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ALIANZA PATRONAL GOBIERNO-EMPRESARIOS
La empresa privada hace desguace con los derechos de los trabajadores, con el aval del gobierno
Ángel Arias | Sociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts

En diversas partes del país, tanto en empresas nacionales como transnacionales, con el apoyo de las instituciones del Estado se vienen pisoteando brutalmente los derechos obreros. Mostramos algunos de estos casos.

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En nuestro país la cantidad y variedad de sectores de la clase obrera cuyo patrón directo es el Estado es grande. Esto, sumado a que el gobierno ha venido encabezando un brutal ataque contra los derechos laborales y que la más reciente oleada de luchas (finales de 2018) nos tuvo como protagonistas a los trabajadores del sector público, ha hecho pasar casi desapercibido para la “opinión pública” un hecho no menos drástico: los durísimos golpes que los capitalistas privados vienen asestando a los trabajadores (además de los que descargan contra los consumidores).

Hay un sentido común bastante extendido que reza: “aquí en Venezuela el principal patrón es el gobierno”. Es una media verdad que sirve a menudo para una operación ideológica –consciente o no¬¬– que oculta el papel central de la empresa privada en la explotación de la clase obrera del país.

Para el 2015 (último año del que hay cifras oficiales) el país tenía una población ocupada de 13,1 millones, de los cuales 2,6 millones trabajaban en el sector público, lo que representa 20% del total, el restante 80%, 10,5 millones, aparece ocupado en el sector privado. En los ocupados en el sector privado no solo hay asalariados, claro está, hay trabajadores por cuenta propia, patronos, cooperativistas, etc. Los empleados y obreros del sector privado sumaban 5,1 millones, lo que sumados a los del sector público arrojaba 7,7 millones de asalariados, de los cuales entonces un 65% tiene como patrón a capitalistas privados y un 35% al Estado.

Hay sectores sindicales y políticos interesados en ocultar la dura realidad de esas dos terceras partes de la clase obrera que trabajan en la empresa privada. Y la verdad es que ahí vienen haciendo y deshaciendo con los derechos de los trabajadores, con la venia total de un gobierno que hace lo mismo con los trabajadores públicos y tiene la desfachatez de llamarse “obrerista” y “socialista”.

Gobierno y empresarios se dan la mano para golpear a los trabajadores

El gobierno, incluso, ha sido vanguardia en atacar los derechos de los trabajadores, con lo que en los hechos han sido reaccionarias contrarreforma laboral y jubilatoria aplicadas al desconocer las contrataciones colectivas y liquidar las jubilaciones con la reconversión. Como parte de eso vino el nefasto Memorando 2792 –emitido por el Ministerio del Trabajo– que, sencillamente, autoriza a todos los patronos (públicos y privados) a desconocer derechos de los trabajadores si la empresa los considera “muy onerosos” o que “ponen en riesgo la fuente de trabajo”.

Aupados por el propio gobierno, que institucionaliza y le da rango “legal” a la violación de los derechos laborales que ya en los hechos muchas empresas venían haciendo, cualquier cantidad de empresarios privados vienen desconociendo a placer los derechos de la clase obrera.

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Algunos botones de muestra

A mediados de diciembre pasado 255 trabajadores fueron echados a la calle mediante despido masivo en Manpa, en Aragua. Manpa es la empresa nacional líder en el ramo de pulpa y papel, pero afirmó “no poder” sostener 255 empleos, cuando en el país lo que se paga por mano de obra es casi inexistente, de lo más barato que hay a nivel internacional. Contó para eso con el aval del gobierno, como señaló en su momento el presidente del sindicato, fue el propio Ministerio del Trabajo quien les notificó de la reducción de personal. ¿La “inamovilidad”?, ¡bien gracias!

En la transnacional Coca Cola ese mismo mes suspendieron a más de 2 mil trabajadores a nivel nacional, nada más en la planta de Valencia fueron más de 400. Suspendidos recibiendo durante seis meses solo 60% del casi inexistente salario mínimo, un monto que, como comentaban las trabajadoras, lo obtenía la empresa vendiendo dos refrescos. Eso más un “bono solidario” de una caja de refresco. Después del período de suspensión, vendrían los despidos.

Los trabajadores cuestionaron que la empresa contaba con el visto bueno del Ministerio del Trabajo, quien avalaba eso argumentando el artículo 178 de la Ley Orgánica del Trabajo, y señalaban que el ministerio: “antes de amparar y apoyar tuvo que haber venido a evaluar los puestos de trabajo y la realidad de la producción (…) tenemos materia prima, el viernes, antes de suspendernos, se recibieron tres gandolas de azúcar, que estaban apelmazadas porque tenían seis meses almacenadas en Maracaibo”.

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En Seravian, una procesadora de pollos en Maracay, desde hace varios años venían dándose la mano la empresa y el Estado para garantizar la sobreexplotación de los trabajadores. En 2016 la patronal se negaba rotundamente al modesto aumento salarial planteado por los trabajadores en la discusión del contrato: “la empresa vende 100 mil kilos de pollo al día y solo necesita alrededor de 700 kilos para pagarle el día a los trabajadores, le quedan más de 99 mil kilos diarios para los gastos operativos y su ganancia”, señalaban.

Sin embargo, ante la intransigencia del capitalista estaban imposibilitados de hacer ninguna medida de lucha, porque apelando a las leyes sobre “soberanía alimentaria” y “acceso a los alimentos” los tribunales agrarios se lo impedían, so pena de ser enjuiciados.

