Géneros y Sexualidades

Rumbo a un 8M de lucha: tres banderas y los desafíos del movimiento de mujeres en Venezuela

Se aproxima la fecha histórica del 8M, Día Internacional de la Mujer, que desde ya hace algunos años viene tomando una renovada y fortalecida presencia en las calles en todo el globo, con las movilizaciones de miles en distintas partes del planeta, donde las demandas fundamentales son el cese a la violencia y la precarización, como también el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y en Venezuela?

Suhey Ochoa

Ciencias Políticas UCV / @SuheyLts

Viernes 19 de febrero | 11:52

Desde nuestra perspectiva nos parece urgente pensar una agenda feminista, de la mujer trabajadora y las jóvenes, que marque una ruta de lucha y que a la par que pelee por nuestras demandas urgentes e inmediatas, cuestione las bases estructurales de la opresión que vivimos las mujeres. Es decir, ligar las luchas por nuestros derechos a la lucha por una sociedad sin opresión ni explotación.

Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir

La vida de las mujeres trabajadoras, jóvenes y de los sectores populares se ha visto brutalmente afectada por la inconmensurable crisis económica que hoy atraviesa el país, y cuando nos referimos a los derechos sexuales y reproductivos parece que retrocedimos a la edad media.

La violencia hacia las mujeres tiene varias dimensiones, y la violación de los derechos también se puede traducir en la limitada posibilidad de cuidarse ante una infección de transmisión sexual (ITS) y/o de quedar embarazada. Según el boletín de Convite realizado en el 2019, los métodos anticonceptivos son escasos en un 90%: parches y aros vaginales arrojaron 100% de ausencia en las cinco principales ciudades del país. Los anticonceptivos inyectables un 99.2%, los intrauterinos en 96.5% e implantes 89.5%. Las pastillas anticonceptivas en las farmacias tienen un desabastecimiento del 68% y las pastillas de emergencia un 77.4%. Los condones masculinos son los más “accesibles”, aunque solo el 23.9% escasean, están muy por arriba del salario mínimo.

Son muchísimos años en los que las mujeres tenemos que hacer malabares para poder conseguir métodos anticonceptivos, si acaso podemos costearlo: la terrible realidad es que muchas de nosotras debemos decidir si comemos o nos cuidamos de una enfermedad o de quedar embarazadas. Esto tiene nombre, es una falta enorme de garantías para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esto limita las libertades sexuales y el derecho al placer de nuestros propios cuerpos. ¡La abstinencia no es una opción!

Podemos decir que en Venezuela no existen hoy ningún tipo de políticas públicas que promuevan una educación sexual integral y laica en los liceos, que en modo alguno debe limitarse a enseñar el uso correcto de los métodos anticonceptivos, pero ni eso hay. Una educación de este tipo debe explicar a las nuevas generaciones las desigualdades históricas y presentes entre los géneros, en aquellos ámbitos que tiene relación (directa o indirecta) con lo sexual, afectivo y reproductivo; que también muestre la diversidad y la diferencia entre sexo biológico, género y sexualidad, y que esto permita la inclusión, e incluso se impulsen espacios democráticos como comités de mujeres tanto en las escuelas como las universidades, donde las jóvenes puedan conversar y denunciar casos de violencia de género.

Frente a esta terrible realidad no es de extrañarse que Venezuela tenga uno de los índices más altos de embarazo adolescente en América Latina. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hacia el 2014 la tasa de fecundidad de las jóvenes entre 15 y 19 años era de 93 por cada 1.000 mujeres, el pasado 2016 llegó a 95 por cada 1.000. Aunque no existen datos oficiales recientes podemos ver que la estadística va en aumento. Por ejemplo: para 2019, tres de cada diez mujeres que daban a luz en los centros de salud públicos en Lara eran menores de 18 años de edad, reseñó el diario La Prensa, que también informó que las estadísticas provenían del hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Otra de las estadísticas alarmantes es la tasa de mortalidad materna que ha crecido junto con la crisis económica del país, con 112 casos por cada 100.000. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV) niega la existencia del "parto humanizado" que publicita el gobierno. Las principales causas de muerte son hemorragias postparto, sepsis e hipertensión inducida por el embarazo, que en condiciones normales no debería poner en riesgo la vida de la mujer en parto, sin embargo, no es un secreto para nadie la terrible condición en la que se encuentra el sistema de salud pública. ¡El Estado es responsable! La mayoría de estas muertes son completamente evitables. En los países donde se garantizan las condiciones de atención pre y posparto a las mujeres, las muertes por estas causas son casi inexistentes. Jairo Fuenmayor, portavoz de SOGV también ha alertado sobre la desnutrición y la anemia con las que llegan las mujeres a los centros de salud.

