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La Izquierda Diario
4 de diciembre de 2020 Twitter Faceboock

AMÉRICA LATINA
28S: el reclamo del aborto legal en América Latina
Celeste Murillo | @rompe_teclas

Este día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe encuentra un continente cruzado por la criminalización, pero también de lucha por el aborto legal.

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El 28 de septiembre de 1871, Brasil sancionaba la ley de Libertad de Vientres, que consideraba personas libres a los hijos e hijas de las esclavas. En 1990, el V Encuentro Feminista Latinoamericano eligió esa fecha como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe, también conocido como Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.

Los únicos países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay. Está prohibido en todas las situaciones] en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua (algunos, como este último, desmontaron legislaciones para soldar sus alianzas con el clero). En el resto del continente, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Este mapa resulta en una virtual ciudadanía de segunda categoría para la mitad de la población y, sobre todo, en riesgos para la salud y la vida de la mayoría de las mujeres.

En América latina y el Caribe se realizan 6,5 millones de abortos al año. La criminalización se traduce en que 760.000 mujeres sufran complicaciones por abortos inseguros cada año. La pandemia empeoró el escenario: el menor acceso a la salud encendió todas las alarmas sobre el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros.

En un contexto de movilización contra la opresión y por el impacto de la marea verde argentina de 2018, el derecho al aborto se instaló entre los principales reclamos del feminismo y los movimientos de mujeres. Forma parte de agendas políticas tan diferentes como República Dominicana, Brasil, México o Argentina, que son hoy cuatro puntos calientes de debate en la región.

República Dominicana

En febrero de 2020, una crisis política culminó en el llamado anticipado a elecciones y un nuevo gobierno en República Dominicana. El presidente electo Luis Abinader prometió incorporar las tres causales de riesgo de vida, embarazo inviable y violación para despenalizar el aborto. Hoy, en medio del debate para reformar el Código Penal, las mujeres le exigen que honre su palabra.

Laury Rosado es feminista y activista social, es parte de la juventud que se plantó en la plaza cuando empezaba el año. “El debate siempre ha estado latente, pero la muerte de Rosaura Almonte Hernández esperando un aborto para poder hacer un tratamiento oncológico generó mucha repercusión”. En el debate actual, parece imponerse la maniobra de presentar una “ley especial” sobre el aborto (sin texto ni fecha) para facilitar la aprobación del Código. “El gobierno sabe que la presión social lo llevó hasta donde está y ellos tienen una deuda moral, principalmente con ‘los jóvenes de la plaza’, que están a favor de las tres causales”. Hoy este derecho elemental es la variable para equilibrar las expectativas y las presiones de las Iglesias (con funcionarios en el gobierno). “Si aprueban el Código sin las tres causales, estamos fritas”, dice Laury, por eso se preparan para hacerse oír. El próximo 29S las dominicanas preparan un nuevo plantón frente al Congreso Nacional.

Brasil

Brasil mostró una de las peores caras de la criminalización. La única forma para que una niña de diez años, víctima de una violación intrafamiliar, accediera a una interrupción legal del embrazo fue ingresar escondida en el baúl de un auto a un hospital de Recife (Pernambuco). Para llegar hasta ahí viajó casi 2.000 kilómetros porque en su ciudad los médicos se negaron a realizar el aborto. Grupos antiderechos intentaron impedirlo, “los diputados de extrema derecha, como Clarissa Tercio del Partido Social Cristiano, organizaron la marcha y le gritaban asesina por las ventanas del hospital”. “El movimiento de mujeres de Pernambuco, donde vivo, fue al hospital para garantizar el derecho de la niña”; esto lo cuenta Janaína Freire, historiadora, profesora universitaria y militante de Pao e Rosas. El aborto se realizó pero, en respuesta, el presidente Jair Bolsonaro emitió el 27 de agosto el decreto 2282, que obliga a las y los profesionales de la salud a informar a la Policía cuando una mujer solicite un aborto por violación.