Quedaban totalmente atados de manos ante la imposición patronal: no les daba el aumento y estaban obligados por el Estado a continuar trabajando sin luchar. La última estocada reciente ha sido el despido de casi toda la directiva del sindicato que venía encabezando esa lucha estos años, medida avalada por el Ministerio del Trabajo.

Actualmente, en Hypermercado Modelo de Maracay, hay una dura arremetida patronal para desmantelar el sindicato. El nuevo patrón, dueño de gran parte de los supermercados de Aragua y con largo historial de armar montajes para despedir y enviar a la cárcel a los trabajadores que se organizan, se ha propuesto hacer lo mismo aquí. Desde que asumió el control el 1ro de mayo, no cumple el contrato, cambió arbitrariamente los horarios, no reconoce la hora de comida, los hace trabajar hasta más de 10 horas sin cancelar horas extras. Ante el reclamo de los trabajadores respondió amenazándolos con las Faes y el Sebin, y despidiendo en pocas semanas a casi 30 trabajadores (el 20% de esa entidad de trabajo), incluyendo a casi todo el sindicato y delegadas de prevención, quienes gozan por ley de fuero sindical.

Los trabajadores se quejan de que la Inspectoría del Trabajo está al tanto de todo pero “no hace nada”. La empresa les dice a los trabajadores, “no pierdan el tiempo amparándose, porque en la Inspectoría hay nueve abogados que trabajan con nosotros”, y alardea de que por eso “nunca reengancha”.

En Guarenas en la farmacéutica Leti, desde el año pasado vienen peleando para evitar el cierre del turno mixto (de 3 a 10 de la noche), y actualmente la empresa usa a su favor el decreto de reducción de horario del gobierno nacional. Con la excusa del decreto impide la entrada de los trabajadores de ese turno a la empresa, mientras sin embargo hace trabajar al resto sábados y domingos y horas de sobre tiempo. Además, “la empresa tiene grandes plantas eléctricas pero se niega a resolver el gasoil para encenderlas”, dicen los trabajadores. Señalan que la empresa se sirve de ex funcionarios y funcionarios activos del CICPC, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Inspectoría del Trabajo para amedrentar a los trabajadores y facilitar los despidos.

El Grupo de Empresas Leti S.V.A. (de la marca Genven) es líder en la producción de medicamentos en el país y ha recibido dólares preferenciales del Estado, logrando crecer económicamente, sin embargo, a través de esas maniobras y amedrentamientos, ha logrado echar a la calle a unos 1.500 trabajadores, reduciendo la nómina de 2000 a 500. Los trabajadores señalan que a pesar de hacer despidos injustificados, sin el debido proceso, “en la Inspectoría de la noche a la mañana sacan los casos a favor de la empresa”. La federación sindical Fetrameco, dicen, brilla por su ausencia, “solo aparece cuando hay que discutir las cláusulas del contrato, y de paso las vende”.

“Las y los trabajadores somos parte del sistema de salud, queremos trabajar y contribuir a la producción de medicinas ya que es sumamente grave la situación para que la población consiga las vitales medicinas”, dicen.

Hace poco, en Lara, más de una decena de trabajadores de la transnacional Mondelez, ex Kraft, tuvieron que pasar varios días en huelga de hambre frente a la empresa para reclamar sus derechos elementales, contra el pacto de la empresa y el sindicato. Con el agravante que luego de publicadas las noticias las censuraron y las eliminaron de las páginas de los medios.

Urge la unidad de los trabajadores para hacerle frente a la unidad del gobierno y los empresarios

Esta realidad se vive a lo largo y ancho del país, la constante es la alianza reaccionaria, antiobrera, entre las instituciones del gobierno y los capitalistas privados, alianza que incluye el uso de cuerpos represivos, bien sea que se hacen presentes para intimidar a los trabajadores o directamente amenazarlos con llevárselos presos. En muchos casos los ataques apuntan a desmantelar las organizaciones de los trabajadores, bien sean sindicatos o delegados/as de prevención, para “limpiar el camino” para imponer la más brutal superexplotación.

Ante toda esta arremetida patronal, la burocracia sindical del PSUV, la central “socialista” (CSBT), cumple un papel de total traición a los trabajadores, pues ni por equivocación se le escucha siquiera una declaración de rechazo al accionar patronal y gubernamental, mucho menos plantear alguna medida de lucha seria. Por otro lado, las burocracias sindicales que obedecen a los partidos de la oposición de derecha, solo son “antipatronales” cuando se trata del sector público, pero alaban a la empresa privada y quieren que los trabajadores seamos furgón de cola de un proyecto político que estará al servicio de darle mucho más poder a esos empresarios que hoy hacen desguace con los derecho de la clase obrera.

Los trabajadores necesitamos la unidad de las filas obreras, tanto los del sector público como de las empresas privadas padecemos los terribles ataques patronales. La situación es bastante adversa, pero los será más si no sabemos ubicar claramente a nuestros amigos y nuestros enemigos. Necesitamos coordinarnos para resistir juntos, vencer el aislamiento que nos hace más débiles, y hacerlo con una perspectiva de independencia de clase, es decir, sin subordinarnos a proyectos políticos que son patronales, que representan los intereses de los que nos golpean diariamente, es decir, el gobierno y los empresarios. El recién conformado espacio de “Trabajadores en Lucha”, puede jugar un papel importante en ese sentido.

 
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