En el año 2017 la ministra de salud Antonieta Caporale, difundió un informe que señalaba un aumento del 30% de la mortalidad infantil en 2016 con respecto a 2015; el crecimiento de un 65,79% en mortalidad materna y el aumento del 76,4% en los casos de malaria, entre otros datos. Por este motivo fue destituida, otra demostración de cómo el Estado oculta las cifras oficiales de la situación que vivimos las mujeres.

América Latina y el Caribe son unas de las regiones más restrictivas del mundo para acceder al aborto. Se estima que se practican 6,5 millones de interrupciones al año y que el 95% son inseguras. Sólo un reducido número de países permite la interrupción voluntaria sin restricción de causales: Uruguay (2012), Cuba (como una de las conquistas de la Revolución, desde 1965), Guyana (1995), Puerto Rico (1973) y los estados mexicanos de Oaxaca (2019) y Ciudad de México (2007), a los que Argentina se sumó recientemente. Se trata aproximadamente de apenas un 5% de la población total de mujeres de entre 15 y 44 años que viven en la región.

Venezuela no es la excepción en este marco general restrictivo. Acá también las mujeres somos criminalizadas por decidir sobre nuestro cuerpo, el Código Penal venezolano no ha sufrido cambios en materia de interrupción del embarazo desde 1873, ¡son 140 años de atraso con respecto a los derechos sexuales y reproductivos! Todo este tema ha pasado por debajo de la mesa, incluso con los gobiernos chavistas, que se han autodenominado “feministas y revolucionarios”.

En 2020 Faldas en Revolución (organización feminista), quienes brindan asistencia telefónica en casos de aborto, publicaron un informe en el que señalan:

1.142 mujeres llamaron en 2019 decididas a abortar, en promedio 3 por cada día: 56% no usa regularmente anticonceptivos porque se le dificulta el acceso y por su alto costo; 4% de las mujeres fueron víctimas de abuso sexual; 78% no había tenido una experiencia de aborto en toda su vida; 20% fueron víctimas de estafas con información insegura y/o en compra de las pastillas abortivas; 46% afirmó que la razón por la que abortan es por su situación económica y el 29% expresó que simplemente no deseaban el embarazo. 60% de ellas consiguió el misoprostol en el mercado negro, donde el tratamiento completo ronda los 100$ a 120$. El 31% de las mujeres que llamaron estaba usando un anticonceptivo que falló. 44% de ellas ya son madres y tienen entre 1 a 4 hijes. 46% de ellas percibía de uno a dos salarios mínimo al mes que se traduce en 4$ y el 24% no tenía ningún tipo de ingresos. Las llamadas más frecuentes eran de mujeres entre los rangos de edad de 20 a 31 años. 55% eran bachilleres, 25% eran universitarias y 12% llegó a estudios técnicos.

La mujer por diversas razones se somete a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, la ilegalidad no lo evita, lo relega a la clandestinidad y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres de menos recursos, quienes son las que no tienen cómo pagar los altos costos de un aborto en clínicas privadas, sometiéndose a los más variados y peligrosos procesos. Según el estudio "Diagnóstico de los factores del embarazo a edad temprana", con cifras del 2014, un 11,4% de los embarazos adolescentes terminan en abortos, durante ese año, nada más en la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, se atendieron 2.336 complicaciones por abortos, es decir, poco más de 6 por día.

