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Red Internacional

CATÁSTROFE ECONÓMICA Y SOCIAL.Crisis alimentaria: Maduro y la adhesión al Programa Mundial de Alimentos de la ONU

Maduro calificó este miércoles como un "gran logro" el acuerdo que firmó recientemente con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, por el que el organismo se compromete a proporcionar comidas escolares a 185.000 menores en situación de vulnerabilidad. Una manera de reconocer la tragedia de la catástrofe social que vivimos, sobre todo el pueblo trabajador y las mayorías populares, que el propio Maduro ha venido intentando ocultar y negar.

Jueves 22 de abril | 11:10

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ubicaba a Venezuela en 2020 como uno de los cuatro países del mundo con más inseguridad alimentaria. El acuerdo llega luego de un año de negociaciones y en el peor momento de la crisis económica, social y de crisis alimentaria, cuando 9,3 millones de venezolanos, un tercio de la población, de acuerdo a la propia ONU, atraviesan una situación de inseguridad alimentaria.

El programa llegará hasta 185.000 niños a finales de este año y, a través de una "una ampliación gradual", tiene el objetivo de que 1,5 millones de estudiantes sean alimentados diariamente al finalizar el año escolar 2022 y 2023, bajo un presupuesto anual -que forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela- de 190 millones de dólares.

"Es un gran logro internacional de la República Bolivariana de Venezuela la firma del acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, un gran logro de la política internacional de la revolución", dijo Maduro durante un acto transmitido por VTV.

La fecha para la firma no dejó de estar cargada de cierto irónico simbolismo, el 19 de abril, día de la conmemoración de la independencia del país, cuando más de 200 años después continuamos atados a una de las mayores dependencias, la incapacidad económica de no poder garantizar la alimentación de la población. Y Maduro lo califica como “un logro de la revolución” el tener que recurrir a programas mundiales de países en situaciones de hambruna.

El Programa Mundial de Alimentos evaluó la seguridad alimentaria de Venezuela con un trabajo de campo realizado entre julio y septiembre de 2019, después de una invitación del Gobierno. Entonces, encontró que el "7,9 % de la población en Venezuela (2,3 millones) está en inseguridad alimentaria severa y un 24,4 % adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada", de acuerdo con el informe resultante de la visita al país.

Según estos datos, el ente estimó que una de cada tres personas en Venezuela (32,3%) "está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia". Esta situación ha empeorado con la pandemia, según la organización de la iglesia Caritas, que realiza un monitoreo mensual en 13 estados del país. En los primeros tres meses de la llegada del coronavirus, de abril a julio de 2020, los niveles de desnutrición aguda aumentaron 73% en menores de 5 años.

Por tanto, de acuerdo a este estudio del Programa de Alimentos de la ONU publicado en 2020 estimaba que uno de cada tres venezolanos no tenía acceso a una cantidad suficiente de alimento para cumplir con los requisitos mínimos de nutrición y estaba "necesitado de ayuda".

Maduro tuvo que terminar de reconocer esta trágica realidad, e incluso permitiendo la publicación de cifras de la deteriorada situación alimentaria, cuando ha venido durante años ocultando o impidiendo que se diesen a conocer los informes que los propios entes gubernamentales tradicionalmente levantaban y publicaban periódicamente, incluso penando con aquellos que lo hicieran con el despido de sus cargos.

Una práctica que se extendió en todos los órdenes y para todos los indicadores sociales e incluso económicos. Así, por ejemplo, el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística dejaron de publicar datos de ingresos de los trabajadores, sobre los niveles inflacionarios, sobre la caída del Producto Bruto Interno, y los otros entes gubernamentales sobre la desnutrición, las epidemias que reaparecían, la ausencia de los planes de inmunización de la población. En fin, todo para intentar ocultar una realidad que era palpable en cualquier rincón del país.

Más propiamente, y refiriéndonos a la población infantil, en los últimos cuatro años, el gobierno de Maduro no ha divulgado las cifras sobre mortalidad infantil, pero un reporte del ministerio de Salud en 2017 mostró que las muertes de niños habían crecido 30% en relación con el año anterior, mientras que la materna crecía en un 65%.

