Política Venezuela

¿FALSOS POSITIVOS?

Denuncian ejecución de familia campesina en Apure, haciéndolos pasar por “grupo armado”

Se cuentan por miles los desplazados a raíz de los enfrentamientos desde el fin de semana pasado entre los grupos armados que actúan en la zona fronteriza (presumiblemente los llamados “disidentes de las FARC”) y las fuerzas gubernamentales. La actuación militar y de las FAES se ha ensañado contra la población, según denuncias de allanamientos por doquier, detenciones arbitrarias, saqueos a casas y pequeños comercios, bombardeos en comunidades e incluso la ejecución de una familia entera, mostrados luego como “miembros de grupos irregulares”.

Sábado 27 de marzo

El jueves 25 de marzo, una familia fue sacada de su casa en el barrio 5 de Julio, sector La Victoria de la parroquia Urdaneta del estado Apure, siendo encontrados luego muertos en El Ripial, otro sector de la misma parroquia fronteriza, presentados como miembros de un “grupo armado irregular” que se habrían enfrentado a las fuerzas militares y policiales que están actuando en la zona. Diversos familiares desmienten que se tratasen de miembros de ningún grupo armado y, mucho menos, que se hayan enfrentando con los militares y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Cientos de familias enteras en la última semana han tenido que huir de la zona, cruzando el caudaloso río Arauca hacia el municipio colombiano de Arauquita. Según las autoridades de la zona, se han dispuesto 8 albergues para recibir a los desplazados, que de acuerdo con un corte de la Defensoría del Pueblo de este 25 de marzo, llegaban a 2.653 venezolanos y 521 colombianos. Aproximadamente 3 mil desplazados en menos de una semana que iniciaron los enfrentamientos entre lo que pareciera ser uno de los llamados “grupos disidentes” de las FARC, y el ejército venezolano, apoyado en los últimos días por las FAES.

Las víctimas de estas ejecuciones que se denuncian son Luz Dey Remolina, su esposo Emilio Ramírez, y dos jóvenes, Jeferson Uriel Ramírez, hijo de ambos, y Ehiner Anzola Villamizar, cuñado de Luz Dey. En las imágenes mostradas por funcionarios del Estado, estas personas aparecen con algunas prendas de vestir como las que usan los grupos armados, así como con armas y granadas al lado de los cuerpos. Según relatos de varios habitantes de la zona, las FAES y los militares estaban haciendo allanamientos a discreción en las casas, sacando a las familias, haciendo algunas detenciones, y por lo general el grupo familiar regresaba a sus hogares. Sin embargo, la familia de Luz Dey Remolina y Emilio Ramírez nunca volvió, sino que los encontraron luego muertos en El Ripial, aun cuando las fuerzas de seguridad los habían sacado vivos de sus casas, como al resto.

Además de los testimonios de familiares y habitantes de la zona, sencillos análisis de las fotografías hechos por usuarios de la red social Twitter, denotan que hay evidentes elementos de montajes en las imágenes presentadas. Cada muerto aparece con un arma o una granada justo cerca de la mano derecha, en la misma posición en todas las imágenes; en el caso de a quien muestran con botas de caucho (como las que usan los grupos armados) y pantalón militar, las botas están limpias y sin rastros de uso, así como también el pantalón militar, que luce limpio y planchado; el amarre del pantalón está improvisado con una cabuya y evidencia que no era la talla de la persona; el cuerpo de Emilio Ramírez muestra signos claros de fracturas y fuertes contusiones en uno de los brazos.

Pero más allá de lo que puedan arrojar las observaciones atentas de las imágenes, está el hecho de que, como señalan todos los testimonios, los sacaron vivos de sus casas, desarmados, sin ningún tipo de enfrentamiento, y aparecieron después muertos en otro sector, fotografiados con armas.

