Nos encontramos este martes 28 de septiembre a las 9:00 a.m. en la Plaza Morelos, Bellas Artes, Caracas. De allí se marcha hasta la Asamblea Nacional.
Este 28S en Venezuela nos encuentra de nuevo en las calles peleando juntas por uno de los derechos más elementales, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Desde Pan y Rosas acudimos a la convocatoria llamada por la despenalización del aborto, porque condenamos la criminalización y, de derogarse los artículos en cuestión del Código Penal, sería un importante paso, aunque insuficiente. Consideramos que la lucha debemos darla por aborto legal, seguro y gratuito, y que no va a ser por algún lobby parlamentario o en las instituciones actuales que podamos lograr esto, sino construyendo un fuerte movimiento de mujeres, independiente del gobierno hambreador y represivo, y de las oposiciones de derecha, igual de patronales y conservadoras; un movimiento que luche y se movilice en las calles para arrancar este derecho.
Una legislación reaccionaria que criminaliza a las mujeres y a quienes nos ayudan a interrumpir voluntariamente un embarazo
En nuestro país la legislación sobre el aborto es tan anticuada y reaccionaria, que no solo se rige por lo que estipularon el gobierno y la jerarquía católica de principios del siglo XX –¡sí, por allá cuando gobernaba Gómez!–, sino que ni siquiera contempla la despenalización en casos en que el embarazo sea producto de una violación, como sí ocurre en otros países en los que el aborto tampoco es legal. En casos así, las mujeres, niñas y adolescentes que pueden, tienen que viajar a Colombia donde sí está permitido en esos casos; caso contrario, se ven obligadas a ser madres a causa de una violación, o a recurrir a abortos clandestinos, inseguros, con riesgo serios para su salud, incluso su vida… o terminar en la cárcel por la criminalización en esos artículos del Código Penal.
Solo en casos muy extremos en que la mujer ya esté en riesgo de muerte… la ley exonera de culpa la profesional de la salud que recurra al aborto. En cualquiera de los casos, la vida de la mujer y su derecho a decidir es lo que menos importa en esta legislación machista y patriarcal, violenta por demás.
Para no dejar lugar a dudas de la subordinación de las mujeres y que esa ley se hizo pensando en los hombres y “sus derechos”, el 434 plantea reducción de la pena “en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”.
Es urgente, es un asunto de salud pública y vital para las mujeres, acabar con esta criminalización, en un país donde el Gobierno oculta las cifras de este tema tan importante, lo que contribuye a invisibilizarlo, a negar que es un asunto serio a discutir. Aquí las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) son la tercera causa de mortalidad materna, informes no oficiales indican que en 2019 por cada 4 partos se produjo 1 aborto, y que entre agosto y diciembre de este año hubo 15 abortos diarios, un tercio de los cuales fueron de niñas menores de 12 años.
Aborto legal, seguro y gratuito, garantizado en los hospitales públicos, eso es lo que necesitamos
Por supuesto, si lográsemos arrancarle a estas instituciones la despenalización serían un importante paso, pero debemos estar conscientes que sería incompleto e insuficiente. La despenalización no obliga al Estado a garantizar la IVE como parte del derecho a la salud, no implica que en el sistema público de salud lo garanticen. Entre otras cosas, eso implicaría que las mujeres de la clase trabajadora y los sectores populares seguirían teniendo el límite de que si no tienen los recursos para pagar una clínica privada, tendrán que seguir con abortos inseguros y riesgosos.
¿Por qué estamos luchando por esto en un país donde desde hace 20 años hay una supuesta “revolución” “socialista” y “feminista”?
Al mismo tiempo que nos movilizamos juntas por esta exigencia, es de muchísima importancia reflexionar por qué esa legislación tan atrasada y reaccionaria contra las mujeres nunca se cambió, ¿por qué seguimos siendo criminalizadas, muriendo, quedando con daños permanentes en nuestros cuerpos u obligadas a ser madres si no queremos? No es poca cosa el que el país ha estado gobernando hace dos décadas por un proyecto político que llegó a autocalificarse como “revolucionario”, incluso “socialista” y hasta “feminista”.
