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Red Internacional

Este miércoles 17 la jueza Tolomei leyó la sentencia contra Santiago Goodman con la presencia de decenas de organizaciones en la puerta de la Oficina Judicial de Rawson.

Miércoles 17 de agosto | Edición del día

La decisión de la letrada fue condenar a Santiago Goodman a la pena de 3 años de prisión condicional por considerarlo responsable del supuesto incendio de la Legislatura en septiembre de 2019. Si bien se trata de una condena excarcelable, constituye un grave precedente para quienes luchan contra el ajuste.

Un juicio plagado de irregulalidades, se consuma con esta condena que criminaliza la protesta en un contexto dónde se profundiza el ajuste y la Justicia se pone a tono con la política de castigar a los que luchan. La condena a Goodman es por coautor e implica además de la prisión condicional el cumplimiento de pautas de conducta como son la realización de un curso de 30 horas de Derechos Humanos y 50 horas de trabajo no remunerado en la biblioteca de la Legislatura.

Un fallo disciplinario que es una amenaza para el conjunto de trabajadores y organizaciones que enfrentan el ajuste y los ataques patronales en las calles, y como anuncio el Procurador General del MPF, Jorge Miquelarena, continuará con las audiencias contra 24 imputados por los incidentes de diciembre pasado contra la zonificación minera.

Presente durante la lectura de la sentencia, Martin Sáez, docente del PTS en el FITU, destacó "Una Justicia que aún no inició la investigación por el fusilamiento de Tino John, protegiendo a la misma Policía que dejó más de 60 heridos durante la brutal represión al pueblo trabajador en diciembre pasado, que nunca investigó la zona liberada para la patota de Ávila en Comodoro en 2019, que aseguró la impunidad para la Policía que "chimangueaba" durante la cuarentena, y un sinnúmero de casos escandalosos como el tiroteo a mansalva contra Gabriel Fredes, parece no tener la misma celeridad y contundencia que cuando se trata investigar y condenar a los que luchan. Es una Justicia al servicio de los ricos y el poder político".

"Más allá de la apelación que Goodman haga contra este fallo, es necesario expresar en las calles el repudio a este verdadero acto de criminalización de la protesta social" concluyó Sáez.




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