LA POLÉMICA SOBRE LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA POLICIAL

Tribuna abierta a Keymer Ávila: "¿Cuál es el debate?"

El diario gubernamental Ciudad Ccs se negó a dar el derecho a réplica al profesor e investigador objeto de falsas acusaciones y estigmatización en sus páginas. Abrimos esta tribuna en La Izquierda Diario para publicar su réplica.

Martes 17 de diciembre de 2019 | 19:14

La violencia policial contra la población de los sectores populares, y con particular ahínco sobre sus jóvenes, quienes son las principales víctimas de estas políticas, son una cruda realidad que se padece a lo largo y ancho del país. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) que impulsamos este diario, hemos denunciado desde hace muchos años –incluyendo los de los gobiernos de Chávez– el carácter de clase de esas políticas de seguridad y la consecuente criminalización de la pobreza. Es un tema particularmente importante para nosotros y, al respecto del mismo, hemos entrevistado en ocasiones anteriores a Keymer Ávila (ver aquí y aquí).

En esa ocasión abrimos nuestros espacios para publicar el artículo de opinión que enviara a Ciudad Ccs para su derecho a réplica. Sin necesariamente coincidir con todas las ideas expresadas por el autor, compartimos el derecho democrático a expresar su punto de vista ante los señalamientos estigmatizantes de que fue objeto en un medio gubernamental; y sobre todo, compartimos lo fundamental de “lo que está de fondo” en esta polémica: el derecho a investigar, divulgar y poner en discusión la realidad de la violencia estatal policial contra los sectores populares. Como señalan en la incipiente campaña que se ha comenzado a plantear a propósito de esta polémica: #LosDatosNoSonElProblema #ElProblemaSonLasMuertes.

Hace poco publicamos el comunicado que diversos investigadores y académicos han puesto en circulación en apoyo de Ávila. Ahora ponemos a disposición de nuestros lectores y lectoras este artículo con su posición.

* * *

¿Cuál es el debate?

Por Keymer Ávila

Recientemente se ha emprendido una serie de rumores, descalificaciones y ataques hacia mi persona y mis investigaciones, a través de diversas redes, a los que había decidido en su momento no atender porque no era ni mi debate ni mis espacios. Me involucraron en esas discusiones de manera subrepticia e inconsulta, posiblemente para ocultar sus propios errores tratando de utilizarme como chivo expiatorio. Pero ya que la maraña de chismes, informaciones falsas, propaganda y manipulaciones partidistas ha llegado a un medio oficial como Ciudad Caracas, considero necesario manifestar mi posición al respecto, así como desmentir varios señalamientos que se me han hecho:

1. Desde hace casi 15 años me he dedicado al estudio y análisis crítico del sistema penal en Venezuela, parte de este trabajo se encuentra en unos 16 artículos publicados en revistas arbitradas especializadas, así como una veintena de otras publicaciones, capítulos de libros, e informes técnicos, todo este trabajo académico es público y de libre acceso: https://ucv.academia.edu/KeymerÁvila; https://www.researchgate.net/profile/Keymer_Avila.

2. Varias de estas investigaciones se le han consignado formalmente a las autoridades vinculadas con los temas de análisis. También se les ha solicitado con antelación sus informaciones y datos para priorizar en la información y posición oficial, lamentablemente de estas comunicaciones nunca recibo respuesta alguna.

3. Hace unas tres semanas se ha generado un debate entre algunos sectores por una campaña iniciada por una ONG que se reivindica como simpatizante de las políticas gubernamentales, en las que se denuncian ejecuciones extrajudiciales realizadas por los cuerpos de seguridad en el país, planteamiento más que legítimo, es una temática a la que le he dedicado años de investigaciones y publicaciones. Sobre la mencionada campaña es importante informar tres cosas:

  • a. No tengo ni he tenido ningún tipo de vinculación con esa ONG, por lo tanto los momentos en los que decidieron hacer su campaña, así como sus formatos, slogans, hashtags e intenciones son para mí totalmente ajenos y desconocidos.
  • b. Esta ONG utilizó para su campaña una pequeña parte de unos datos oficiales de distintos países de la región que se encuentran en un estudio comparativo más amplio, realizado por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina, cuyo capítulo Venezuela está a mi cargo.
  • c. La señalada campaña ha generado diversas reacciones entre sectores identificados con el gobierno, entre ellas ataques, descalificaciones, señalamientos falsos, campañas de desprestigio, cacerías de brujas, entre otras tácticas que buscan distraer la atención del problema principal: las muertes de los jóvenes pobres a manos de los cuerpos de seguridad.

