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#TESTMASIVOSDECOVID-19

¿Qué pasa con los test masivos para detectar el coronavirus? ¿Se están haciendo?

Tenemos en nuestras manos un millón de pruebas, ha insistido hace más de una semana Maduro, además de 52.000 PCR. Sin embargo, al cerrar marzo las pruebas hechas, según los propios voceros oficiales, no llegaban a 4 mil, ni a 2 mil según la ONU. Eso representaría menos del 0,1% el universo de “testeables”, si realmente hablamos de testeo masivo. Cuatro días después declararon haber realizado más de 36 mil y cinco días más tarde 139 mil. ¿Hay realmente test masivos en Venezuela? ¿Son los test masivos una política solo viable para los países capitalistas avanzados?

Ángel Arias

Sociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts

Martes 14 de abril | 11:26

En un artículo anterior en este diario expusimos la importancia vital de los test masivos, que son como el “GPS” que se requiere para orientarse ante el contagio, para ubicar dónde se encuentra, cortar la cadena de contagio, poder definir aislamientos sociales más precisos y cuidar a todos aquellos que no están en cuarentena porque están laborando, empezado por los y las trabajadoras de la salud, los más expuestos.

Señalamos la mayor jerarquía que debe tomar en Venezuela la aplicación de esta política, dada la extrema vulnerabilidad del país: una salud pública en ruinas y otra privada y carísima (solo accesible a una pequeña minoría), una población con alimentación deficiente (1 de cada 3), ingresos míseros que no alcanzan ni para medicamentos rutinarios, y ahora grave escasez de combustible para el transporte. En esas circunstancias, si se expande el contagio en el país, los resultados pueden ser terribles.

Siendo un virus que en la mayoría de los casos se presenta sintomáticamente, explicamos también cuál es el criterio para hablar realmente de test masivos, diferente a hacerle la prueba solo a los que presentan síntomas evidentes relacionados con el virus, que es el criterio que están empleando la mayoría de los gobiernos.

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Los números del asunto

Lo primero a dilucidar es el objetivo, ¿cuál es el universo de testeables? Por el lado de la OMS, esta señalaba hace semanas que, como mínimo, deben hacerse los test a todos los que presenten algún síntoma, así sea leve. En el caso de Venezuela, el Gobierno declaró que al finalizar marzo, 16,1 millones de personas habían llenado la encuesta de la plataforma Patria, la cual había arrojado, para esa fecha, casi 62 mil casos de personas con alguna sintomatología o enfermedad previa. Ese es un primer grupo evidente de testeables.

Luego estaban quienes ingresaron al país en las semanas previas a la declaración del primer caso. Esos eran unas 50 mil personas, de acuerdo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El Gobierno no incluyó a ese grupo entre las 62 mil de la encuesta en Patria, puede ser, por supuesto, que una porción haya llenado la encuesta, pero el propio Gobierno los contabiliza aparte, de manera que aumenta casi al doble el universo. Hay que agregar otros grupos focales, como aquellos que hayan estado en contacto con los casos positivos (a partir del “contacttracing” o rastreo de contacto) y, más ampliamente, los habitantes de las comunidades donde hay casos.

El universo de personas a hacerles la prueba se debe complementar también, obviamente, con las trabajadoras y trabajadores de la salud, que son los más expuestos y a quienes, además, debe repetírseles la prueba regularmente. El número de trabajadores en el sector asciende a casi 500 mil, según los registros de las organizaciones sindicales, incluyendo los diferentes niveles y sistemas (nacionales, estadales, IVSS, hospitales, ambulatorios y módulos, centros públicos y privados).

Otros sectores de la clase trabajadora expuestos por no estar en cuarentena son todos aquellos relacionados con la producción y los servicios esenciales. El propio Gobierno ha insistido en que en medio de la cuarentena “la clase trabajadora debe ponerse al frente de los esfuerzos productivos”. Algunos números del Instituto Nacional de Estadísticas nos pueden dar una idea aproximada al respecto (son datos al cierre de 2018, lo más actualizado que ofrece). En Actividades agrícolas, pecuarias y caza labora poco más de 1 millón de personas, en Transporte, almacenamiento y comunicaciones pasan de 1,1 millón, en Electricidad, gas y agua 58.550, en la Industria manufacturera 1,6 millones y poco más de 190 mil en Explotación de hidrocarburos, minas y canteras. No hay cifras detalladas de los trabajadores de farmacias, supermercados y demás locales de venta de alimentos, que con seguridad deben ser varias decenas de miles más.

