Política Venezuela

BONAPARTISMO VÍA PODER JUDICIAL

Con objetivo de elecciones a su medida, el Gobierno interviene, vía TSJ, directivas de AD y Primero Justicia

Aprovechando divisiones internas, el Tribunal Supremo nombró juntas directivas de AD y PJ proclives a participar de las elecciones que prepara el Gobierno. Se trata de un atropello sobre el régimen interno de los partidos que, en última instancia, fortalece el bonapartismo estatal que golpea también a la izquierda y a las organizaciones obreras y populares.

Miguel Ángel Martín

Estudiante de Sociología UCV

Viernes 19 de junio | 11:24

Como es sabido, el pasado lunes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado a discreción por el Ejecutivo Nacional, destituyó a la Mesa Directiva de Acción Democrática, para nombrar a una nueva mesa directiva “ad hoc” con Bernabé Gutiérrez a la cabeza. Gutiérrez es exgobernador de Amazonas y hasta entonces secretario de Organización de AD, es partidario de la participación en las elecciones parlamentarias en las condiciones en que las preparan el Gobierno de Maduro y las FF.AA.

La nueva jefatura impuesta de AD es, además, hermano de José Luis Gutiérrez, uno de los cinco rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) designados también por el TSJ el pasado viernes 12. Bernabé fue expulsado el mismo lunes de AD, la dirección (ahora ilegal) de Ramos Allup justificó la expulsión con el argumento de “haber conspirado con el régimen de Nicolás Maduro para que AD se incorpore a una falsa oposición dirigida por el régimen dictatorial” y “forzar la participación de Acción Democrática en la farsa electoral que el régimen de Nicolás Maduro está preparando”.

La sentencia del TSJ incluye también la orden de renovar todos los órganos partidarios regionales y locales, mientras asumen la representación electoral y oficial y todos los símbolos del partido.

Un día después, el martes 16, la misma medicina aplicaba el Tribunal para el caso de Primero Justicia (PJ), nombrando como coordinador nacional a José Brito, parlamentario expulsado de ese partido en 2019 junto a Luis Parra, por el duro enfrentamiento interno y por estar en la jugada del Gobierno que llevaría a la dudosa “elección” de Parra como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero, con los votos de los diputados del PSUV y de los demás partidos aliados del Gobierno (PCV, PPT), junto a partidos minoritarios de oposición y desprendimientos de llamado “G4” (que reúne a los principales partidos de la oposición de derecha: PJ, VP, AD y UNT).

La decisión del TSJ le permite a la directiva de Brito usar “tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización”.

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¿El próximo será Un Nuevo Tiempo? La cuenta de twitter de Venezolana de Televisión y periodistas del canal, reseñaron que Chaim Bucarán, diputado que habría sido expulsado de UNT, acudió este miércoles 17 al TSJ a denunciar a la directiva del partido “por irregularidades”. Bucarán afirmó: “Acudimos al TSJ porque nuestra militancia quiere expresarse a través del voto”, avaló el CNE designado también por el TSJ, dado que en el parlamento “no pudimos ponernos de acuerdo”, y afirmó que solicitaron al tribunal “que nos nombre una directiva ad hoc y nosotros podamos poner la tarjeta de Un Nuevo Tiempo a disposición de nuestra militancia, del pueblo venezolano, para que puedan participar”.

Interviniendo partidos opositores para construir unas elecciones a su medida

En todos estos casos, el Gobierno se sirve de la división sin igual de la oposición de derecha, fragmentada hasta más no poder, por una suma de elementos que van desde el estrepitoso fracaso de sus apuestas golpistas bajo la tutela de los planes imperialistas de Trump, hasta las disputas por el uso de los recursos que Estados Unidos le asigna a la derecha, pasando por diversos vínculos de negocios e intereses cruzados con gente ligada al Gobierno, así como también, por supuesto, las política de represión, chantajes y amenazas del gobierno.

Todo este cóctel ha hecho de la derecha hoy un hervidero de pelas intestinas y rupturas. El problema es que ese desastre de un sector político tan hostil a los intereses de los trabajadores, no ocurre a manos de un ascenso del pueblo y sus luchas, sino que es aprovechado por un gobierno que ya no tiene nada que envidiarle a la derecha en cuanto a políticas antiobreras, antipopulares y represivas.