El gobierno de Nicolás Maduro es uno de los más restrictivos para el acceso al aborto en la región, así lo demostró este 12 de octubre 2020, con Vannesa Rosales, joven maestra y activista por los derechos de las mujeres, quien fue detenida en Mérida, por acompañar a una niña de 13 años en la interrupción de un embarazo producto de una violación. Este encarcelamiento y la saña mostrada por el arcaico sistema de justicia venezolano, quien le imputó varios delitos para asegurar el encarcelamiento de la activista por los derechos sexuales y reproductivos, generó una respuesta de parte del movimiento feminista en Venezuela e incluso internacional. La campaña llevada adelante por diversas organizaciones feministas e individualidades y activistas, logró una victoria parcial en el caso del injusto encarcelamiento de Vannesa, quien recibió una medida sustitutiva y tendrá arresto domiciliario, mientras avanza el proceso penal.

La conquista del aborto legal en Argentina es un punto de apoyo para que podamos pelear acá, para que ninguna niña o mujer se vea forzada a continuar un embarazo no deseado, ni en las peores condiciones, que ninguna persona tenga que sufrir la injusticia patriarcal como es el caso de Vannesa. Nuestra lucha debe poner al frente una agenda feminista que levante las banderas con tres importantes bases: ¡Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

Frenemos la violencia machista, basta de femicidios: ¡Ni una menos! ¡VIVAS NOS QUEREMOS!

Las cifras de violencia machista y femicidios no dejan de aumentar año tras año, esto impacta brutalmente en la vida de las mujeres y las niñas. Durante el 2020 y lo que va de 2021 en el marco de la pandemia del COVID-19 esta realidad se profundizó, ya que el aislamiento obligó a las mujeres que sufrieran de violencia a permanecer en sus hogares y convivir muchas más horas con el agresor.
Si bien no existe un registro oficial de los casos de femicidios, desde el 2019 la plataforma UTOPIX viene recopilando información de más de 72 medios digitales y algunos datos aparecidos en redes sociales Así nació el Monitor de femicidios, que a pesar de ser un sub registro, visibiliza la realidad de las mujeres.

En el último informe de cierre de año del 2020 se observó un incremento de manera alarmante a 1 femicidio cada 34 horas, en comparación al 2019 en donde ocurrían cada 72 horas. Al ser un sub registro y no datos oficiales, estimamos que las cifras están por arriba.

Estamos hablando de 256 femicidios en el 2020, de los cuales en 61,7% de ellos la víctima tenía relación con su agresor, era su ex pareja, familiar o conocido.

Desde la organización Pan y Rosas denunciamos que el Estado es responsable, porque, aunque la violencia machista es difícil de resolverla y es imposible terminar con ella con una simple ley o decreto, son completamente evitables los femicidios, ya queeste expresa el último eslabón de una larga cadena de violencia, una cadena que se puede cortar si se toman las medidas necesarias.

Casi todos los femicidios tienen en común que previamente se llevó a cabo al menos una denuncia que fue completamente desestimada, no son tomadas y no se les hace ningún tipo de seguimiento. Según el informe de UTOPIX, varios testimonios recogidos por familiares, señalan que 12 mujeres habían denunciado al femicida ante organismos del Estado previo a su asesinato.

Es inevitable resaltar la responsabilidad que hay del gobierno de Maduro, varias investigaciones realizadas por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) aseguran que el Estado incumple su obligación cuando se trata de prevenir la violencia, la protección y reparación de las víctimas.

Por ejemplo, esta organización denunció que el primer acercamiento que tienen las mujeres para pedir ayuda son las llamadas (sobre todo en pandemia). Pero las líneas 0-800-Mujeres y la de Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía no prestan servicios o tienen restricciones de horarios. Por otro lado, los órganos receptores de denuncia públicos (policías, fiscalías o tribunales) se resisten a tomar la denuncia re victimizando a las mujeres en todo el proceso.

