El gobierno liberó millones de reales en partidas presupuestarias para que los diputados aprueben la reforma previsional.
Miércoles 24 de abril de 2019 | Edición del día
Por 48 votos a favor y 18 en contra fue aprobado el texto de la reforma previsional presentado por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución y Justicia. El voto favorable llegó tras el anuncio del ministro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), Onyx Lorenzoni, de la liberación de 40 millones de reales en partidas presupuestarias hasta 2022 para cada diputado federal que vote a favor de la Reforma en el plenario de la Cámara.
Luego de al menos tres aplazamientos en la votación, la presión de los partidos del “gran centro” (que agrupa a varios partidos con peso regional) al gobierno con la aprobación del presupuesto impositivo y garantizando un mayor control del Legislativo y de las bancadas estatales en el presupuesto anual del Ejecutivo federal, el texto de la reforma previsional fue aprobado con mínimas alteraciones, demostrando un mayor alineamiento entre las distintas alas del régimen en la aprobación de ese ataque profundo a las condiciones de vida de los trabajadores.
Cada uno a su manera, tanto por el avance del autoritarismo judicial en sus distintas vertientes (desde el Supremo Tribunal Federal, la causa Lava Jato y las disputadas dentro de la institución), como con el intento de un "presidencialismo de coerción" como los remanentes de la vieja política, tiene como norte los gestos hacia el mercado internacional mostrando que están dispuestos a una mayor subordinación del país a los intereses imperialistas con el quite de derechos de los trabajadores, la privatizaciones de empresas estratégicas y sectores de la economía nacional.
Sin embargo, podemos observar que el gobierno Bolsonaro viene sufriendo derrotas tácticas a su proyecto de ataques más salvajes a los trabajadores y a los sectores oprimidos de la sociedad. Ese proyecto y el método de la causa Lava Jato para dictar los destinos de la política nacional se alinea con el fenómeno internacional de ascenso de la extrema derecha y más directamente con los intereses de Trump en EE.UU. que muestra la cara más racista, misógina y LGBTfóbica del imperialismo.
Este proyecto en Brasil, de hacer que la crisis recaiga de forma aún más dura sobre los trabajadores, es fruto de la profundización del golpe institucional de 2016 y del avance del autoritarismo judicial en la política nacional que manipuló las elecciones de 2018 colocando a Bolsonaro en la presidencia a cambio de un mayor protagonismo de ese sector con el ahora "Superministerio" de Justicia, Sergio Moro.
A partir de la experiencia del gobierno golpista de Temer y la incapacidad para aprobar la reforma previsional a través de la negociación de fondos con los parlamentarios debido a la demostración de fuerza de la clase trabajadora en la paralización nacional del 28/05 era necesario generalizar los métodos de la Lava Jato de persecución política, que vimos con el proceso de impeachment de Dilma y con la prisión arbitraria del Lula. De esa forma disciplinar a toda la casta política y a la clase trabajadora. En ese sentido el gobierno hizo sus jugadas: apostó sus fichas en la presión que podría causar al legislativo la prisión de Michel Temer como una especie de "anuncio" de lo que los esperaba en caso de oponerse los intereses del Ejecutivo. Y ahora fuerza en el Congreso la aprobación del paquete "anti-crimen" de Moro para la institucionalización jurídica del autoritarismo.
Por otro lado vemos a la otra ala del golpe institucional, el Congreso y sus parlamentarios, disputando su propio proyecto para el régimen. Buscan garantizar mayores privilegios a la casta política forzando al gobierno federal a ceder en negociaciones con los parlamentarios por cargos federales, más fondos y todo tipo de intercambio de favores, con el DEM (Demócratas) encabeza un al sector de los partidos del “gran centro” - PP, PSD, PTB, etc. - contando con la presidencia de la cámara de Rodrigo Maia, que se cruzó con Bolsónaro y exigió mayor compromiso del gobierno en negociar con los partidos y las bancadas del Legislativo. En ese sentido la aprobación del presupuesto impositivo y el acento de Onyx para la liberación de esos nuevos 40 millones de fondos parlamentarios "extraordinarios" representan el mantenimiento de la vieja política del "toma y daca”.