Estos datos hablan de un universo aproximado de 4,5 millones de personas –la gran mayoría trabajadores asalariados– a ser testeadas en el curso del proceso, lo que podría representar un 15% de la población del país, tomando un hipotético total de 30 millones. Este porcentaje es solo aproximado porque la proyección del INE es 32,6 millones, a la que se debe restar el éxodo masivo, que organismos internacionales cifran en más de 4 millones, pero el Gobierno desmiente y dice que son mucho menos, aunque no ofrece otras cifras al respecto: esa opacidad es parte de los problemas, porque impide saber las dimensiones reales de los mismos y planificar en consecuencia.

Un informe del 02 de abril de la sección en Venezuela de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), que se maneja con los datos que le suministran el Gobierno, señalaba que para el 31 de marzo el país había realizado 1.779 pruebas rápidas. El Gobierno declaraba sin embargo que para el 28 de marzo se habían hecho 3.650 pruebas. Primer problema serio: ¿cuál es la verdad?

Suponiendo que fuera el número más alto declarado por el gobierno, eso no representaría aún el 0,1% del universo ideal de testeables, si de test masivos hablamos. Sin embargo, el 04 de abril, dos días después del informe de la OCHA, el Gobierno declaró haber realizado 36.632 pruebas –sin especificar qué tipo–, un crecimiento espectacular de 1.000% en pocos días. El 09 de abril declararon 139.282 realizadas, un nuevo crecimiento exponencial, de casi 380%.

El tipo de pruebas y el criterio de aplicación

Las pruebas rápidas no son equivalentes a las pruebas PCR (las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa), es una primera cuestión a tener en cuenta. Hay amplio consenso en los especialistas en que el margen de error de las primeras es mucho más grande porque no son pruebas específicas, sino pruebas que reaccionan a diferentes tipos de virus, sí es específica la de PCR con el hisopado de la secreción (que se pone en “cultivo” varios días). Las pruebas rápidas pueden dar “positivo” cuando en realidad lo que esté presente sea otra afección diferente a este virus, así como puede dar “negativo” aun cuando la persona sí tenga el virus, pero no con los suficientes días para que esta prueba lo capte, pues el mismo se refleja en la sangre solo muchos días después de haber comenzado la enfermedad.

De manera que esas pruebas de sangre son más rápidas pero mucho menos confiables. Dado que pueden arrojar muchos falsos-positivos y falsos-negativos, la OMS afirma que pueden servir para la investigación y labores de seguimiento, pero llama a no guiarse por las mismas para diagnóstico. Por ejemplo, de dar algún positivo, se tendría que pasar a la fase de confirmar el diagnóstico con la PCR, pues si es un falso-positivo se abulta innecesariamente el volumen de casos y esfuerzos de atención. Ejemplo contrario, de dar un negativo y asumirse eso como diagnóstico, podríamos estar ante un serio riesgo.

El Gobierno dice que tiene 52.000 kits de diagnóstico PCR y 1 millón de pruebas rápidas. Si fuere cierto que se han hecho casi 140 mil pruebas hasta hace unos días, evidentemente no serían pruebas PCR, de las que solo hay el equivalente aproximadamente a un tercio de esa cantidad. Qué tipo de pruebas son las que se están aplicando y tomando como criterio para los diagnósticos, es una cuestión clave y necesaria de saber. Eso no queda del todo claro en los informes oficiales.

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Por otro lado, el criterio de aplicación que se está empleando aún no es el de test masivos. Por ejemplo, a los trabajadores de la salud no se le está aplicando masivamente, ni aún a todos aquellos de los centros en los que hay casos confirmados o que han sido designados como “hospitales centinelas” para tratar el virus. Mucho menos se le está aplicando a las otras categorías de trabajadores que señalamos arriba.

