Situaciones irregulares son reportadas desde Barcelona en torno al accionar de Polibolívar en el marco de la Pandemia de Covid-19, detenciones ilegales y un asesinato premeditado entre lo más repudiable, además de un presunto abuso de poder por parte de la entidad municipal.
Martes 5 de mayo de 2020 | 22:22
En plena crisis nacional a causa del nuevo coronavirus, el director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui (FDDHHANZ), Alcides Magallanes, señaló en los últimos días su disposición de investigar el grave abuso de poder perpetuado por un gran número de alcaldes a nivel nacional, haciendo especial énfasis en la entidad municipal local, debido a las últimas actuaciones fuera del marco de la ley que ha llevado a cabo el órgano policial de dicha entidad.
Estas detenciones denunciadas por el director de FDDHHANZ estarían tratándose de la privación de libertad a personas que no cumplen las medidas del estado de alarma decretado el pasado 13 de marzo (Decreto N° 4.160).
La policía estaría apoyándose en dicho decreto para llevar a cabo los arrestos, pero lo infame resultaría la presentación de estos casos ante el Ministerio Público por supuesto desacato a la ley. Magallanes también remarcó el límite de rango de acción que tendría el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz ante estos casos, ya que no se contemplan medidas de aprehensión contra estos normalmente, puesto que nadie puede ser judicializado por no llevar en dado momento “tapabocas” o permanecer en grupo en la calle.
Tales acciones abusivas serían en su mayoría ordenadas directamente por el alcalde de Barcelona, Luis Marcano, según lo declarado por la vocería de FDDHHANZ, quien ya hizo llamado al Fiscal General designado por la “Constituyente”, Tarek William Saab, para poner fin a esta denigrante situación, que solo conduce a profundizar el control policial de la población, las arbitrariedades y criminalizar a la población, endilgándoles “delitos” donde no los hay.
Tal vez lo que quizás es la mayor muestra de descomposición de los órganos de justicia como aparatos represivos del Estado son los asesinatos premeditados, que, ante el reclamo popular durante esta contingencia no se han hecho esperar, pero que también llegan a través de situaciones aisladas.
Como si la aprehensión injusta no fuera suficiente, la semana pasada también se denunció el asesinato de un obrero de mantenimiento de 27 años, Jean Carlos Guacarán Castillo, por parte de Polibolívar a las afueras de su vivienda. La denuncia fue hecha por el padre del joven, ante el desconcierto e impotencia que lo embarga a él y su familia luego de ver morir en frente de sus ojos a Jean Carlos, quien supuestamente habría sido acusado de robo en la zona.
Rogelio Guacarán, su padre, reclama el derecho al debido procedimiento y condena la brutalidad de los funcionarios, quienes le propinaron 3 disparos luego de que este se entregara sin resistencia.
El Sr. Guacarán manifestó con dolor que llevaría el caso ante la Fiscalia 19 del Edo. Anzoátegui con la intención de denunciar este acto repudiable que, como este, los hay a mansalva a lo largo y ancho del territorio nacional, quedando impunes, por lo que sería solo otra manifestación de la debacle que viven los cuerpos de seguridad a día de hoy, donde pareciera haberse perdido todo sentido de preservación de la vida.
Es imprescindible que organizaciones como FDDHHANZ alcen la voz ante estas agresiones infames en el Estado y el resto del país, expongan a los responsables, y exigir a los organismos públicos responsables de garantizar el amparo de los derechos del pueblo ante los abusos policiales, tanto en medio de la coyuntura y posteriori, que actúen para contrarrestar la impunidad y libertad con que estos organismos actúan. La clave para esto es la organización y movilización, sin depositar confianza en que por sí mismos los organismos de este Estado van a garantizar nuestros derechos.
Dicho sea de paso, las aprehensiones colectivas de trabajadores que luchan contracorriente para llevar el pan a sus hogares solo colapsan el deficiente sistema carcelario, mientras que los ajusticiamientos deliberados de ciudadanos redoblan las cadenas de las injusticias en el panorama de crisis que intenta doblegar aún más a la clase vulnerable.