4. El Monitor de Uso de la Fuerza Letal (MUFL), del cual formo parte, agrupa a investigadores y académicos de cinco países de la región: Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. Las instituciones a las que estamos adscritos son las siguientes: Laboratório de Análises da Violência de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, la Fundación Ideas para Paz, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Ciencias Penales de Universidad Central de Venezuela. Cada una de estas instituciones con una clara trayectoria, ampliamente conocida en toda la región por sus posiciones ante las políticas de seguridad de sus países, así como por sus investigaciones y trabajos académicos.

  • a. En el MUFL se construyeron indicadores y metodologías comunes para poder medir, analizar y comprender el uso y abuso de la fuerza letal en perspectiva comparada, con miras a la búsqueda de evidencias que sirvan de insumo para la prevención de abusos, así como una mayor seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios funcionarios.
  • d. ¿Por qué el MUFL trabajó solo con los datos de 2017? Porque fue el año completo más cercano a la fecha de inicio del proyecto, abril de 2018. Los resultados fueron publicados en agosto de 2019, se presentaron inicialmente en la UNAM y luego se difundieron por toda la región. Para más detalles sobre el MUFL: http://www.monitorfuerzaletal.com/

5. Mi actividad es académica y de investigación, no soy integrante de la Open Society Foundations, como falsa e irresponsablemente se ha señalado en el diario Ciudad Caracas. Este medio no me contactó para verificar esa información ni para contrastar mi versión sobre estos señalamientos.

6. Es preocupante que se utilicen informaciones falsas y campañas de desprestigio personal como forma de distraer la atención e intentar encubrir los problemas sociales e institucionales que padecemos como país.

7. En el marco de la señalada campaña de estas semanas también han proliferado discursos justificantes y negacionistas de la arbitrariedad y la violencia institucional desatada, que se ha incrementado durante los últimos años. Las cifras oficiales establecen claramente que durante 2018 el 33% de los homicidios que ocurrieron en el país fue consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Diariamente 15 jóvenes mueren por estas causas en el país. Estas son las cifras que el propio gobierno le entregó a la Alta Comisionada para las Naciones Unidas en julio de este año.

8. En este marco discutir si algunos de los fallecidos estaban o no involucrados en actividades delictivas es irrelevante, en el país no existe legalmente la pena de muerte, pena que está en proceso de extinción en todo el mundo; y en caso de existir ésta debe ser producto de una decisión judicial y no ser administrada discrecionalmente por parte de policías y militares en la calle. El debate es sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y su justificación en los casos concretos donde hay resultados fatales. Las denuncias de familiares y las evidencias generales señalan que en la mayoría de estos casos no se trata de enfrentamientos si no de ejecuciones sumarias.

9. Los policías también son víctimas de homicidio, lo hemos estudiado y documentado también por años, siete de cada 10 policías víctimas de homicidio no se encuentran en el ejercicio de sus funciones en el momento del hecho. La mayoría de las muertes de los policías y de los civiles que fallecen producto de su intervención son consecuencia de encuentros irregulares, emboscadas, asaltos, cacerías, donde hay un uso de la fuerza desigual, asimétrica por parte de los bandos involucrados. Las muertes en el marco de enfrentamientos reales son excepcionales (7% del total de casos del AMC, no más del 12% a nivel nacional).

10. La instrumentalización del dolor de lasmadres cuyos hijos han sido asesinados es detestable e imperdonable. Lo mismo cabe decir en general para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en su conjunto, más cuando se utiliza su violación y el drama familiar implícito como excusas para librar batallas internas de carácter partidista, rivalidades grupales, para ganar o no perder espacios de propaganda, clientelares o por mero sentido crematístico. Es un síntoma más de la crisis compleja y profunda que estamos viviendo, tal como señala Achille Mbembe, “una crisis de subsistencia tal que el valor de todas las cosas se distorsiona, incluso el de la vida y la muerte”.

Para concluir, y dejando claro que estoy lejos de pretender dar lecciones acerca de lo que podría considerar el mejor modo de defender los derechos humanos, sugiero que quienes se involucren en este tipo de actividades lo hagan poniendo de relieve genuinamente a las víctimas, con independencia de quién sea responsable de la protección y o violación de sus derechos. No existen buenos violadores de derechos, y nadie debería gozar de impunidad en forma alguna por su violación. De igual forma considero necesario desde una ética de los derechos humanos, despartidizar su defensa y protección; comprender que la lucha por su plena vigencia, constituye un objetivo de una trascendencia infinitamente superior que cualquier prevalencia de facciones o corrientes políticas domésticas o de las típicas dinámicas y alineamientos que caracterizan el debate político y geopolítico. Ello sería demostración fehaciente de coherencia y responsabilidad, requisitos sine qua non para la defensa de los derechos de todos, especialmente los de los más vulnerables, los excluidos de siempre.






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