Sánchez

Trabajador de Sidor, Estado Bolívar

Sábado 24 de noviembre | 17:44

El Memorando-Circular N° 2792 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MinTrabajo), con fecha del 11 de octubre pero que recién ha trascendido a la luz pública hace algunas semanas, entrará en la historia contemporánea del país como uno de esos documentos oficiales que muestran de manera expresa una declaración de guerra a los derechos de los trabajadores y sus condiciones de vida. Por supuesto, no deja de estar aderezado con frases supuestamente a favor de los trabajadores, que quedan como retórica vacía y cínica ante lo contundente del contenido regresivo del texto.

El documento condensa la política que ha venido llevando adelante el gobierno nacional, en su condición de patrono, a todo lo largo del sector público de la economía: el incumplimiento generalizado de cláusulas (bonos, primas, escalas, etc.) de los contratos y actas convenios. El infame memorando le da cobertura “legal” a esto, muestra que es una política de gobierno y la extiende al conjunto de la economía nacional, para beneplácito del capital privado.

El cuento de la “recuperación, prosperidad” y del nuevo salario que “garantiza la progresividad”

Intentan fundamentar la agresiva política antiobrera y proempresarial del documento con “argumentos” mal armados, totalmente insostenibles, con esa manía que ya se hace costumbre en este gobierno de llamar a las cosas totalmente contrario a lo que son: llamar “poder constituyente” al reforzamiento del poder constituido, “elecciones democráticas” a fraudes electorales con proscripción de candidatos y partidos, al hundimiento de la economía llamarlo “recuperación”, a la profundización de las penurias del pueblo llamarlo “prosperidad”.

El fundamento principal es que el aumento del salario mínimo (el 20 de agosto) a Bs.S. 1.800 “adquiere una naturaleza totalmente distinta a los precedentes aumentos (…) no consiste en una actuación aislada, sino que forma parte de un programa que nace del estudio y planificación económica (…) una acción dentro de un programa orgánico e integral de políticas que persiguen la recuperación económica del país”. Es decir, todos los aumentos salariales anteriores de Maduro, los de Chávez y los de los gobiernos anteriores eran algo aislado que no eran parte de un plan económico, el único que es así es este… ¡por favor!

Un plan que busca “racionalizar la justa distribución de las riquezas entre todos los trabajadores y trabajadoras” porque hay “grandes diferencias económicas que han fomentado la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores y trabajadoras”.

O sea, para este plan el gobierno de Maduro el gran problema no son las “diferencias económicas” entre empresarios y trabajadores, entre los altos burócratas del Estado y el pueblo, entre lo que se lleva el capital extranjero y las necesidades del país, ¡sino las que hay entre los propios trabajadores, y por eso hay que aplanar todo para abajo!

Partiendo de esta retorcida premisa, autoriza a “revisar” a la baja o eliminar derechos adquiridos previamente “en virtud que en el nuevo Salario Mínimo se encuentra totalmente garantizado el principio de progresividad en el ingreso del trabajador”. En total consonancia con lo que afirmó sonriente el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, cuando el gobierno asestó el primer golpe drástico de esta política, aprobando las nuevas tablas salariales de la administración pública, bautizadas por los trabajadores como “tablas de hambre”: “Incluso el contrato colectivo más favorable, el sueldo más alto del contrato colectivo más favorable jamás va a llegar a superar el salario mínimo en esta nueva tabla”.

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¡El nuevo sueldo mata todo!

Así, el segundo lineamiento dice: “En el supuesto de aquellas convenciones colectivas de trabajo que hubieran sido suscritas con anterioridad al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica y se haya pactado como inicio de la escala, tabla o tabulador un valor porcentual por encima del Salario Mínimo Nacional o un factor multiplicador de este, deberá someterse a revisión”. Es decir, el gobierno/patrón decidió arbitrariamente que el salario mínimo es tan fabuloso que cualquier cálculo que parta de un multiplicador de este, debe ser “revisado”, un eufemismo para no decir lisa y llanamente que será eliminado o reducido al mínimo.

El planteamiento patronal y regresivo de esta cláusula es que el que le están imponiendo, por ejemplo, a los trabajadores del sector universitario.

¡Patronos hagan lo que quieran con los demás derechos laborales!