Otra situación grave son las casas de abrigo; en teoría es donde se pueden albergar a las mujeres víctimas de violencia machista. Según el Instituto Nacional de la Mujer, estos espacios deben ser discretos, confidenciales y seguros para hospedarlas a ellas y sus hijos, tal señala el Art. 20 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, desde el 2012 muchos de estos espacios estaban completamente desbordados y casi en colapso. Hoy todos estos espacios para las mujeres erosionaron con la crisis, están desmantelados o el gobierno dejó de enviarles los recursos tanto para las víctimas como a sus trabajadores. Hay información no oficial sobre que la gran mayoría, sino todas, han dejado de funcionar.

El dolor y la rabia ante cada femicidio reafirma la necesidad del movimiento de mujeres de no abandonar nunca las calles. Es urgente que fortalezcamos el grito de “Ni Una Menos” en Venezuela, siguiendo el ejemplo de toda Latinoamérica y el resto del mundo. Porque nuestra mejor arma es la movilización y la organización contra la violencia a las mujeres y que esto nos permita señalar quiénes son los responsables. ¡El Estado es responsable! No tenemos ningún compromiso político con el gobierno hambreador y represivo de Maduro, negligente y sin ningún tipo de políticas públicas. Denunciamos que cuando hay un femicidio el Estado es responsable.

¡Frente a la gran deuda con nosotras es necesario un verdadero plan de emergencia contra la violencia machista!

• Exigimos que el Gobierno de Maduro designe un presupuesto de emergencia para la protección de las mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGTTBI que hayan sido víctimas de violencia de género.

• La activación y construcción de Casas de Abrigo de Emergencia que cumplan con los debidos protocolos y recomendaciones de las autoridades sanitarias, para acoger a mujeres y niños víctimas de violencia, para quienes permanecer en casa con el agresor representa peligro de muerte.

• Poner a disposición los hoteles y las viviendas ociosas: estos ambientes y las habitaciones de los hoteles que se encuentran completamente vacías y en desuso durante la cuarentena, deben ser puestos urgentemente en disposición para las víctimas de violencia machista y sus hijos.

• Que se le asignen viviendas gratuitas a las mujeres que sufren de violencia de género.

Por un salario igual a la canasta básica familiar ¡Basta de precarización y miseria!

El deterioro de nuestras condiciones de vida en medio de la catástrofe económica es brutal, el gobierno de Maduro lleva años imponiendo un gran paquetazo capitalista con salarios de extrema pobreza, además de eliminación de un plumazo de las contrataciones colectivas, derechos históricos de la clase trabajadora en Venezuela.
Actualmente se necesitan 138.4 salarios mínimos mensuales para cubrir la canasta básica alimentaria. El salario mínimo oficial en Venezuela ha caído hasta menos de los 2$ dólares por mes. Las constantes mega-devaluaciones y la hiperinflación han destruido la vida de las familias obreras y populares, situación que se ha agudizado más con la llegada de las sanciones imperialistas. Una situación angustiante en medio de la catástrofe económica y la crisis sanitaria del Covid-19.

Profundicemos cómo es la vida de las mujeres en Venezuela.

Según cifras del mismo Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del 2013, por cada 100 hombres viviendo en pobreza, teníamos 107 mujeres; y 112 por cada 100 varones en pobreza extrema. Las madres a cargo del hogar viven el drama de cómo alimentar a sus hijos, según estudio del 2016 hecho por la organización Caritas (ONG), la proporción total de niños menores de cinco años con déficit nutricional aumentó de 54% en abril a 68% en agosto.

En 2017, en el 33% de los hogares consultados las mujeres dejaron de comer alguna vez en medio de la crisis, y en 60% se ubica el número de las mujeres que han postergado o rezagado sus necesidades alimenticias para favorecer a otros miembros del grupo familiar. Como consecuencia, 67% de las mujeres han perdido 10 kilos de peso en los últimos años, según el Centro Hispanoamericano para la Mujer (Freya).

Con respecto al mundo laboral, según el último estudio del INE, en el 2011 el 39% de los hogares dependía principalmente de una mujer, a pesar de esto señala que en el 2016 se observó una disminución de las mujeres de la población económicamente activa, de unas 308.507 personas, al tiempo que la población inactiva que se dedica a los “Quehaceres del hogar” aumentó a unas 428.330 personas. En este sentido algunos, datos del INE del 2016 plantean que el abandono de un porcentaje importante de la población femenina del mercado laboral impacta en los ingresos de los hogares.

