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CRÍMENES DE ODIO

La ejecución de la activista hondureña Vicky Hernández llega a la CIDH

Después de seis años de impunidad, el asesinato de la activista hondureña Vicky Hernández llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Miércoles 18 de noviembre

El miércoles 10 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó la audiencia de dos días por la ejecución extrajudicial de la activista Vicky Hernández asesinada de al menos un balazo en la cabeza, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio de 2009 en la ciudad de San Pedro Sula. El hecho ocurrió durante un toque de queda a causa del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, mandatario de Honduras en el 2009.

No se han dado a conocer todos los detalles de la muerte de Vicky, ya que, de acuerdo con sus familiares, las autoridades no le hicieron la autopsia después de alegar que era portadora del VIH.

Este es el primer caso sobre violencia contra las personas transgénero que analiza la CorteIDH y cabe mencionar que además de la carga social que representa, los familiares de Vicky han recibido amenazas telefónicas y hostigamiento durante su lucha en busca de justicia, por lo que desde el pasado jueves 12 de noviembre la CorteIDH ordenó a Honduras adoptar medidas de protección para los allegados de la víctima.

La forma en la que se procederá será una videoconferencia en que los jueces escucharán a los representantes de la víctima, agentes del Estado, peritos, testigos y funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH recalca que el crimen ocurrió dentro de dos contextos: el primero en un ambiente de violencia y discriminación hacia la comunidad LGTBIQ, y el segundo en el marco de un golpe de Estado.

Según la Comisión Interamericana, existen suficientes elementos que prueban la culpabilidad del Estado hondureño, por ejemplo que en el momento de la muerte de Vicky las calles de San Pedro Sula estaban bajo el control de las fuerzas públicas y no se realizó una adecuada investigación por parte de las autoridades. Ante esto, el Estado podría ser señalado como responsable de violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y la no discriminación, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión y a la protección judicial.

En el informe del caso se especifica que Honduras deberá ofrecer una reparación a la familia de la víctima, seguir con las investigaciones para sancionar a los culpables y adoptar medidas para reconocer la identidad de género de las personas trans. Finalizado los dos días de audiencia, las partes tendrán un mes para enviar sus alegatos finales y, luego, los jueces de dicha corte emitirá una sentencia.

Declaraciones obtenidas

“Vicky no tenía ninguna cicatriz de autopsia. Solo sufrió un balazo en la cabeza. Pienso que por ser trans y ser una persona que vivía con VIH. La mayoría de las personas trans que se quedan en Honduras mueren”, declaró la activista transgénero, Claudia Spellman en videoconferencia desde Estados Unidos, donde está asilada tras huir de la violencia en Honduras.

El perito peruano Carlos Zelada afirmó que ese contexto de violencia contra personas LGBTI afecta particularmente a las mujeres trans por su identidad de género. Zelada detalló además datos recopilados por organismos de Naciones Unidas, la CorteIDH y organizaciones no gubernamentales hondureñas, que determinan que entre 1994 y 2019 han sido asesinadas al menos 350 personas LGBT en Honduras.

Según el experto, entre 1994 y 2008 hay registro de 20 asesinatos de personas LGBT, y a partir del golpe de Estado los números crecieron. En el escenario del golpe de Estado, en siete meses se contabilizaron 29 de esos crímenes, de los cuales 15 correspondieron a personas trans. En total, 10 de esas víctimas estaban relacionadas con la organización Unidad Color Rosa, de la que formaba parte Vicky Hernández, según el perito. “En ningún caso hay avances significativos en la investigación”, concluyó Zelada.

Por su parte, la psicóloga argentina Marlene Wayar fue la segunda perita del caso, citada para exponer sobre el rol del Estado como nexo causal de violencia sistemática hacia personas trans y para desplegar el transfemicidio como categoría con el fin de conceptualizar los crímenes basados en prejuicio por identidad o expresión de género.

“El transfemicidio es un crimen que le cabe a quien mata a una persona por su identidad de género o expresión femenina y es cometido a través de violencia de género y por prejuicios. El transfemicido y transvesticidio además resulta cuando existe impunidad en la investigación o la falta de correspondencia cuando se hace referencia a cuando es un crimen pasional o una pelea callejera y una trifulca que corresponde a las circunstancias estructurales de opresión a las que nos encontramos sometidas”, expresó Wayar. Señaló que Vicky Hernández “enfrentó a un Estado que nunca reconoció su identidad de género”.

“La importancia de abordar estos crímenes como transfemicidios es nombrar su especificidad, donde se desprenden desafíos para el Estado en prevención y erradicación de estos crímenes. De lo contrario solo nos estaríamos dirigiendo a lo punitivo”, enfatizó la argentina

Este miércoles se lleva a cabo el segundo día de audiencia y se espera que Merilin, hermana de Vicky, y su madre Rosa Argelia Hernández Martínez declaren, así como el abogado penalista Edgar Fernando Pérez Archila.






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