Dice el lineamiento tercero que en las convenciones colectivas suscritas con anterioridad al “programa recuperación”, “en cuyo contenido consten acuerdos sobre beneficios económicos y socioeconómicos para los trabajadores y trabajadoras pactados en valores multiplicadores del Salario Mínimo Nacional, montos nominales y Unidades Tributarias deberán someterse a revisión si el valor de tales beneficios ponen en riesgo la fuente y el proceso social de trabajo”. Nuevamente la línea de “revisar” todo lo que implique montos por encima del salario mínimo, agregándole el argumento patronal de que puede “poner en riesgo la fuente de trabajo”.

El cuarto dice: “En aquellas entidades de trabajo del sector privado que por la complejidad de la estructura de cargos y niveles de los tabuladores y escalas salariales se establezcan valores que pongan en riesgo la fuente y el proceso social de trabajo, deberán ser objeto de revisión”.

Sencillo y drástico, si un empresario considera que algunos de los derechos de los trabajadores previos al 20 de agosto “ponen en riesgo la fuente de trabajo”, estos derechos simplemente son sometidos a “revisión”, es decir, suprimidos o mutilados.

El lineamiento séptimo dice que “en aquellas entidades de trabajo en las que los trabajadores y trabajadoras gozaren de beneficios laborales otorgados de manera unilateral por voluntad del patrono y patrona, que por la forma en que hubieren sido otorgados resultaren onerosos y de difícil cumplimiento por parte de la entidad de trabajo y que pongan en riesgo la fuente y el proceso social de trabajo, podrán ser revisados”.

¿No son acaso estos los mismos argumentos de siempre del chantaje empresarial contra las demandas de los trabajadores? Que si tal exigencia “es mucho dinero para la empresa”, que si “afecta la rentabilidad”, que si “pone en riesgo la estabilidad”, etc., etc.

Las mismas excusas tras las cuales se escuda la defensa de las ganancias capitalistas contra las demandas de los trabajadores, son transformadas en lineamientos oficiales por el gobierno nacional, que todavía tiene la desfachatez de llamarse “obrerista” o “socialista”.

El gobierno prácticamente les está diciendo a los empresarios nacionales y extranjeros que pueden pisotear cualquier derecho de la clase obrera contenido en los contratos colectivos u otro instrumento, si el capitalista lo considera “oneroso” o que “pone en riesgo la fuente de trabajo”. Si los empresarios privados ya venían incumpliendo derechos y contratos colectivos, ahora, gracias a este gobierno capitalista y autoritario, tienen la venia oficial para dar rienda suelta a esos ataques contra los trabajadores.

Es, por ejemplo, lo que hicieron en la Bimbo, con copia en mano de este memorando, los jefes de la transnacional le explicaron a los trabajadores que nos les cumplirían una de las cláusulas de aumento salarial contemplada en el contrato, en la “mesa técnica” del ministerio presionaron a los representantes de los trabajadores para aceptar las condiciones de la empresa. La verdad es que ese ministerio bien podría llamarse “Ministerio para la Garantía de los Derechos Patronales y las Ganancias Empresariales”.

Un bonapartismo reaccionario al servicio de la explotación capitalista

El gobierno avanza de la mano del capital privado –nacional y extranjero– en la imposición de esta política regresiva, que violenta totalmente derechos de la clase obrera y pisotea el artículo 89 de la propia Constitución que establece la progresividad y carácter irrenunciable de los derechos laborales, como parte de su plan de ajuste que busca “recuperar” la economía garantizando los intereses de los capitalistas y la burocracia corrupta, mientras golpean con más fuerza a la clase trabajadora y el pueblo pobre.