La conclusión del desarrollo de esas disputas es que incluso con un debilitamiento del gobierno Bolsonaro y su proyecto reaccionario, el centro de gravedad de la política de ajuste a los intereses del capital internacional y la Reforma Provisional, sigue siendo prioridad entre las distintas alas de la burguesía para descargar la crisis en la espalda de los trabajadores e imponer una derrota estratégica para la clase obrera. Ahora ese ataque brutal ha pasado por su primera fase en el Congreso y seguirá hacia una Comisión Especial donde tendremos otra fase de ese “tironeo” entre proyectos - Maia declaró recientemente que el presidente de la Comisión estará vinculado a los partidos del “gran centro” y el relator del texto al gobierno - pero que no dejan de tener como centro garantizar una reforma que incentive la inversión de las empresas imperialistas en el país para la generación de empleos precarios.
Es decir, avanzan los planes de los enemigos de los trabajadores que buscan garantizar mayor poder y privilegios. Frente a ese escenario preocupante la pasividad que vemos de las grandes centrales sindicales del país y de los partidos políticos que las dirigen, especialmente el PT, que apuestan a seguir con su estrategia parlamentaria y de conciliación de clases, tratando de negociar modificaciones en puntos específicos de la reforma a cambio de mantener la pasividad y la desorganización entre los trabajadores.
La CUT dirigida por el PT y la CTB dirigida por el PCdoB (que incluso apoyó a Rodrigo Más para la presidencia de la Cámara alegando ampliar la base parlamentaria de oposición a Bolsonaro) insisten en hacer sus negociaciones y jugadas parlamentarias para disputar privilegios para sus burocracias política y sindical. Para eso necesitan mantener a los trabajadores desorganizados y sin una lucha efectiva contra la Reforma y el proyecto del gobierno para lograr un "frente amplio democrático" con partidos burgueses que apoyaron el golpe como el caso de la REDE (de Marina Silva) o que abogan abiertamente por una reforma previsional como es el caso del PDT (Partido Democrático de los Trabajadores). Se utiliza la fuerza de los trabajadores exclusivamente cuando los conviene como presión política para sus intereses como oposición parlamentaria.
Por otro lado vemos un camino cada vez más común entre el PSOL y esa estrategia del PT que en sus años de gobierno representó el fortalecimiento de los sectores de la política que fueron parte fundamental del golpe institucional y ahora representa dialogar con sectores burgueses en esa misma perspectiva de "frente amplio democrático" que tiene Marcelo Freixo del PSOL como representante.
Una salida real a la crisis sin a favor de los trabajadores y evitando una mayor sumisión del país al imperialismo sólo podrá venir de la organización de los trabajadores con independencia los partidos que representan los intereses de los empresarios y con un programa que ataque los intereses de los capitalistas. Este frente unificado de trabajadores que tendrá como centro la derrota a través de sus propios métodos de huelgas, ocupaciones de fábricas contra los despidos colectivos, etc; en vez de ser usados como moneda de cambio de los intereses de una minoría de políticos con el gobierno, deberá presentar un programa a la altura de los ataques y el ajuste.
Si el gobierno habla de ahorrar 1 billón en 10 años con la aprobación de la reforma, debemos defender con esa fuerza de los trabajadores el no pago de la deuda externa que drena cerca de 1 billón de los recursos del Estado cada año. Esta deuda con el capital financiero internacional contraída en el "milagro económico" de la dictadura militar continúa aumentando y fue pagada religiosamente desde entonces, incluso en los años de gobiernos del PT, donde cerca de 13 billones se fueron a los bolsillos de los banqueros.
Con el no pago de la deuda pública se plantea también impedir la fuga de capitales del país y el monopolio de 12 bancos en la economía, levantando la estatización y unificación de todo sistema bancario bajo gestión de un gobierno de los trabajadores, que mantendrán el monopolio del comercio exterior volcado a los intereses de la mayoría de la población contra la entrega de las riquezas y la utilización de los recursos del Estado para la elaboración de grandes planes de obras públicas para generar empleo y condiciones dignas de vida. Impedir los despidos masivos de las empresas atacando el lucro capitalista a través de la división de las horas de trabajo entre todos aquellos que buscan empleo, disminuyendo así la jornada de trabajo sin reducción salarial.