El criterio que se ha venido usando en los centros de salud públicos para definir si se realiza la prueba PCR a las personas que acuden es: que tengan mínimo 7 días con síntomas; o tengan mucha dificultad para respirar; o hayan tenido “nexo epidemiológico” (contacto con alguien que haya ingresado al país en las últimas semanas proveniente de lugares donde se confirmaron casos o que un mes antes de presentar síntomas haya estado de viaje en los países donde se expandió el contagio). Es decir, se puede pertenecer a un sector vulnerable (los trabajadores que no pueden guardar cuarentena, por ejemplo) o tener algunos síntomas, pero si se acude sin cumplir con alguno de estos requisitos no se les hace la prueba. Ese no es el criterio de test masivos de Covid-19.

Varios pacientes y trabajadores de la salud señalan que recientemente este criterio se está comenzando a flexibilizar un poco con la aplicación de los test rápidos. Por eso, si efectivamente ha habido el aumento espectacular que declara el Gobierno en la cantidad de pruebas, es muy probable que se deba a que el criterio restringido se está ampliando, pero con las pruebas rápidas y no con las pruebas específicas del Covid-19. Lo que de hecho se desprendería de los propios datos del Gobierno que, como señalamos antes, hablan de disponibilidad de 52 mil pruebas PCR, en tanto el total de pruebas declaradas es de varios cientos de miles.

¿Cómo hacer con la confiabilidad de los datos? La información veraz es clave y es un derecho elemental de la población

Finalizando marzo el Gobierno declaró que las pruebas aplicadas en Venezuela estaban muy por encima de las hechas en el resto del continente. Eso sencillamente no era cierto: mientras aquí, partiendo del 13 de marzo, se habían hecho 3.650 según el Gobierno (y 1.779 según la OCHA), en Colombia se habían hecho 9.200 desde el 9 de marzo, en Argentina el número era similar al de aquí.

El 04 de abril, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, afirmó que en Venezuela se habían hecho 1.227 pruebas por millón de habitantes, lo que, nuevamente, era superior a otros países latinoamericanos: “Venezuela al día de hoy ha hecho 140% más pruebas que Chile, 206% más que Ecuador, 330% más que Colombia, 1023% más que Perú y 1442% más que Brasil”. El principal medio oficial decía: “Con esto se confirma que Venezuela ha realizado más test diagnósticos de Covid-19 que cualquier otro país de América Latina”. Eso tampoco era del todo cierto.

Como muestra una investigación periodística, los datos de ese día de la Universidad Johns Hopkins –que son referencia a nivel mundial, incluso para el Gobierno– señalaban que en el país se habían realizado 1.779, el número que ofrecía la OCHA para el 31 de marzo, lo que daba 63 pruebas por millón de habitantes, asumiendo una base de población de 28,2 millones, si en cambio tomáramos el dato de 3.650 declarado por el Gobierno para el 28 de marzo, subirían solo a 129 por cada millón. Para ese mismo día se reportaban en Chile 1.838 pruebas por millón, 501 en Perú, 585 en Ecuador, 417 en Colombia y 258 en Brasil.

Pudiéramos inferir que la discrepancia se debe a que los datos del instituto no estaban actualizados al 04/04 sino al 31/03. Sin embargo, para el 04 de abril el Gobierno habla de 36.632 pruebas, que representa un repentino aumento de ¡1.000 %! con relación a la cifra oficial de 3.650 al 28/03, y de más de ¡2.000 %! con relación a las 1.779 que contabilizaba la OCHA para cuatro días antes, el 31/03. En una semana aumentó en más de diez, o incluso en veinte veces, el número de pruebas realizadas… aunque siguió habiendo un solo centro autorizado en el país para procesar las pruebas de Covid-19: el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, de la Universidad Central de Venezuela.

Lo más probable es entonces que el Gobierno nacional no esté exactamente dando cifras irreales, sino que esté dando datos de pruebas rápidas de sangre contándolas como si fueran pruebas de despistaje del Covid-19.

Según las cifras oficiales, el país pasó de 122 pruebas por cada millón de habitantes el 28/03, a 1.227 por cada millón el 04/04, y cinco días después, el 09/04, ya eran 4.664 cada millón (los cálculos arrojan que el Gobierno estaría asumiendo una base poblacional de 29,8 millones). Semejante aumento sin que se hubiese incorporado ni un centro más de procesamiento de pruebas específicas del Covid-19 ni algún aumento cualitativo en la cantidad de trabajadores y especialistas de la salud.

