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Red Internacional

Detenciones arbitrarias. Exigimos la libertad de los dirigentes sindicales Emilio Negrín, Gabriel Blanco y demás militantes detenidos

Días atrás el gobierno nacional llevó a cabo una serie de detenciones arbitrarias, que incluyen a dos dirigentes sindicales (Asamblea Nacional y Tribunales), y varios militantes de organizaciones políticas opositoras como Bandera Roja. Los tribunales les dictaron privativa de libertad. Rechazamos totalmente tal intimidación y criminalización del ejercicio sindical y político.

Miércoles 13 de julio | 21:27

Entre la tarde del 4 de julio y la madrugada del 6, el gobierno de Maduro llevó a cabo una oleada de detenciones que incluyó dirigentes sindicales, activistas y militantes. El 4 en la tarde Emilio Negrín, Presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial y miembro de la corriente Coalición Sindical, denunciaba por su cuenta de Twitter que en el oeste de la ciudad la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) había sacado de su casa a Alcides Bracho, profesor y activista social, llevándoselo a la sede de La Quebradita. El día siguiente le tocó el turno a él mismo, Negrín, quien además formó parte de las delegaciones sindicales que asistieron meses atrás a las reuniones con el gobierno y la OIT, y es miembro de la Alianza para la Defensa de los DDHH Laborales en Venezuela, también fue detenido.

El 6 de julio pasadas las 7 de la noche, Diannet Blanco, activista de Derechos Humanos, publicaba un video denunciado que una comisión de la DGCIM se encontraba en las afueras de su vivienda, en la parroquia Coche, intentando llevarse detenido a Gabriel Blanco, su esposo, quien es directivo del sindicato de los trabajadores de la Asamblea Nacional (Sinfucan) y militante de Vanguardia Popular. Blanco, además, es directivo de la central nacional de trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) y activista de comités de derechos humanos en su comunidad. Los efectivos militares no tenían ninguna orden judicial, decían que lo requerían solo “para hacerle una entrevista” en la sede represiva. La presión de los vecinos impidió durante algunas horas que se lo llevaran, sin embargo, mostrando lo postrado que está el sistema judicial a los designios represivos del gobierno, a media noche consiguieron obtener una orden de un tribunal y se lo llevaron detenido.

A estas tres detenciones se sumaron esos días las de Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés, militantes de Bandera Roja y quienes en diversas ocasiones han sido parte del activismo sindical en los estados Guárico y Falcón. Detuvieron también a Yeny Pérez, al no poder efectuar la detención de su pareja, José Castro, también activista sindical y militante de BR. Salvo en el caso de Gabriel, donde ya vimos cómo la consiguieron, en ninguna de las detenciones mediaba orden judicial de privación de libertad, es decir, la orden de apresarlos no provino siquiera de un tribunal obediente al gobierno, sino de los jefes de los organismos represivos. En algunos casos, el accionar represivo consistió en llegar a media noche a casa de los militantes, no solo sin orden judicial sino incluso sin ningún tipo de identificación por parte de los efectivos actuantes, sin poderse saber qué organismos se los llevaba y los nombres de quienes actuaron en la detención.

Siguiendo con el patrón represivo hacia esa organización política, el sábado 9 de julio en la mañana, Jesús Bracho Berbesí, militante de la misma en el Táchira, fue objeto de una persecución para intentar detenerlo.

Para guardar luego las formas “legales”, los detenidos fueron presentados a un tribunal el sábado 9 en horas de la noche, salvo Yeni Pérez, a quien liberaron ese día. El Tribunal Cuarto de Control con Competencia en Terrorismo, declaró “con lugar” la solicitud de privativa de libertad hecha por la Fiscalía en contra de Negrín, Blanco, Astudillo, Meléndez y Cortés, por supuestos delitos de “asociación para delinquir” y “conspiración”.

Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) repudiamos de plano este accionar represivo del gobierno contra dirigentes sindicales militantes políticos que le hacen oposición. Denunciamos la violación de derechos humanos y políticos elementales, como el derecho a la libertad sindical, a la asociación, a la protesta y a la libertad personal.

Luego de liberar en los meses previos a algunos de los trabajadores presos más emblemáticos de los últimos años (Rodney Álvarez, Eudis Girot, Guillermo González, etc.), producto de la intensa campaña pública que llevamos a cabo las diversas organizaciones y activistas que impulsamos la lucha por #LiberenALxsTrabajadorxsPresxs, muestra su verdadera cara el gobierno con este zarpazo represivo. Toca seguir peleando, en las calles, contra la represión gubernamental, por las libertades democráticas, por la libertad de los sindicalistas y militantes políticos detenidos.


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