El nuevo decreto exige a las mujeres presentar “evidencias”. “Se piden dos documentos, uno donde deben declarar ser concientes de que pueden ser responsabilizadas del crimen de falsedad ideológica y aborto, si se probara que no fueron violadas”. La crueldad estatal es una entre muchas del gobierno de Bolsonaro, pero se inscribe en un patrón de criminalización. “Para entender cómo llegamos a este punto, es necesario recordar que el PT [Partido de los Trabajadores] gobernó el país 14 años y no avanzó en la legalización del derecho al aborto, todo lo contrario, los sectores reaccionarios que hoy celebran el decreto son los mismos con los que se hicieron pactos, como el Acuerdo Brasil-Vaticano y la Carta al Pueblo de Dios”. Más allá de las declaraciones de los presidentes Lula y Dilma Roussef, esos pactos se tradujeron en bloqueos para tratar el derecho el aborto como un tema de salud pública. El 28S, hay varias movilizaciones convocadas en diferentes ciudades de Brasil y las calles brasileñas volverán a encontrarse con las que siempre estuvieron en la vereda opuesta a Bolsonaro.

México

El rechazo de la Corte Suprema a la propuesta del Congreso del estado de Veracruz para legalizar el derecho al aborto es la batalla mexicana más reciente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había incluido en sus promesas el aborto legal. Pero pasaron dos años y sigue criminalizado, con excepción de la Ciudad de México y Oaxaca, donde se despenalizó en 2007 y 2019 respectivamente. “Fue gracias a la lucha de organizaciones feministas y del movimiento de mujeres”, cuenta Lucy González, que es trabajadora precaria de la salud en la Ciudad de México (CDMX). “En la CDMX se avanzó en la despenalización, no en la legalización. Esto significa que el gobierno de la Ciudad dejó de criminalizar el aborto durante las primeras 12 semanas y sin que las mujeres tengamos que justificarlo. Pero la interrupción se reconoce como un servicio de salud y no como un derecho”. Aunque parezca un detalle, lo que explica Lucy es vital, porque deja a las mujeres a merced del mercado: “solamente se habilitaron 13 clínicas públicas en una ciudad con más de 4 millones de mujeres más las que vienen de otros estados. La Ciudad no construyó más hospitales públicos especializados en interrupción del embarazo, pero sí dio cientos de permisos a clínicas privadas que ofrecen el servicio con un costo de entre 2.500 y 5.000 pesos”. El salario mínimo es de 3.700 pesos, imagínense lo que representa para una trabajadora o una estudiante.

¿El rechazo de la propuesta de Veracruz podría bloquear otros avances en el debate? Lucy González cree que no y, “que va más allá de las iniciativas legislativas presentadas en los congresos locales y nacional. Sigue siendo una de las demandas más sentidas en el movimiento de mujeres en México”. Es militante de la agrupación Pan y Rosas y se preparan para volver a la calle: “ya hay convocatorias a movilizaciones, mitines y pañuelazos para este 28 de septiembre, contemplando medidas sanitarias”.

Argentina

Dos años después del rechazo del Senado, el aborto sigue criminalizado en Argentina. Cada tanto, el presidente Alberto Fernández renueva la promesa de presentar un proyecto para su legalización, pero, como el peso argentino, su palabra se devalúa. La principal excusa es el estrés que provoca la pandemia sobre el sistema de salud. Uso esa palabra porque números como los del Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos contradicen el argumento. “Entre los años 2005 y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil”. La legalización reduciría el 98 % de esas internaciones y “redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID 19”.

Además de los riesgos para la salud, la criminalización es un problema acuciante. En Argentina hay presas por abortar, pero lo que más empuja a la clandestinidad es el miedo a la persecución legal. “El Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica”, es una de las conclusiones de la organización internacional Human Rights Watch, que elaboró un informe en base a opiniones y experiencias de especialistas, mujeres y personas con capacidad de gestar que solicitaron interrupciones legales.

Cada día sin legalización significa persecución y muertes evitables, mujeres y niñas con nombres e historias. No se trata de estar a favor o en contra, sino de garantizar el derecho elemental a decidir y que no sea un lujo para las mujeres que pueden pagar una clandestinidad segura.

Este artículo fue publicado en No somos una hermandad, un newsletter sobre feminismo y cultura de La Izquierda Diario y El Círculo Rojo. Acá podés suscribirte a este y otros newsletter

 
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