Economía

GAS RESIDENCIAL

Efectos económicos del fallo de la Corte Suprema

Después de la decisión de la Corte Suprema que frenó los aumentos de tarifas del gas residencial, el Gobierno de Macri deberá recalcular su plan económico.

Esteban Mercatante

@EMercatante

Viernes 19 de agosto de 2016

El impacto político de la decisión tomada por la Corte Suprema el día de ayer, no tiene a primera vista un correlato tan dramático en el terreno económico. Gracias a que la decisión de la corte de anular los aumentos de tarifas quedó restringida a los usuarios residenciales, el gobierno podrá recortar buena parte de los 80 mil millones de pesos de subsidios que el ministro de Hacienda Prat-Gay había afirmado hace unos días que estaban en juego. Es que en base a las estimaciones que surgen del consumo del primer semestre del año, y las estadísticas disponibles de los últimos años, el consumo residencial representa entre 24 % y 30 % del total. Es que a pesar de que el 95 % de los usuarios son residenciales, es en el sector empresario donde se concentra el grueso del consumo. Por eso, la primer lectura “optimista” que hacían desde el gobierno del fallo (aunque no expresada en las declaraciones públicas), es que todavía podrán recortar este año 56 mil millones de pesos de transferencias a las empresas.

Pero aunque puesto en números fiscales el resultado no sea catastrófico, pone en apuros al gobierno en varios niveles. Por empezar, genera un traspié en la “batalla cultural” que el gobierno viene desarrollando desde comienzos de año, bajo el lema de “sinceramiento”. La noción básica que el gobierno apuesta a transformar en sentido común es que para que “nos” vaya bien a los argentinos (obviamente a algunos mejor que otros, como reza la meritocracia) los empresarios deben ser libres de hacer dinero como les plazca, sin que haya mucha intromisión pública en sus cuentas. Ahora con la decisión de la Corte, el gobierno estará obligado a presentar números más ordenados. No sólo explicar cómo cambia la tarifa, cuanto se pagaba y cuánto se abonará desde ahora, sino también lo que significa el ajuste tarifario para los resultados de las empresas. Las mismas empresas que durante la década “ganada” recibieron jugosos subsidios (1,3 billones de pesos a valores de hoy) sin que desde el gobierno kirchnerista se les exigiera rendición de cuentas, y que tomaban el congelamiento tarifario como excusa para no invertir. Este es un “sinceramiento” que el gobierno no se proponía llevar adelante. Y que sigue poniendo la lupa sobre algo que para Cambiemos no debería cuestionarse de ninguna manera: como lo expresó la diputada del FIT Myriam Bregman, “No tiene por qué haber ganancias con el servicio público”. En las audiencias públicas, el gobierno deberá explicar por qué se elevan 500 % las tarifas de gas (si es que en la audiencia pública el gobierno mantiene la propuesta de tope para los aumentos) con el resultado inmediato que esto tendrá de premiar a los vaciadores que crearon la crisis energética, en vez de tomar medidas de emergencia que arranque por auditar a los responsables y discutir el fin de las concesiones y la estatización de los servicios. Una audiencia pública también podría ser una excelente oportunidad para exigir a las empresas que expliquen a dónde han ido los subsidios que crecieron 4.795 % entre 2005 y 2015. Un porcentaje que llamativamente Aranguren olvidó mencionar cuando en su paso por diputados observó que entre 2003 y 2015 la inflación acumulada fue de 1400 %; el salario aumentó 1620 %, y la factura eléctrica metropolitana 40 %.

Una audiencia pública también podría ser una excelente oportunidad para exigir a las empresas que expliquen a dónde han ido los subsidios que crecieron 4.795 % entre 2005 y 2015.

Un dolor de cabeza adicional, que el gobierno no se esperaba, es la decisión de la Corte de frenar también hasta que medie audiencia pública, el aumento de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, o precio a boca de pozo). Acá la resolución es embrollada: por un lado afirma que la producción y comercialización de gas es “una actividad desregulada”, es decir que su precio “era fijado por el libre juego de la oferta y la demanda”, pero señala inmediatamente que “este argumento no es valedero, porque a partir de 2004, el precio del gas pasó a ser fijado por el Estado del mismo modo en que fija las tarifas”. Por lo tanto, “mientras el Estado siga fijando el precio, corresponderá también llevar a cabo obligatoriamente las audiencias públicas”. Aunque podría haber un guiño al gobierno para avanzar hacia una mayor desregulación de este tramo inicial del sistema gasífero, el ministro de Energía Juan José Aranguren ya aclaró que el Gobierno establecerá “un precio para el gas por boca de pozo por debajo del precio del mercado”, a través de la realización de audiencias públicas. Acá no hay subsidios involucrados, pero se vio frustrada en lo inmediato la decisión del Gobierno de incrementar la facturación de las gasíferas desde 4.000 mil millones de dólares anuales a 7.000 mil millones de dólares. Deberán esperar un tiempo más para verse beneficiadas mediante los dibujos hechos en planillas de excel por el ministro Aranguren.

El plan “control de daños”, golpeado

En cierta forma, el daño más fuerte viene por el lado de las expectativas. Se sigue corriendo la fecha para la llegada de la reactivación. La última meta había sido fijada para después de que se aprobara el blanqueo, una búsqueda de compensar con dólares previamente evadidos la ausencia de una lluvia de inversiones. Pero aunque el blanqueo está en marcha y hay condiciones internacionales que favorecen la posibilidad de que Macri pueda exhibir buenos resultados en el mismo cuando concluya, el gobierno enfrenta con el freno a las tarifas un empantanamiento en su esquema para capear la recesión que tuvo como resultado el shock que causaron las medidas económicas tomadas desde diciembre para engordar los beneficios empresarios.
Por empezar, como dijo ayer el jefe de Gabinete Marcos Peña, lo que no puedan recortar de subsidios, es decir 24 mil millones de pesos como mínimo, habrá que “sacarlos de otros lugares”, como la “obra pública y otros gastos”. Ya de por sí lo que el gobierno prevé gastar en obra pública de acá hasta fin de año es bastante menos de lo que habían anticipado durante meses: Prat-Gay dijo la semana pasada que gastarán hasta diciembre 80 mil millones de pesos, cuando tiempo atrás circulaban cifras que trepaban hasta 220 mil millones de pesos. Si a esto se le recortan los dineros que el gobierno seguirá gastando en subsidios, quedan poco más de 50 mil millones de pesos. Es decir apenas medio punto del PBI.

Aunque la consultora de Miguel Bein le augura al gobierno buenas noticias gracias a la entrada de dólares por el blanqueo y los que vienen a hacer negocios con las altas tasas que sigue pagando el Banco Central, la necesidad del gobierno de mostrar “disciplina fiscal” para convencer a los inversores que no llegan, y los efectos del ajuste aplicado sobre los ingresos de los asalariados, y por tanto sobre el consumo, así como sobre el nivel del empleo, no se ve ve cómo esta abundancia de dólares podrá traducirse en impulso a una economía en franca caída. Al mismo tiempo, el alcance que tiene el fallo de la Corte sobre los precios en boca de pozo, podría ser un argumento adicional para la llegada de inversiones en sectores a los que el gobierno apuesta con todo.

Conclusión: la luz al final del túnel deberá seguir esperando.






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