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EL GOBIERNO AUTORITARIO Y REPRESOR EXIGE “RESPETO”
Bajo libertad condicional la joven clarinetista que habría expresado “odio” hacia Maduro y la GNB

Karen Palacios pasó mes y medio presa en la DGCIM luego de haber denunciado discriminación laboral por su posición política. El gobierno argumenta desde la “ley contra el odio”. Sufrió aislamiento, tratos crueles y tortura psicológica. Un caso más de represión e intimidación.

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Según declaraciones de Tarek William Saab –Fiscal General designado por la fraudulenta “Constituyente”– en una entrevista televisiva el día de ayer (16/07), la joven músico sería liberada bajo régimen de presentación, lo que finalmente ocurrió entrada la noche de este martes. Karen Palacios tenía boleta de excarcelación emitida por un tribunal desde el 18 de junio, sin embargo, pasado casi un mes, seguía encarcelada por voluntad del organismo militar, o del alto Gobierno, no se sabe realmente.

El caso trascendió cuando la joven artista denunció a través de su cuenta de Twitter haber sido rechazada para un contrato en la Filarmónica Nacional “por haber firmado” contra Maduro. El 26 de mayo Karen comentó que llevaba tres meses tocando como 1er clarinete de la orquesta, a la espera de la audición para optar al contrato, que nunca tuvo quejas de su labor ni ningún inconveniente con su trabajo, pero que ese día, “después de la novena función del ‘Popol Vuh’ me comunican que mi contrato fue rechazado”.

La razón sería su posición política. “Ahora me pregunto yo –comentaba en el mismo hilo–, cuando ellos me llamaron para ofrecerme el contrato, ¿por qué no me dijeron que era requisito pensar igual que ellos?, lógicamente no hubiese tocado todo este tiempo”.

La denuncia rodó ampliamente en los grupos de Whatsapp y demás redes sociales, cobrando notoriedad pública. Su cuenta de Twitter empezó a crecer rápidamente en seguidores. El gobierno y sus defensores en las redes respondieron poniendo a rodar lo que serían las verdaderas “razones” para la retaliación contra ella: habría llamado a asesinar al Presidente y a los guardias nacionales a través en mensajes en esa red social.

Karen Palacios había escrito en un tweet que un día despertó luego de haber soñado que Maduro había muerto, y que despertó feliz. En otro momento, también expresó algo como “esto se va a acabar cuando todos nos unamos y amanezcan diez guardias nacionales muertos”. Los tweets habrían sido borrados luego, pero el Gobierno tenía ya noticias de los mismos y por eso le fue negado el contrato en la orquesta para el cual la habían llamado y por el cual tenía tres meses tocando en la misma.

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En respuesta, seis días después de su denuncia pública, el 1ro de junio, Karen fue llevada detenida a la sede de Boleíta (Caracas) de la temida Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).

Sus familiares no habían querido sacar a la luz pública el hecho, porque les aseguraron en el organismo que el asunto se solucionaría rápido, y mejor aún si no trascendía. Sin embargo, como señaló Yudith Pérez, madre de la joven, en un video difundido hace pocos días, les habían asegurado que saldría pronto bajo libertad condicional, de hecho, el 18 de junio salió su boleta de excarcelación, sin embargo, pasado casi un mes desde entonces, seguía presa y ahora, según les informaron, desde el 8 de julio estaba en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques –que como todos sabemos es un centro penitenciario de los llamados de “alta peligrosidad”.

En el video la madre cuenta que desde el día de su detención pasaron 29 días que no les permitieron verla, prácticamente un mes aislada de sus familiares, y que fue sometida a tratos crueles y torturas psicológicas. “Le decían que la iban a matar”, estaba confinada en los sótanos de la DGCIM en una pequeña celda sin ningún tipo de ventilación, junto a 10 mujeres más –algunas de las cuales habían pasado por torturas físicas–, donde solo cabían dos literas, sin espacio para caminar y sin poder dormir. En todo ese tiempo, solo en dos ocasiones la sacaron de esa celda.