Se trataba de datos del año 2016, cuando apenas llevábamos unos tres años de catástrofe económica y social, y ya eran alarmantes. Volvían enfermedades como la difteria en todo territorio nacional tras haber sido erradicada hace dos décadas, mientras que el paludismo se volvía endémico con casi un cuarto de millón de casos. Y entre las causas más frecuentes de mortalidad infantil el informe señala la sepsis neonatal, la neumonía, la enfermedad de membrana hialina y el nacimiento prematuro.

Pero desde la publicación de esos datos, que a la ministra de Salud de ese entonces, Antonieta Caporale, le costó el cargo por el solo hecho de difundirlas, han transcurrido cinco años más de severa crisis, donde la situación de la salud del pueblo venezolano se ha degradado aceleradamente junto a la prolongada y profunda crisis económica y una crónica escasez de alimentos y medicinas, donde los trabajadores y los sectores populares son los más afectados.

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Y la desnutrición de la población sigue su ritmo vertiginoso, golpeando más severamente a la población infantil que la marcará para toda la vida, y con unas madres en severa situación social y económica. La incapacidad de la población de obtener comida se vuelve más dramática.

Si no veamos el reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), donde detalla que, en estos momentos, para poder acceder a la canasta alimentaria se necesitan 340,50 salarios mensuales, es decir, US$322 dólares. Una situación de calamidad extrema. Estamos hablando solamente para poder adquirir alimentos sin contar con las otras necesidades básicas de una familia, pues el salario mínimo en Venezuela no sobre pasa los dos dólares al mes incluyendo bonificaciones.

Para una sencilla comparación acelerado del drama, de acuerdo al propio Cendas, apenas para junio del 2020 se necesitaban 138.4 salarios mínimos mensuales para cubrir la canasta básica alimentaria. Este es el ritmo de la tragedia en Venezuela para las familias trabajadoras y populares.

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Pero Maduro por fin ha tenido que reconocer que el país necesita del apoyo del programa que forma parte de la ONU para países en situaciones extremas. "En varias oportunidades fue el canciller Jorge Arreaza, por mandato mío, a establecer relaciones, a conversar con (el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos) David Beasley, varias veces a Roma, conversaron, desde 2017 le tocamos la puerta", ha afirmado.

Aunque a finales del año pasado, el canciller Jorge Arreaza dijo que había desacuerdos porque el Programa Mundial de Alimentos (PMA) “no reconoce la soberanía de Venezuela”. En ese entonces, el gobierno quería supeditar la distribución de alimentos de la ONU a la distribución de las bolsas CLAP, de acuerdo a la información dada a conocer por la agencia Bloomberg. Tras reiteradas negativas, el Gobierno de Maduro finalmente tuvo que ceder.

El recurrir a este tipo de programas para situaciones de crisis alimentarias extremas es una constatación más de la realidad catastrófica económica y social a la que nos han llevado las propias políticas del Gobierno de Maduro. Basta mencionar que cuando comenzaron a caer los precios del petróleo, Maduro decidió “soberanamente” desde el 2014 someter al pueblo a penurias por pagar deuda externa, así como iniciar un giro entreguista al capital transnacional. Un giro que se ha acentuado con paquetazos económicos, pulverización del salario, una dolarización de facto de la economía y una exoneración total de impuestos a los empresarios y transnacionales mientras al pueblo le siguen cayendo las cargas impositivas, a demás de ponerles a merced una de las manos de obra más baratas del mundo.

En este contexto, las sanciones económicas y políticas que tuvieron su inicio en el 2017, y se acentuaron en el 2019 con las sanciones directas a la industria petrolera y otras áreas económicas, incluyendo las confiscaciones de bienes extraterritoriales del país, por parte del imperialismo, no han venido más que empeorar y acentuar la situación.

La oposición, y el propio Guaidó, también festejaron el acuerdo con la ONU. El cinismo de este político derechista que ha apoyado todas las sanciones económicas y las confiscaciones en todo su período de embestida golpista bajo la tutela de Donald Trump, y que lo continúa haciendo, es mayúsculo. Se trata de inmensurables recursos que podrían estar disponibles para el pueblo en medio de la tragedia que vivimos, que se ha aumentado con la pandemia poniendo al pueblo a un verdadero desamparo sanitario y social.




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