Por supuesto, ante semejante cuadro de una derecha que apostó al golpismo y la agresión imperialista, el Gobierno no duda en aprovechar para cobrarles sus fracasos y buscar reconfigurar el escenario a su favor. Las elecciones parlamentarias que, por ley, deberían darse este año, son su escenario ideal.

El asunto no son las elecciones en sí, sino toda la profunda crisis política. Tras la imposición del descarado fraude de la ANC en 2017, que era a su vez la respuesta a los intentos de la derecha de sacar a Maduro por vía de la fuerza, combinando movilizaciones de calle con llamados a que los militares lo empujaran del poder, el régimen entró en una nueva etapa con un “poder supraconstitucional y plenipotenciario” compuesto exclusivamente por partidarios del gobierno, sostenido por las FFAA, y al que nadie, salvo los mismos partidos del gobierno, reconoce. De allí en adelante, todas sus decisiones y elecciones que ha hecho tienen la sombra de ser cuestionadas. Es el caso de la propia elección presidencial que ganó Maduro en mayo de 2018, hecha bajo la tutela de esa ANC y a la medida del Gobierno. De ahí en más, la derecha no reconoce tal elección, por lo cual no reconoce al Gobierno, llamando a Maduro “usurpador”. Lo que desembocó en 2019 en la fuerte ofensiva golpista y de abierto injerencismo imperialista, con Guaidó como títere de la misma.

El “cese de la usurpación” nunca ocurrió y llegaron las fechas en que corresponde renovar la Asamblea Nacional (AN), con Maduro aún en el poder. A la AN le correspondía nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque tales elecciones, sin embargo, esto encuentra a la derecha con sus múltiples divisiones por lo que, aun teniendo en números la mayoría en el parlamento, no pudo ponerse de acuerdo. No olvidemos que, el desastre y colapso institucional es tal, que a partir del zarpazo del Gobierno en enero, hay “dos Asambleas Nacionales”, la de Parra y un sector de la derecha, reconocida por el Gobierno, y la de Guaidó, que el Gobierno reconoce a veces, a veces no, para unas cosas sí, para otras no. La derecha, presa de sus propios fracasos, no terminó de ponerse de acuerdo sobre la política a seguir entre ellos: o seguir insistiendo con que lo único que hay que hacer es la salida de Maduro (o nuevas elecciones presidenciales), o ir a las elecciones de la AN con Maduro aún el poder, y ver cómo lograban un CNE que fuera aceptado por el Gobierno, que evidentemente es hoy quien tiene el sartén por el mango.

Ahora bien, hay que ser precisos, en el marco de los pactos entre el Gobierno y la oposición entre lo que se venía cocinando secretamente estaba constituir un nuevo CNE a la medida de tal pacto que se configuraba por arriba y en medio de entramados políticos que ocurren a espaldas del pueblo. Recordemos que para noviembre del 2019 el chavismo había vuelto a la Asamblea Nacional (de repente la AN ya no estaba en "desacato"), sí, la presidida por Guaidó. De tal pacto para un nuevo CNE participaban gruesos partidos del llamado G-4, y como escribíamos en su momento con respecto a tales nuevos pactos "Lo que sí es a la luz pública es que todos ellos juegan con sus intereses muy alejados del que tienen los trabajadores y el pueblo pobre que viene sufriendo las calamidades de esta catástrofe económica". Pero tales acuerdos por las desaveniencias no pudieron seguir adelante, y nuevos hechos políticos se desarrollaron.

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La parálisis de la derecha la ha aprovechado el Gobierno, declarando vía TSJ la omisión legislativa y nombrando el nuevo CNE. No es la primera vez que el TSJ nombra un CNE, lo que de hecho está contemplado en las leyes, el asunto ahora es que a esa prerrogativa bonapartista del TSJ sobre el parlamento, el Gobierno le agregó más dosis de autoritarismo que ni siquiera están en sus propias leyes: el TSJ dio un ultimátum de 72 horas al parlamento para que le suministrara la lista de postulados al CNE, sin embargo, no habiéndose cumplido el plazo de su propia sentencia, procedió a nombrar al nuevo CNE sin contemplar tal listado, pero no solo nombró a los nuevos rectores sino que también nombró a la presidenta y demás estructura directiva, pasando por encima de la ley que establece que son los propios rectores quienes de su seno deben nombrar sus autoridades.