Tarek William Saab argumentaba ayer en “Vladimir a la 1”, que estaba detenida por “instigación al odio”, por unos tweets que “incitaban al asesinato del Presidente” y que “luego borró”. “Instigación al odio” es un “delito” que figura en una de las primeras leyes que se el Gobierno promulgó desde su farsa de “Constituyente”, la “Ley contra el odio”, que con el argumento de combatir los horrendos crímenes de odio que efectivamente suceden, en realidad lo menos que apuntaba era a eso, sino a funcionar como un instrumento más de criminalización de la disidencia política y el descontento social. “Personas que salgan a las calles a expresar intolerancia, violencia y odio serán capturados y castigados con penas de 15, 20 y 25 años de cárcel”, sentenció Maduro al presentar el proyecto de ley.

Como en su momento dijimos “con una ley como la presentada ayer por Maduro, y una ANC que se cree un ‘comité de salud pública’, aunque esté presentada con la excusa de hacer frente a crímenes de odio, lo que puede esperarse es un salto en la criminalización de la protesta”.

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La presión ejercida por la denuncia de la madre de Karen Palacios forzó que fuera liberada ayer. Sin embargo, tiene prohibido hablar a los medios de comunicación, usar redes sociales y salir del país, además, debe presentarse cada 30 días ante el tribunal.

El caso de esta joven expresa una realidad más extendida: son decenas de personas quienes permanecen presas aún teniendo órdenes de libertad emitidas por tribunales, pero permanecen encarceladas por decisión de los militares que los tienen bajo su custodia. Una muestra del poder que los militares tienen sobre el resto de las instituciones, y unos de los rasgos más claros de un régimen donde prácticamente los militares co-gobiernan con Maduro.

En este caso, no se trata de tener acuerdo con los comentarios (reales o infundados) que habría hecho esta joven, sino de rechazar lo que es claramente una muestra más del autoritarismo y persecución con que actúa un gobierno que pisotea la voluntad popular y que tiene las manos llenas de sangre, pero exige que la gente no le exprese “odio”.

Es el gobierno que en los últimos años ha dado rienda suelta a los más descarados desmanes de los cuerpos represivos y sus grupos parapoliciales tanto contra manifestantes, cobrándose la vida de aproximadamente cien personas solo en 2017, muchos de los cuales eran jóvenes, como también contra las casas, residencias y propiedades de quienes protestan. Que en 2015 autorizó, con la Resolución 8.610, el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones. En diversas ciudades del país son decenas los habitantes de sectores populares que, por participar de acciones desesperadas como los saqueos, han muerto por causa de la represión, y cientos los que por esa misma razón han sido sometidos a juicios militares. El Gobierno allanó la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay para apresar estudiantes y someterlos también a juicio militar. Entre el 21 y el 23 de enero de este año sometió a muchos barrios a una dura represión con las FAES, que se cobraron decenas de muertos en esos pocos días, haciendo allanamientos masivos de las casas, sin orden judicial alguna y aplicando en muchos casos ejecuciones extrajudiciales contra quienes “tenían antecedentes”, todo como castigo en esas zonas populares que salieron a protestar con contundencia contra el Gobierno. Es un gobierno asesino.

Los hechos de represión y abusos generados por parte de los cuerpos represivos son innumerables, estamos en un país donde el poder y la impunidad que ostentan los guardias nacionales, policías y militares son enormes, infundiendo temor (y terror) entre amplias franjas de la población. Razones para “odiarlos” no le faltan a millones de personas.

Y no hace falta estar con el otro polo de la actual pugna, la oposición de derecha apoyada en el imperialismo estadounidense, para oponerse férreamente al autoritarismo de Maduro y las FFAA. Quienes impulsamos este diario hacemos parte de la izquierda revolucionaria que siempre nos mantuvimos independientes de Chávez, y denunciando cada paso que atentara contra las libertades democráticas, así como también recientemente, sin dar ningún apoyo a Maduro, nos opusimos resueltamente a la ofensiva golpista de quienes con doble moral hablan de “derechos humanos” mientras apelan a un golpe con estas mismas FF.AA. corruptas y represoras (con las que aspiran a gobernar), anhelan una intervención militar externa, ensalzan a asesinos como Simonovis, y acogen a responsables del esquema de represión y tortura que se pasan a su bando, como Carvajal o Figuera.

Desde la moral de haber sido intransigentes con la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas ante el chavismo, y combatir también cualquier tentativa golpista e intervencionismo imperialista, seguimos denunciando con fuerza el autoritarismo y la represión de Maduro y las FF.AA., de lo cual el caso de Karen Palacios es solo una muestra más.

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