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Red Internacional

GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA.Detienen a la expresidenta golpista de Bolivia Jeanine Áñez

Así lo confirmó el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo. La Fiscalía de Bolivia había emitido este viernes una orden de aprehensión contra Áñez y varios de sus ex ministros por los delitos de "sedición y terrorismo" durante el golpe de Estado de 2019.

Sábado 13 de marzo | Edición del día
EFE/Javier Mamani

La ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue detenida en horas de la madrugada de este sábado en la ciudad de Trinidad, en el amazónico departamento del Beni, y trasladada a la ciudad de La Paz.

"Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía", señaló el Ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo en su cuenta en Facebook.

Minutos después de efectivizada su detención, Áñez denunció que "en un acto de abuso y persecución política" el Gobierno del MAS la "ha mandado arrestar". Ya desde el anuncio del pedido de captura tanto Áñez como el ex presidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana que fue otro de los actores claves en la articulación de las movilizaciones que derivaron en el golpe, se manifestaron por redes sociales, alegando que estaríamos en “un proceso de persecución política peor que en las dictaduras” contra quienes “defendieron la democracia” el 2019.

Durante las movilizaciones contra el golpe Áñez no dudo en emitir el DS 4078 , dándoles a la FF.AA., carta blanca para asesinar y masacrar, como lo hicieron en Senkata, Sacaba y Ovejuyo, que dejó más de una treintena de muertos durante las primeras semanas de noviembre de 2019. Además de haber detenido de forma arbitraria a cientos de personas, para luego torturarlas en celdas policiales, actos que Carlos Mesa salió a defender y reivindicar ante medios internacionales.

Los exministros golpistas, de Energía Rodrigo Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra fueron detenidos este viernes en Trinidad y luego los trasladaron en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a la terminal internacional de El Alto.

Ambos fueron llevados con un fuerte resguardo policial hasta las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en el centro de la ciudad de La Paz, y posteriormente en una camioneta de la Policía hasta la Fiscalía, donde brindaron sus declaraciones.

Las órdenes de aprehensión también se extendieron contra los exministros de Gobierno Arturo Murillo, de la Presidencia Yerko Núñez, de Defensa Fernando López y contra varios ex jefes militares y policiales. Hay que señalar sin embargo que Murillo y López ya se encuentran en el exilio; hecho que fue conocido ya hace varios meses. De la misma manera, entre los mandos militares sobre los que hay orden de aprehensión, el Coronel Sergio Orellana habría fugado al exterior en el mes de noviembre y Yuri Calderón. Asi mismo, la Fiscalía tampoco se pudo dar con el paradero de Yuri Calderón, ex comandante de la Policía.

Estas órdenes de aprehensión, se emiten luego de que surgieron fuertes críticas por parte de ex diputados y algunos diputados actuales del MAS, así como sectores de base de este partido que cuestionaban el papel del ministro de Gobierno, Sergio Del Castillo, quien a 5 meses de su gestión en lugar de haber iniciado procesos habría permitido la fuga de prominentes golpistas.

Otra de las razones que habrían alentado estas órdenes de aprehensión, tiene que ver con el magro resultado electoral del MAS en las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo, donde los golpistas habrían logrado conquistar importantes posiciones dentro de la administración estatal, empujando de esta manera al MAS a proceder con las aprehensiones y facilitar de esta manera una estrategia de negociación en el marco de un proceso judicial que puede durar años.

De esta manera el MAS intenta “sujetar” a los golpistas obligándolos a pensar en qué términos se va a negociar. Sin embargo, estas disposiciones aumentan la tensión política como se viene manifestando en las declaraciones de varios representantes de la oposición derechista a la que se ha sumado de manera vergonzante la declaración de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que llamó a defender a los aparatos represivos del Estado, que son los responsables materiales de las masacres del golpe de Estado.




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