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CRISIS PETROLERA

En Estados Unidos la mayor crisis de la historia golpea a petroleros con miles de despidos

A medida que se desploman los precios del crudo a nivel internacional, frente a lo que ya es la principal crisis petrolera de la historia, las empresas petroleras han empezado a despedir trabajadores y cerrar pozos.

Miércoles 22 de abril de 2020 | 22:28

A pesar de los intentos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de minimizar el daño mediante la reducción de los barriles producidos diariamente, las mezclas de crudo continuaron depreciándose y, a inicios de semana, cerraron con valores negativos en distintas partes del mundo.

El West Texas Intermediate, por ejemplo, así como el Brent del Norte -ambas mezclas estadounidenses- tuvieron las mayores pérdidas de su historia, una caída de más del 35%, y en el caso mexicano, la mezcla de crudo que ya había perdido más del 70% de su precio por barril, golpeó duramente sobre la paraestatal de PEMEX, cuya liquidez desapareció y generó una nueva calificación negativa pro parte de calificadoras como Moody’s.

En varios estados, desde Montana hasta Nuevo México y Texas, las compañías petroleras están cerrando pozos, cancelando proyectos de excavación, recortando salarios y suspendiendo trabajadores, cuando no los despiden.

Los grandes empresarios se preparan para no cargar con los costos de la crisis petrolera, desatada con la pandemia que minó terriblemente la demanda de crudo.

Pero la salida de las patronales siempre va en contra de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Cómo, si no, podrían tomar esas medidas drásticas argumentando pérdidas cuando solo hace algunos meses la producción petrolera en Estados Unidos llegó a su pico histórico más alto, con un campo de producción en estados petroleros que se convirtió en el más productivo del mundo.

Esto configuró un empuje extraordinario a la economía estadounidense, pues los combustibles baratos reducían los costos de producción, pero eso quedó muy atrás.

Diamondback, Chevron, Apache, Exxon Mobile, según Moody’s, las petroleras estadounidenses tienen una deuda de 86 mil millones de dólares que vencerá los próximos años, y las compañías de gasoductos adeudan unos 123 mil millones por su cuenta.

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Sin embargo, la política del gobierno de Trump ha sorprendido por apostar a comprar 75 millones de barriles de petróleo para llevar al máximo sus reservas estratégicas, aprovechando los bajos precios del crudo. Para aparentar fortaleza, el gobierno ha asumido un mínimo porcentaje de la producción petrolera nacional, invirtiendo presupuesto público en la compra de petróleo a las transnacionales nativas.

Al fin y al cabo, a pesar de la reducción del precio, la economía global está basada en la energía fósil (hidrocarburos). Aunque los analistas financieros apuestan a que la situación mejore, nada pinta bien para los trabajadores petroleros.

Como en otros países, las patronales se juegan a recortar salarios y despedir para salvar lo más posible sus ganancias en esta crisis sanitaria y económica, descargando los costos de un mercado inestable y de medidas draconianas frente a la pandemia, sobre los bolsillos de la clase trabajadora.

Frente a la pandemia y la crisis económica, es fundamental que la clase obrera imponga sus propias medidas en cada país, para priorizar las vidas obreras sobre las ganancias de los capitalistas.

Prohibir despidos y recortes salariales, suspender actividades no esenciales, garantizar estabilidad laboral, repartir el trabajo entre las manos ocupadas y desocupadas, generalizar un salario mínimo que aumente conforme a la inflación y cubra el costo de la canasta básica, son medidas que pueden financiarse atacando las ganancias de los capitalistas.

Además, es necesario pelear por la nacionalización del conjunto de la industria energética bajo control de sus trabajadores y sin indemnización para las grandes patronales extranjeras, acostumbradas a beneficiarse de la expoliación de los recursos naturales.

Esto de la mano de la perspectiva de acabar con la apropiación de la riqueza que genera la clase trabajadora y se quedan las patronales, para invertir ese excedente en salud, educación y mejores condiciones de vida para las grandes mayorías, así como de un aprovechamiento racional de recursos, que minimice el tremendo daño al medio ambiente que estas grandes empresas provocan, con el aval de los gobiernos.






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