Por supuesto, el nuevo “árbitro electoral” está hecho a la medida del Gobierno, tres fieles y dos opositores de los llamados “colaboracionistas” (uno de los cuales, el hermano del nuevo jefe de AD designado por el TSJ). De las tres fichas duras del gobierno, una ya era parte la directiva anterior y las otras dos eran, hasta el momento de ser designadas, magistradas del propio TSJ que las nombra. Gladys Gutiérrez fue presidenta del TSJ entre 2013 y 2017, y la nueva presidenta, Indira Alfonso, era hasta el viernes la primera vicepresidenta TSJ y presidenta de la Sala Electoral (desde 2014), puesto desde donde dejó sin representación parlamentaria al estado Amazonas, lo que fue clave para sacarle a la derecha la mayoría calificada de 4/5 partes en el parlamento.

Un poder judicial acostumbrado a “resolver” las disputas internas de los partidos

Toda la maniobra bonapartista desde el TSJ se complementa con esta política de romper judicialmente los principales partidos opositores, para lograr una legitimación de las elecciones parlamentarias en las condiciones que va definiendo el gobierno. Una práctica que, sin embargo, tiene varios antecedentes.

En la víspera de las elecciones presidenciales de 2012, el TSJ intervino en Podemos y Patria Para Todos (PPT), ex aliados de Chávez cuyas directivas ahora se alineaban con la candidatura de Capriles Radonski, la intervención judicial otorgó la legalidad electoral de esos partidos a los sectores que pugnaban por mantener el apoyo a Chávez. En 2015, previo a las elecciones parlamentarias, el Gobierno intervino judicialmente a cuatro partidos que presentaban candidatos en la coalición de la derecha: MIN-Unidad, MEP, Copei y Bandera Roja.

En el caso de Copei, a finales de 2019 el Gobierno decidió otorgarle, vía TSJ, la legalidad del partido al sector que decidió participar en las elecciones presidenciales de 2018 (apoyando a Henri Falcón), a contravía de lo decido en ese entonces por la mayoría de la oposición de derecha.

De manera que los hechos recientes se tratan de un capítulo más del arreglo judicial de las disputas políticas por parte del Gobierno, aprovechando divisiones en los partidos que le adversan, sustituyendo mecanismos internos partidarios con la intervención gubernamental, para hacer una dirección oficial a su conveniencia. Buscando labrarse una oposición a la medida.

Oponerse a estos mecanismos, desde luego no implica, en nuestro caso, la defensa de las posiciones políticas e ideológicas de estos partidos, ni de su régimen interno (en el caso de AD, la querella interpuesta por militantes del partido aduce negativa de la directiva de Ramos Allup de realizar las elecciones internas). Algunos son partidos abiertamente comprometidos con políticas tan reaccionarias como el golpismo impulsado por los Estados Unidos y la agresión imperialista contra Venezuela. O partidos burgueses históricos, como AD y Copei, responsables de políticas antiobreras y antipopulares, y de toda la represión del momento.

Son organizaciones y sectores que, además, han convalidado ellos mismos ese “bonapartismo judicial” del Gobierno, cuando les ha convenido a sus disputas e intereses. En el caso de AD, el propio Ramos Allup, desplazado hoy, acudió en 2005 al TSJ, el cual emitió una sentencia a su favor, permitiéndole retener control de la dirección de AD. No por gusto, un militante adeco le descargaba en estos días por twitter, “quien a TSJ mata, a TSJ muere”. Los copeyanos acudieron en 2010 al TSJ; en 2015 en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) les negaron diputados argumentándoles que “el TSJ no se ha pronunciado”, sobre la disputa interna que tenían; un sector, como el de Eduardo Fernández, que hoy se queja de la decisión del TSJ de diciembre de 2019, había avalado previamente la decisión del mismo organismo que en agosto de ese año había dado la legalidad de Copei a quienes decidieron participar en las presidenciales de 2018.