No solo tendríamos entonces el hecho que esas cifras del 04 de abril serían superiores a países en los que cuentan con 40 (Colombia) y 49 (Chile) centros autorizados de procesamiento de las pruebas para Covid-19, en lugar de solo uno como aquí, sino que las del 09 de abril serían superiores a las de países europeos como Reino Unido (4.155 cada millón de hab.), Francia (3.436) y Turquía (2.938). Implicarían que se pasó de una capacidad de procesamiento a finales de marzo de 93 pruebas al día (según la OCHA) o 190 (según el Gobierno), a una de ¡20 mil pruebas diarias, siempre en el mismo INH Rafael Rangel!

Finalizando la edición de este artículo la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que van 203.108 pruebas, lo que arroja una tasa de 6.873 pruebas por millón de habitantes.

Toda la lógica apunta a que los datos “masivos” que está declarando el gobierno no son de pruebas específicas del Covid-19 sino de las genéricas pruebas rápidas de sangre.

Es de primera importancia que el pueblo venezolano pueda contar con información totalmente clara, precisa y cierta sobre la situación. Quien está gestionando la crisis es el mismo Gobierno que durante largos años ha ocultado datos de la situación económica, social y ¡de salud! Baste un solo ejemplo muy pertinente: le niega al país el boletín epidemiológico desde 2016, cuando el mismo mostró un aumento drástico de la mortalidad materna y la infantil, a la ministra que lo publicó la destituyeron. En esta crisis, persigue a quienes muestran la realidad de los hospitales y exigen condiciones de bioseguridad: desde montajes mediáticos y descalificaciones, hasta encarcelamiento, pasando por amenazas de despidos, cambios arbitrarios de lugar de trabajo y hostigamiento policial.

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¿Por qué en algo tan importante y delicado el pueblo tiene que quedar a expensas de las dudas sobre la opacidad o falta de veracidad del Gobierno? ¿O incluso en el otro extremo, de campañas de desinformación interesadas que se desarrollen aprovechando esa base? ¿No tendrían derecho los propios trabajadores de la salud y especialistas a asumir la fiscalización y control de la información? Por supuesto que sí, ¿por qué no? Podrían conformarse democráticamente comités de estos trabajadores para esa función y que sean la garantía ante el pueblo de la transparencia y veracidad.

¿Por qué dejar todo en manos del Gobierno (o de desinformadores interesados)? ¿Por qué resignarse pasivamente a la incertidumbre sobre los datos? Siempre será mucho mejor para el pueblo si cuenta con trabajadores de la salud que garanticen mostrar la realidad del sistema de salud y de la emergencia, antes que las opacidades o directamente mentiras de los gobiernos de turno. ¿Acaso estaremos mejor en manos del Gobierno que en las de los propios médicos, enfermeras, empleados y obreros del sector salud que están en primera fila de esta situación y que son tan pueblo como nosotros?

¿No son los test masivos una política viable para los países de América Latina?

La exigencia de #TestMasivosDeCovid-19 sigue teniendo total pertinencia, toda vez que, como vemos, no es precisamente eso lo que se está haciendo. Hay que exigir que se apliquen masivamente las pruebas de diagnóstico específicas del Covid-19 a la población expuesta y vulnerable. Al mismo tiempo que exigir el cese inmediato de toda persecución y hostigamiento contra trabajadores de la salud y periodistas, y proponerse conformar comités de trabajadores para ejercer fiscalización y control de la información.

Hay sectores afines al Gobierno que argumentan que los test masivos no serían una política viable para “los países pobres”, por los costos, y que por tanto la única arma de peso con que se cuenta es el confinamiento masivo, como en los tiempos remotos de la humanidad ante las pandemias, cuando no se contaba ni por asomo con la tecnología actual. Más aún, señalan que exigírselo a Venezuela, estando quebrado el Estado y el país sometido a las sanciones y bloqueo impuestos por Estados Unidos, sería injusto y abstracto. Sencillamente sería “inviable”.