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Esta ofensiva busca imponer un drástico retroceso histórico al redefinir las relaciones obrero-patronales a placer del patrón haciendo borrón y cuenta nueva con toda conquista previa. Ese es el contenido profundamente reaccionario, agresivo contra la clase trabajadora, y que se hace desde un gobierno con enormes niveles de autoritarismo, prácticas proscriptivas y represivas, tanto con fuerzas de represión legales como parapoliciales, un régimen sostenido cada vez más en el poder de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, los lineamientos establecen que sea en una “mesa técnica” regida por el Ministerio del Trabajo donde se defina la suerte de los derechos que han de someterse a “revisión”, incluyendo la “revisión” de las convenciones colectivas del sector público suscritas antes de este “programa”. Así, estos lineamientos pretenden dejar sin efecto las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) que habilitan a los trabajadores a introducir pliegos conflictivos y llevar a cabo medidas de lucha subsiguientes cuando se incumple la contratación colectiva… ¡los lineamientos del Memorando le están dando “legalidad” a la violación de los contratos! Con esto y las “mesas técnicas”, buscan despojar a los trabajadores del derecho a ejercer mecanismos de lucha como los pliegos conflictivos, paros y huelgas. A lo que se suma que, cuando lo considera necesario, el gobierno impide las marchas de trabajadores, despide dirigentes obreros, enjuicia y encarcela trabajadores, monta causas judiciales amañadas con su control absoluto del sistema judicial, reprime o da rienda libre al accionar de grupos paraestatales (“colectivos”) para golpear o amedrentar a los trabajadores que luchan por el respeto a sus derechos.

En el lenguaje marxista se habla de regímenes bonapartistas cuando el Estado, fundamentalmente desde el poder Ejecutivo, “se eleva” tanto por encima de las clases sociales, desarrollando tales niveles de autoritarismo y discrecionalidad, prescindiendo de mecanismos de negociación y acuerdos propios de la democracia burguesa, así como de los otros poderes políticos formales, cobrando tal autonomía que en apariencia no obedece a ninguna clase en particular (pareciera que “se manda solo”, para usar una expresión popular), lo que sin embargo no hace que el Estado y el régimen político pierdan su carácter de clase, es decir, no dejan de ser administradores de determinadas relaciones y estructura de clase de la sociedad, garantizan, así sea “a su manera”, los intereses de la clase dominante. Esto quiere decir que no se trata de un “autoritarismo” que solo se expresa en el terreno político como negación de libertades y derechos democráticos, pero que sería “neutro” en cuanto al conflicto económico y de clases, no es así, en un país capitalista como el nuestro (donde hay empresarios, banqueros, terratenientes, trabajadores asalariados, campesinos sin tierra, etc.), el bonapartismo es una manera autoritaria de administrar y gobernar la sociedad capitalista, es un bonapartismo burgués.

En el caso específico de Maduro, se trata de un bonapartismo reaccionario, de una camarilla autoritaria vaciada de apoyo popular y sostenida cada vez más en la represión y el fraude, que se mantiene en el poder gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, y que administra la bancarrota del capitalismo rentístico y de su propio régimen político llevándose por el medio instituciones y leyes de la propia democracia burguesa. Así, para mantenerse en el poder, han anulado cualquier otro poder que no controlen y se dotaron de una fraudulenta “Asamblea Nacional Constituyente” como supra-poder ante el cual, en los hechos, la propia Constitución queda suspendida, un poder que no expresa la voluntad popular sino a la camarilla gobernante apoyada por los militares, usurpando lo que sería un verdadero poder constituyente del pueblo. En ese camino, desconoce derechos adquiridos de los trabajadores, violentando incluso sus propias leyes y su Constitución, de la cual hacen letra muerta también el art. 91 que establece un salario con referencia al costo de la canasta básica familiar.

Los lineamientos del Memorando 2792 son parte de una ofensiva bonapartista que pisotea acuerdos, derechos y mecanismos de negociación logrados por la clase obrera a lo largo de décadas de lucha. Importantes sectores de la clase obrera venezolana conquistaron el derecho a discutir las condiciones de trabajo y salariales, a que hubiese instrumentos donde eso quedara escrito, a que las leyes establecieran el respeto a esos acuerdos y derechos, pero ahora Maduro y su gobierno simplemente dicen, ¡nada de eso importa!, ¡nada de eso vale!, ¡solo importan los criterios y lineamientos del gobierno! Un autoritarismo para imponer peores condiciones de explotación para la clase trabajadora. Este documento se suma a la larga ofensiva bonapartista de este gobierno y muestra claramente el carácter de clase (burgués) del mismo, expresa la connivencia de intereses entre el gobierno y el capital privado. Los empresarios, tanto criollos como de afuera, aceptan gustosamente ser parte de ese bonapartismo hacia las relaciones laborales.

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Aquí puede descargar el documento oficial en PDF.

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