Se trata de oponerse a este mecanismo por el cual el régimen político de turno emplee su control del poder judicial para entrometerse en los asuntos de las organizaciones políticas para inclinar la balanza a su conveniencia, avasallando los mecanismos internos y derechos de los militantes de esas organizaciones, quienes son los que deben resolver sus diferencias. Aunque es más que sabido que a lo interno de esos partidos lo que menos reina es la democracia interna. Es un mecanismo por el cual el Estado sustituye a la militancia de los partidos, imponiendo decisiones desde arriba y desde afuera de la propia organización.

Son mecanismos de mayor injerencia estatal sobre las organizaciones políticas y sociales, que no solo caen contra partidos burgueses y de la derecha, sino también con más fuerza aún contra las organizaciones de izquierda y del movimiento obrero y popular. Si el gobierno es capaz de este proceder contra partidos históricos de la burguesía nacional, con respaldo imperialista y una maquinaria desplegada en todo el país, más aún lo hará contra los partidos de trabajadores y de la izquierda anticapitalista que aspiren personería legal y representación electoral. De hecho, ya lo ha hecho.

Un gobierno acostumbrado a manipular a su antojo el derecho a legalidad electoral

En esta lucha de la casta gobernante por sostenerse en el poder, no solo ha golpeado a partidos de la derecha, sino también de la propia izquierda del chavismo que se ha ido distanciando del Gobierno.

Es así como, por ejemplo, años atrás, dejó sin legalidad electoral a Redes, el partido de Juan Barreto, aún cuando habían cubierto los requisitos de firmas de apoyo que exigió el gobierno para la renovación. Antes de eso, de manera descarada le habían negado la inscripción en el CNE a Marea Socialista, que venía en un curso de cada vez mayor distanciamiento del Gobierno. También le fue negado ese derecho a Unión Nacional Organizada.

En uno de los procesos arbitrarios de “renovación” de la legalidad electoral, con condiciones totalmente desventajosas y antidemocráticas, que solo podrían cumplir los partidos que contaban con el usufructo de los recursos y aparato del Estado, o de los grandes empresarios, muchos perdieron la legalidad que habían obtenido antes (solo 12 de 59 la retuvieron), entre esos el grupo del Partido Socialismo y Libertad (PSL).

Es tan antojadiza y discrecional la imposición gubernamental de requisitos para poder participar en elecciones, que mientras años tras llevó a cabo estas maniobras, que implicaron tres exigencias de renovación en un menos de un año, incluyendo esto como penalidad por no participar de determinadas elecciones, la fraudulenta y “plenipotenciaria” ANC acaba de determinar que AD y PJ, ahora con las directivas impuestas por el TSJ, no tienen que llevar a cabo ningún proceso de validación ante el CNE, para participar en las elecciones que prepara el Gobierno. De acuerdo a un decreto de la ANC de diciembre de 2017, AD y PJ eran de los partidos que no estaban habilitados para participar, salvo que procedieran a esta nueva legitimación, sin embargo, ¡justo ahora!, dejan sin efecto tal decreto, de manera que estas nuevas directivas, a diferencia de lo que se le exigió antes al resto de los partidos, no tendrán siquiera que hacer el esfuerzo de demostrar que cuentan con base militante o con el 0,5% del padrón electoral.

Esta lógica de injerencia estatal en las organizaciones políticas también se extiende a organizaciones de los trabajadores como los sindicatos: mediante el CNE, el TSJ o el Ministerio del Trabajo, impiden elecciones sindicales donde calculan que el Gobierno las puede perder, invalidan directivas de sindicatos que no se le subordinan, reconoce a direcciones sindicales que no cuentan con el aval de los trabajadores, etc.

Es por esto que rechazamos todas estas medidas de judicialización de la política e injerencia gubernamental en la vida de los partidos, pues implican un reforzamiento del autoritarismo y control estatal que golpea con fuerza también a quienes luchan contra este sistema de explotación.






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