La verdad es que todo eso ha sido un fraude, no hubo nunca revolución social con el chavismo, lo mínimo indispensable para hablar de que construir una sociedad socialista es que sean las y los trabajadores quienes gobiernen, a la par que la propiedad privada capitalista (sobre las tierras, bancos, empresas, laboratorios, transportes, etc.) ¡y la apropiación privada de la renta petrolera!, sean suprimidas a favor de la propiedad pública. Obviamente nada de eso pasó, ni de lejos, en Venezuela.
En lo que hace al “feminismo”, se limitó a cambios formales (lenguaje de género, reconocimiento formal del valor que genera el “trabajo del hogar”), políticas de asistencia social y creación de instituciones estatales específicas, es decir, lo mismo que con orientación de la ONU u otras instancias han hecho cualquier cantidad de gobiernos capitalistas en el mundo. Peor aún, en general se hacían reforzando el rol de la mujer como madre y cuidadora del hogar. Pero si hablamos de cambios revolucionarios, no los hay por ningún lado, ni siquiera reformas serias.
Si se trata de derechos de las mujeres en el marco de procesos revolucionarios que apostaron al socialismo, de verdad, sin quedarse en la estridencia de discursos vanos, las socialistas tenemos referencias: baste decir que hace ya más de un siglo, tras la revolución en Rusia, este fue el primer país del mundo en legalizar el aborto (1920), así como el derecho al divorcio, la unión civil, suprimió las diferencias entre hijos “naturales” y “legítimos”… y avanzó en la instauración de comedores, guarderías y lavanderías públicas para liberar a las mujeres (y en general a las parejas) de la “esclavitud doméstica”.
Pero aquí el chavismo, siendo gobierno y contando con mayoría absoluta en diversos momentos en el parlamento, jamás puso si quiera en discusión esto elemental del aborto. Es un tema “espanta votos”, era parte de lo que le argumentaban a las feministas del chavismo que lo asomaban. Junto con eso, la cooptación de muchas organizaciones feministas terminó de obstaculizar el caminos: por supuesto que lograr ese derecho implica una dura pelea por la opinión pública, luchar contra prejuicios y condenas sociales, ganar a amplios sectores que no lo están aún, pero mucho menos se avanzaba en eso si gran parte de las organizaciones de mujeres se convenció de que tenían en ese gobierno un “aliado”, de que apoyándolo y haciendo lobby en las instituciones podían lograrse las cosas, o directamente dejando de levantar públicamente la exigencia del aborto, como muchas lo hicieron durante muchos años.
Se subordinó en gran medida una demanda elemental del movimiento de mujeres, a la agenda y conveniencia de un proyecto político que repitió el ciclo “enfermizo” de burócratas, empresarios y banqueros enriqueciéndose con la renta petrolera pública, y que mantuvo lo fundamental de la opresión machista y patriarcal.
Por un movimiento de mujeres independiente, para luchar por el aborto legal, seguro y gratuito
Es por esto que desde Pan y Rosas Venezuela planteamos que necesitamos forjar un movimiento de mujeres independiente, que conciba el crecimiento por abajo (en los lugares de trabajo, de estudio, las comunidades) y la movilización combativa, como la estrategia para lograr sus demandas. Independiente no solo de este gobierno que nos ha descargado las más brutales de las crisis, al conjunto del pueblo trabajador y en especial a las mujeres, sino también de las distintas fracciones de la oposición de derecha, cuyo programa económico no tiene nada que envidiarle al actual en cuanto a privilegiar los intereses de las clases dominantes y capitales extranjeros, sino que además impulsa “sanciones” imperialistas contra el país –que profundizan las penurias que pasamos las mujeres–, y al igual que el gobierno de Maduro y las FFAA, tiene amplias alianzas con sectores religiosos misóginos y hostiles a los derechos de las mujeres, como la interrupción voluntaria del embarazo.
Si queremos construir un movimiento de mujeres fuerte, capaz de conquistar el derecho al aborto legal, una condición indispensable es esa independencia política y organizativa, de pensamiento y de acción, frente a todos los poderes e instituciones que, cada uno a su manera, convalidan la opresión con la que cargamos encima.
Si coincides con esta perspectiva o te interesa profundizar la discusión de ideas en ese sentido, te invitamos a ponernos en contacto y organizarnos, para dar estas batallas juntas.
¡No más clandestinas ni expuestas a daños en nuestros cuerpos, muerte o cárcel!
¡No más criminalizadas ni culpabilizadas!
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!