Es una obviedad que los test para el Covid-19 requieren recursos, y es cierto que el capitalismo venezolano está en colapso, sometido a sanciones y que están en mucha mejor posición para los test masivos los países de gran desarrollo industrial y tecnológico. Pero hasta ahí llega la verdad de esta posición, datos que no bastan en modo alguno para afirmar que no es viable para América Latina y Venezuela.

Unos pocos datos han mostrado que, por ejemplo en Argentina, con ¡menos del 0,1% de lo que el país está pagando en deuda externa!, se podría invertir y garantizar un despliegue enorme de la capacidad de hacer y procesar los test masivos. Si no se hace no es porque “no se puede”, es porque las prioridades están invertidas: primero se garantizan los intereses del capital internacional especulador y no los de la salud del pueblo. Es apenas un ejemplo muy ilustrativo. También han demostrado que con un modesto impuesto a las ganancias y sectores más ricos de ese país, podría garantizarse un ingreso igual a la canasta básica durante la cuarentena a 30 millones de argentinos.

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En nuestro país, quienes levantamos la demanda de los test masivos la hacemos simultáneamente con la exigencia que siempre hemos sostenido del cese incondicional de todas las sanciones impuestas por la práctica imperialista de los Estados Unidos. A Venezuela se le deben devolver todos sus bienes, empresas y recursos confiscados, y levantarse el bloqueo petrolero. Hoy más que nunca son criminales esas sanciones. El pueblo interesado en los test masivos debe también levantar esta demanda.

Por otra parte, ¿por qué el país debe limitarse en extremo a solo un centro de procesamiento de pruebas, habiendo muchos que pueden hacerlo? La mayoría son privados, ¿por qué no ponerlos al servicio de esta emergencia nacional? El Gobierno decreta un “Estado de alarma” en el que se suspende un montón de derechos civiles y se cuasi-militariza el país, ¿pero no se pueden declarar de utilidad pública los laboratorios privados que hacen la prueba de Covid-19 para garantizar diagnósticos masivos gratuitos? (Al cierre de esta trascendió la información oficial sobre que, a la medianoche del 12/04, un laboratorio móvil para “pruebas Covid-19” habría llegado a la brigada 21 de infantería del Ejército en el estado Táchira).

Además, de eso, hay dónde ubicar numerosos recursos, pero no se hace: mientras el Estado está sobreendeudado y el pueblo pobre, hay sectores minoritarios con enormes recursos tanto en el país como afuera. En el exterior hay fabulosos recursos fugados de la renta petrolera pública, entre 400 y 500 mil millones de dólares (muchos en manos de los mismos que nos gobiernan o sus testaferros). Por otro lado, los grandes bancos y empresas pagan impuestos bajísimos, más bajos que en cualquier país de América Latina, Europa y EE.UU., es más lo que pone el pueblo común por IVA que lo que aporta el Impuesto Sobre la Renta. Peor aún, en muchos casos sencillamente están exonerados de pagar impuestos, tanto empresas nacionales como del capital transnacional, por ejemplo, ¡los pulpos petroleros no están pagando impuestos!

Claro que hay de dónde sacar recursos. Si se tiene una política con medidas extraordinarias y contundentes para obligar la repatriación forzada de capitales, si se deja la nefasta alcahuetería con los grandes capitalistas y se les imponen serios impuestos a las ganancias, si cesa la exoneración de impuestos a las transnacionales petroleras, perfectamente se pueden obtener los recursos que necesitan la salud y la vida del pueblo venezolano, el mismo pueblo que produce y consume lo que es fuente de ganancias de esos capitales. ¿Por qué ante esta emergencia lo único “drástico y necesario”, para usar palabras de Maduro, tienen que ser la cuarentena y el reforzamiento del autoritarismo estatal?

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Por eso, que sectores autodenominados “de izquierda” y “anticapitalistas” digan que “no es viable” la política de test masivos en Venezuela, solo demuestra que consideran como normal e inamovible el hecho que los recursos que necesita urgentemente la sociedad, que son cuestión de vida o muerte para decenas de miles, estén en manos de unos pocos que viven de la usura, la especulación o de la explotación del trabajo ajeno. Es una deplorable resignación a la miseria de “lo posible” bajo el yugo de los intereses del capital privado.

El pueblo venezolano tiene la necesidad y las razones para exigir su derecho a TestMasivosDeCovid-19.

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