Lo que denuncian los familiares

Raiza Isabel Remolina, sobrina de Luz Dey Remolina, mediante un video que ha circulado ampliamente el día de hoy, señala: “mi tía, mi primo, el esposo de ella [y] Ehiner Villamizar, fueron asesinados vilmente… fueron sacados mis familiares por los grupos del FAES, del Gobierno Nacional, este grupo estaba revisando todas las casas del sector, supuestamente estaban buscando guerrilleros, y a mis familiares se los llevaron y aparecieron en El Ripial, aparecieron tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares… a mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas, un arma a su lado, a mi tía le colocaron unas botas de guerrillera… gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares, gente que se dedicaba al trabajo del campo… entraron a su casa y se los han llevado”.

Fabiola Álvarez, pareja del único hijo de la familia que queda, declara en un audio lo siguiente: “claramente lo que ellos hicieron es una masacre, un falso positivo, porque jamás y nunca mis suegros fueron guerrilleros… mi suegro era trabajador del campo, mi cuñado era un niño, que aún con 20 años él no salía a las calles de su barrio… mi suegra una señora de casa… quiero justicia para ellos, quiero que esto pare, quiero que se respeten nuestros derechos humanos”.

Es la misma petición de Raiza Isabel: “Hoy solamente me queda pedir justicia por mi familia… eran gente trabajadora y luchadora. Solamente le pido al pueblo de Venezuela, al que vea este video, que lo haga viral, para que se haga justicia… todo lo que está pasando en el estado Apure y no se ha informado, nadie sabe nada, no muestran todo lo que ha pasado y que ha sucedido allá en La Victoria… todas las familias que han tenido que refugiarse en el país vecino de Colombia, dejando sus casas, sus bienes, todo, tirado. En el caso de mis familiares, por no haberlo hecho, por no haberse ido, lamentablemente quedaron tirados por allá”.

Según un reportaje de Associated Press, quienes huyen dicen temer tanto a los artefactos explosivos (minas antipersonales que han sido colocadas en la zona por los grupos armados que actúan) y enfrentamientos armados, como a los abusos y atropellos de las fuerzas armadas venezolanas. “Hay mucho gobierno venezolano y le tenemos miedo, porque a veces maltrata demasiado fuerte al civil… Las fuerzas aéreas están bombardeando las veredas”, habría afirmado uno de los desplazados. Otra persona, una mujer de 38 años, señaló que las fuerzas de seguridad estaban saqueando las casas: “El que se está metiendo es el gobierno. Está saqueando y golpeando a la gente... Está todo eso junto: la guardia, toda esa gente... primera vez en la vida que estamos así huyendo de nuestra propia casa, dejando nuestras cosas”.

El nefasto retorno de “El Amparo”

Como muestran los datos de la realidad, la descomposición del chavismo gobernante ha llegado a tal punto, que las prácticas asesinas de los organismos militares y policiales reeditan el mismo modus operandi del ejército colombiano contra la población civil, y como las que ocurrieron en nuestros país bajo el puntofijismo, régimen contra el cual se levantó el chavismo y al que tanto cuestionó. Mientras en Colombia la realidad de los falsos positivos se expandió coma un práctica nefasta contra la población, ejecutándose a cientos y miles, acusados falsamente de ser guerrilleros y de enfrentarse a las fuerzas armadas; aquí tuvimos masacres con un procedimiento similar, como la de El Amparo y los “amparitos” (ejecuciones similares, aunque de menor magnitud numérica), precisamente en Apure, donde se asesinaron pescadores presentándolos luego como guerrilleros.

El Fiscal General impuesto por la ya disuelta “Constituyente”, Tarek William Saab, anunció la tarde del viernes que designó fiscales para investigar lo sucedido en La Victoria - El Ripial, sin embargo, en el mismo anuncio afirma que la investigación será “en coordinación con el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos”, es decir, con el jefe de uno de los organismos militares denunciados por los desmanes contra la población. No es difícil prever el nivel de nula independencia y rigurosidad que tendrá la investigación, subordinada, como tantas esferas del Estado hoy, al poder discrecional de los militares.

Lo que, lamentablemente, no es de extrañar, viniendo de quien ante la muerte bajo custodia militar de un dirigente político (el concejal Fernando Albán), se apresuró a afirmar de inmediato, sin mediar ningún tipo de investigación, que la causa había sido la declarada por el organismo que lo tenía preso (“suicidio”).






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