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Con mayoría en el Congreso, Bukele destituyó a jueces y al Fiscal General de El Salvador

Lo que debería haber sido una sesión plenaria protocolar de toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, tras las elecciones del pasado 28 de febrero, se convirtió en una exhibición del enorme poder que han concentrado Bukele y su partido Nuevas Ideas.

Lunes 3 de mayo | 14:10

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, elegida el 28 de febrero de este año, donde el partido del presidente Bukele y aliados consiguieron una amplia mayoría de los diputados, aprobó en su primera iniciativa, la destitución de 5 jueces y 4 suplentes de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y del fiscal general de la nación, Raúl Melara.

Se trata del primer movimiento político de fuerza de Nayib Bukele, envalentonado con el triunfo electoral de las pasadas elecciones legislativas y municipales. Una campaña que él mismo encabezó y para lo que constituyó su propio partido esta vez, Nuevas Ideas, luego de haber ganado con las siglas de GANA, las presidenciales holgadamente que lo llevaron al Ejecutivo nacional en junio del 2019.

En las elecciones del 2019 Bukele logró una abrumadora victoria, que no necesitó de segunda vuelta, derrotando al entonces candidato del FMLN. En las legislativas su triunfo fue arrollador, quedando con el dominio absoluto del Parlamento junto a sus aliados. Con el poder alcanzado tiene la posibilidad incluso de mayores controles, hasta el cambio de la propia Constitución. No escapa decir, que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como lo hizo ver en su accionar el 9 de febrero cuando militarizó la Asamblea Legislativa ante la negativa de votar un proyecto de endeudamiento por un crédito para un plan de su gobierno.

En las elecciones legislativas los partidos que se venían alternando el poder en la pos guerra luego de los acuerdos de paz en 1992, ARENA y el FMLN, quedaron reducidos a su mínima expresión en cuanto a representación parlamentaria, siendo que eran los dominantes en el parlamento unicameral en toda la etapa anterior, 14 de Arena y cuatro del FMLN. Tras tres décadas de bipartidismo, aparece transformando drásticamente el escenario político de un país marcado por la herencia de una sangrienta guerra civil (1980-1992).

Bukele emerge como la gran figura política nacional, aunque ya había sido alcalde de San Salvador (2015-2018) bajo el partido del FMLN. Con su estilo mediático, buscó alzarse sobre la crisis que existe en el país, donde los escándalos de corrupción poblaron las últimas décadas de la política salvadoreña y que han terminado con dos presidentes en la cárcel y otro fugado, evidenciando la agonía del sistema de partidos salido de la guerra, pero donde su autoritarismo ha marcado la característica de su administración en lo que lleva en la presidencia.

De allí su permanente conflicto con los otros poderes de Estado, centralmente la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones como la de la Fiscalía General. Por eso es que apenas asumía el control de la Asamblea Legislativa, envalentonado con los votos, el primer movimiento político fue contra los jueces y el Fiscal General, sin mediación alguna, como un golpe de fuerza. Y apenas fue la primera noche de sesión parlamentaria.

El órgano legislativo unicameral, que cuenta con amplia mayoría oficialista (64 de los 84 miembros) lo resolvió en forma express, es decir, sin los trámites habituales, bajo el argumento de violación de la Constitución en relación a varios fallos emitidos por la Sala que declaraban inconstitucionales decretos presidenciales referidos al control de la pandemia de Covid-19.

En junio pasado, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales 11 decretos ejecutivos, incluidos dos estados de emergencia dictados por Bukele tras prescindir del Congreso, y dos leyes de "restricción temporal de derechos constitucionales". Según los jueces, el Gobierno y la Asamblea Legislativa limitaron derechos constitucionales de forma errónea.

Los partidos que son la base parlamentaria del presidente Bukele y apoyaron la destitución son Nuevas Ideas (NI), que tiene 56 diputados, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que tiene 5, el Partido de Concertación Nacional (PCN) con 2 diputados, y el Partido Cristiano (PDC) con 1 diputado.

Apenas aprobadas las destituciones que fueron presentadas por la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Suecy Callejas, fueron propuestos los cinco magistrados para sustituir a los depuestos José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento.