Algo muy grave es que el 55% de las mujeres señala que había renunciado a su trabajo (la mayoría por razones asociada al cuidado de los hijos e hijas), mientras que el 45% alega que fueron despedidas, tanto en el sector público como en el privado, refiriéndonos la población femenina que quedo fuera del mercado laboral. El 56% de las mujeres señala que el dinero que percibe mensualmente no alcanza para cubrir los gastos de alimentación para ella y sus familias. Como consecuencia de los salarios de hambre los asalariados del país tienen que resolverse haciendo, además de su trabajo, los más diversos oficios, alguna labor como comerciante o “de lo que salga”, tan solo para “medio completar los ingresos”.

La mayoría de las mujeres sufrimos una doble y hasta triple jornada laboral, nos referimos a que estamos obligadas a vender nuestra fuerza de trabajo por salarios miserables, esto se da en las empresas del Estado, la administración pública o en las empresas privadas, para luego regresar al hogar y emprender labores domésticas, siendo este un trabajo que no es reconocido ni remunerado, es decir, evidencia cómo en este sistema capitalista y patriarcal hay una naturalización de que el trabajo doméstico recaiga en los hombros de las mujeres. A todo esto, le agregamos las extenuantes horas y malabares para conseguir alimentos, medicinas, el gas, además de una tortuosa experiencia con el transporte público.

Las mujeres estamos sobrer representadas en las cifras de pobreza, precariedad e informalidad laboral y esto no está escindido, por lo tanto, de las condiciones en que se desenvuelve nuestro trabajo reproductivo.

Organizarnos para luchar

Toda mujer en cualquier espacio público, de trabajo, de sindicato, colegio, universitario, organización, colectivos, debe incentivar estas discusiones para que todas, como luchadoras, exijamos y denunciemos a los responsables que impiden nuestra libre elección. Necesitamos un movimiento y organizaciones independientes de mujeres del Gobierno de Maduro y todas las variantes de la oposición de derecha, que por supuesto tampoco ha movido un dedo para este derecho pues están también en contra.

El gran reto es recuperar nuestras capacidades de lucha lo que implica fortalecer los espacios democráticos por ejemplo asambleas en los puestos de trabajo que nos permita organizarnos contra la destrucción del salario, contra los despidos, la persecución a los que luchan, contra la precarización de nuestras vidas. Consolidar un movimiento de mujeres que frene la violencia machista, que ponga en el centro de la escena nacional el gran problema de los femicidios, no queremos seguir muriendo. Que juntemos las fuerzas en las calles para poder arrancarle al Estado nuestro derecho se decidir sobre nuestro propio cuerpo, basta de criminalización a quien se lo practican, basta de abortos clandestinos que las que más sufren son las mujeres trabajadoras y de los sectores populares.

Frente a las calamidades que nos ha impuesto a punta de represión y paquetazos económicos decimos ¡QUE NO!, nuestro camino es el de la juventud rebelde, junto a la clase trabajadora, que sufren sus carnes el aumento de la precariedad, junto con las mujeres que sufrimos la opresión patriarcal y la explotación del capitalismo. El Estado nos quiere condenar, desde Pan y Rosas queremos convertir supresión en rabia, esa rabia en organización y esa organización en lucha por nuestros derechos más elementales, por un verdadero feminismo socialista, y con la perspectiva estratégica de la revolución socialista, para acabar con este sistema de explotación y sentar las bases para la completa emancipación de las mujeres.

En ese camino, apostamos a que las mujeres trabajadoras –las más oprimidas entre las oprimidas, las más explotadas entre los explotados– encabecen la lucha por su propia emancipación, convenciendo a sus hermanos de clase de la importancia que tiene incorporar la lucha contra el machismo en el programa revolucionario del movimiento obrero, a las más amplias masas femeninas de unirse a las filas proletarias para derrocar el capitalismo patriarcal que hoy nos oprime.






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