Política Venezuela

BONAPARTISMO

Se aprueba la “Ley contra el odio” de Maduro en la que se violan derechos democráticos y se criminaliza la protesta

Una Ley que habla de "erradicar cualquier forma de violencia política", “odio” y de “intolerancia política”, que apunta más bien a un mayor sometimiento social y político aumentando las medidas autoritarias del gobierno nacional.

Sábado 11 de noviembre | Edición del día

La Asamblea “Constituyente” del chavismo aprobó el pasado miércoles la llamada “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” que impulsó el gobierno de Maduro y que había presentado a dicho organismo a comienzos de agosto. La misma consta de 25 artículos y dos disposiciones transitorias, entre las que se destacan penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos que incurran contra lo establecido en dicha Ley.

Cuando Maduro presentó esta Ley declaraba que: “Ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente”. En esa ocasión, determinaba que la “ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la violencia”, buscaría “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos”.

Sus dardos supuestamente iban dirigidos contra los partidos de la oposición en función de lo acontecido durante los más de cuatro meses y medio en que se tensionó la vida política del país, haciendo alusión a que su fundamento inicial serían los horrendos crímenes de odio, o linchamientos, que se cometieron en el marco de manifestaciones convocadas por la MUD, en los que se llegó a quemar a personas vivas, falleciendo varias de ellas, otras quedando con secuelas para toda la vida.

Pero en verdad, aprovechándose de esta situación -que digamos no es exclusividad de la oposición sino del propio chavismo con el accionar de las bandas parestatales que el gobierno deja correr amedrentando a la población- lo que se busca establecer en todo un entramado político que “en nombre de la intolerancia” y “contra el odio” el gobierno podrá aplicar a manera y conveniencia cualquier acción que considere que es “intolerante”, y con ello buscar, así como controlar, someter o silenciar cualquier voz que discordara con el gobierno.

Si no veamos, cuando en su presentación de la Ley Maduro sentenció que “personas que salgan a las calles a expresar intolerancia, violencia y odio serán capturados y castigados con penas de 15, 20 y 25 años de cárcel”. Es decir, que no se trata ya de sancionar crímenes como los señalados arriba, sino de la posibilidad de ser juzgado y sentenciado por incurrir en una manifestación en lo que el gobierno y su justicia considere “expresión de intolerancia, violencia y odio”.

En su primer artículo indica que tiene por objeto para “contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar todo tipo de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia". Partamos de definir que se engloba en hipócrita discurso, pues es de destacar desde ya que es el propio gobierno quien promulga una Ley que ya de por sí la viola constantemente, siendo el propio Estado quien, al tener el monopolio de la violencia, la ejecuta abiertamente con los saldos ya conocidos para hacer control social y político en las zonas populares y los barrios pobres en nombre de un supuesto “combate a la inseguridad” y reprimir cualquier lucha social, política y de trabajadores.

Ya en su Artículo 4 se refiere a esta Ley para “prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos”. Para ello crea una “Comisión para la Convivencia Pacífica” que estará encargada de “prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo”. ¿Pero qué es la “intolerancia política” para el gobierno de Maduro? Obviamente todo aquello que discrepe con las políticas gubernamentales y que organizaciones sociales, políticas y de trabajadores lo hagan manifiesto públicamente con actos, manifestaciones y/o formas de lucha. ¿Quién es el “intolerante político”?, el propio gobierno lo “discernirá” en función de sus intereses.

Por ejemplo en el país ya existe todo un entramado legal que criminalizaba las luchas, llegando a abrir el camino a definir como “terrorismo” medidas de luchas y actividades políticas, y a legalizar el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones. Estas leyes existen pues para el gobierno implican incitación a la “violencia”, al “odio” y claro está a la “intolerancia política” con respecto a la política gubernamental. Así lo sintieron por ejemplo los trabajadores de la empresa Mitsubishi que fueron víctimas de la violencia y de la “intolerancia”, cuando justamente, el actual Fiscal impuesto por esta fraudulenta ANC, Tarek William Saab, fue responsable del asesinato de dos obreros en lucha, producto de una violentísima represión ordenada por él, siendo gobernador de Anzoátegui, para defender los intereses de la transnacional imperialista Mitsubishi.

En el ámbito político, en referencia a las organizaciones políticas, se prohíbe expresamente a los partidos promover "el fascismo, la intolerancia o el odio" de cualquier tipo "que constituya incitación a la discriminación y la violencia"; y establece que las formaciones que incurran en estas faltas no podrán participar en procesos electorales. El centro de gravedad de la ley está en el artículo 20, que textualmente indica: "Quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años".

Este apartado abre la posibilidad de que cualquier opinión que sea expresada "mediante cualquier medio apto para su difusión pública" pase a ser evaluada bajo los parámetros de esta ley, por lo que formas de expresión como los comentarios de los ciudadanos comunes en las redes sociales podrían convertirse en pruebas de sus propios delitos. También hace referencia a "la responsabilidad en las redes sociales", y en cuanto a los medios de comunicación se prevé multas de hasta 100.000 unidades tributarias por la difusión de expresiones de “odio e intolerancia”.

En todo el entramado de los 25 artículos que componen la Ley y que hablan de "erradicar cualquier forma de violencia política" y de “intolerancia política” en verdad lo que tenemos es la búsqueda de silenciar toda voz que exprese un descontento contra el gobierno, sea vía organizaciones políticas, sociales o de trabajadores. Pues quienes emitan opiniones contrarias al gobierno, incluso en espacios como Twitter, Facebook e Instagram, pueden ser sancionados hasta con penas de cárcel. Pues el gobierno, con premeditación establecida, es quien determinará qué es “intolerancia política”, “incitación al odio” o “violencia política”.

Todo esto lo impulsa el mismo Presidente que gobierna bajo un estado de excepción permanente, con grandes restricciones a los derechos democráticos a la manifestación y huelga, cada vez más sostenido en las FF.AA. y la represión, e impuso una fraudulenta Asamblea Constituyente que se arroga poderes plenipotenciarios y supraconstitucionales. ¿Acaso no fue cuestión de “intolerancia política” el hecho de que el propio gobierno que adelantó una agresiva campaña de intimidación y chantaje para obligar a trabajadores del Estado y habitantes de los sectores populares a votar en esa farsa de de “Constituyente”, cumpliendo en muchos casos su amenaza de despedir a quienes no acudieran a votar (ver aquí).

Con esta Ley aprobada por la “Constituyente” del chavismo a pedido explícito de Maduro, se crea una especie de “comité de salud pública” bajo el nombre de “Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica”, aunque esté presentada con la excusa de hacer frente a crímenes de odio, lo que puede esperarse es un salto en el avasallamiento de derechos democráticos, un mayor autoritarismo así como la criminalización de la protesta. Una ley que podrá ser usada también por la propia derecha en un eventual gobierno suyo, contra las luchas obreras y populares, y la disidencia política en general.








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