Tras la decisión de la Asamblea, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que declaró inconstitucional la destitución de los jueces, lo que abrió un conflicto de poderes.

"Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de esta Sala de lo Constitucional es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista", describe la sentencia, que detalla que hay una "marcada intención" de suprimir los controles hacia el Ejecutivo y el Legislativo.

A pesar de esta sentencia de ilegitimidad de la decisión, la nueva Asamblea juramentó los cargos de los nuevos jueces.

Según informa la prensa local, un grupo de agentes de la Policía Nacional se apostaron afuera de las oficinas del Tribunal Supremo y luego escoltaron a los nuevos jueces hasta el interior del palacio legislativo.

Miembros de la Policía Nacional Civil custodian este domingo la entrada a la sede de la Corte Suprema de Justicia luego de la juramentación de nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Además de los agentes de la Policía Nacional, que habrían tomado el lugar, se encontraban adentro personal de la Presidencia y el director de la Policía Nacional, según informó ’La Prensa Gráfica’.

Con los mismos 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa destituyó también al fiscal general Raúl Melara por su supuesta vinculación con uno de los partidos de la oposición, Arena. Argumentaron que "corresponde a sus evidentes actuaciones y decisiones con claras motivaciones políticas, lo que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad", argumentaron.

"El actual fiscal general de la República ha incumplido con su obligación constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, por complacer a grupúsculos de poder político y económico, cuyo objetivo es defender intereses oscuros en contra del pueblo salvadoreño", precisó el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter.

El fiscal Melara protagonizó varios encontronazos con el presidente Bukele, especialmente en Twitter, desde que éste accedió a la Presidencia.

El presidente Bukele celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter.

Luego, aseguró que los "saqueos y crímenes le han hecho (daño) a nuestro país y a nuestra gente", mientras "ellos celebran, el pueblo celebra con nosotros".

Varios voceros de la oposición política a Bukele calificaron la decisión de la Asamblea Legislativa de "golpe de Estado" o "golpe de Estado técnico".

La Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el partido opositor con mayor bancada parlamentaria (14 diputados), habló de "ruptura del orden constitucional". Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que en estas elecciones quedó reducido en representación parlamentaria cuenta con 4 diputados en la Asamblea, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo".

Al conocerse las decisiones de la Asamblea Legislativa, varios organismos internacionales condenaron la maniobra del oficialismo salvadoreño. El director de Human Rights Watch, Juan Miguel Vivanco, afirmó que "Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos".

El mismo sábado, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, condenó "los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional".

Desde el gobierno estadounidense, la subsecretaria interina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, advirtió que "la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas". Poco después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reveló que le expresó este domingo a Bukele “su preocupación” por los recientes movimientos para socavar la separación de poderes en esta nación centroamericana.

"Hablé hoy (domingo) con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para expresarle nuestras serias preocupaciones concernientes a los movimientos de ayer (sábado) para socavar a la Corte Suprema y al Fiscal General (Raúl) Melara", informó Blinken en su cuenta de la red social Twitter.

Frente a la condena de los organismos internacionales, Bukele contestó a través de su cuenta de Twitter como es habitual.

Esta no es la primera crisis política que encara Nayib Bukele. Como hemos relatado, el 9 de febrero militarizó Asamblea legislativa en El Salvador con el objetivo de presionar a los diputados para aprobar un crédito por 109 millones de dólares para financiar un Plan de Control Territorial.

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Aún está por verse el desarrollo de la situación en El Salvador, si Bukele termina de asentar y el control de todos los poderes que busca, o si se abre una crisis mayor que tensione la política del país centroamericano.

Bukele se puede permitir esta pelea de poderes apoyado en su mayoría parlamentaria y en las Fuerzas Armadas, y también por la crisis del bipartidismo de la posguerra representados por ARENA y el FMLN. Sin embargo, esta pelea en las alturas por el control de los poderes del estado nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores y el pueblo de El Salvador. Es necesario construir un camino y una política independiente tanto del viejo bipartidismo degradado, como de las maniobras bonapartistas, apoyadas en los militares, de Bukele.






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