Internacional

BASTA DE REPRESIÓN Y MILITARIZACIÓN CONTRA EL PUEBLO

Maduro aprovecha agresiones imperialistas para aumentar la represión y el control social

El Gobierno de Maduro ha venido acentuando los mecanismos de represión y control social sobre el pueblo trabajador. La cuarentena y últimamente la nueva agresión con la incursión de grupos militares y mercenarios yanquis le ha servido de mayor pretexto aún para utilizarlo para no solo coartar libertades democráticas sino también fortalecer el sistema represivo.

Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Martes 12 de mayo

Si bien no es novedad, y lo ha hecho siempre cada vez que hay embestidas de la derecha como por ejemplo todo el primer cuatrimestre del año pasado aupada por el imperialismo, Maduro lo hace cada vez con más acentuación para aumentar el control social-policial-militar contra los trabajadores y los sectores populares.

Con una situación catastrófica que ya venía golpeando duramente a las grandes mayorías populares ahora con la pandemia y las medidas de cuarentena, los padecimientos han aumentado a un ritmo acelerado. De allí que uno de los sectores sociales que más viene sufriendo altos grados de represión es la clase trabajadora, la más castigada en todos los sentidos en la catástrofe económica y social que se arrastra en el país por años. Es claro que las sanciones económicas imperialistas y el embargo parcial petrolero, no han hecho más que aumentar los padecimientos, más aún cuando los precios del petróleo han caído estrepitosamente en el marco de una producción petrolera por el piso.

Las crecientes protestas y explosiones por el hambre en distintos lugares del interior del país que expresan lo profundo del malestar social y que se expanden en medio de esta situación extrema, buscan ser inmediatamente controladas mediante la represión, con el saldo ya no sólo de pobladores detenidos, sino también de muertos tal como vimos en Upata, estado Bolívar, y en Mérida.

Los trabajadores también son blanco de una ofensiva represiva con organismos militares por parte del gobierno desde hace varios años y que no cesa, ya sea porque salen a protestar o porque realizan denuncias de corrupción. Es lo que vimos más recientemente con Bartolo Guerra, trabajador con 24 años de servicio en PDVSA, que luego de hacer fuertes denuncias de corrupción, pasaron a criminalizarlo y ser detenido arbitrariamente por los servicios de inteligencia DGCIM.

Es que mientras el curso de la situación le es más adversa a este Gobierno, más implacable se vuelve contra los trabajadores que lo cuestionan. La saña antiobrera y antipopular adquiere entonces su proporcionalidad directa a los corpóreos intereses materiales, con sus políticas de fuerte control social en las barriadas populares de los grandes conglomerados urbanos, así como la militarización de las grandes empresas estatales o la presencia ostensiva en las unidades productivas donde opera la represión selectiva. Una situación que alcanza también a medios alternativos como ha sido el caso de Aporrea.org que no ha dejado de tener constantes bloqueos digitales.

Por eso advertimos en una reciente declaración con respecto a la incursión de militares “disidentes” y de mercenarios yanquis, que “Maduro y las FFAA se sirvan de tales hechos para profundizar la negación de derechos democráticos del pueblo trabajador, como el derecho a la protesta, a asambleas en los lugares de trabajo, denunciar irregularidades, etc., cuestión que rechazamos. Precisamente lo más reciente que hemos tenido son las protestas y pequeños estallidos por recrudecimiento del hambre, y han sido respondidos con la dura represión gubernamental, que ya se cobró un muerto y decenas de encarcelados. Alertamos que pueden ser usados como excusa para dar más libertad de acción a los grupos parapoliciales que, con el argumento de ‘enfrentar las amenazas imperialistas’, en realidad solo funcionan como mecanismos de intimidación a los sectores populares.”

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Y es tal cual lo que estamos presenciando a la par de la cuarentena, para avanzar a una mayor militarización. En esto se inscriben las recientes declaraciones de Maduro de este domingo en el que a manera de “alerta” hacía un llamado a “Alcaldes, gobernadores, jefes de comunidades de nuestro pueblo, ministros: He estado viendo una relajación de la cuarentena con actos públicos” y “actos de masa”.

Pero su ojo no está ni en tales “actos públicos” ni “actos de masas”, que en verdad prácticamente no han venido aconteciendo, sino el los estallidos sociales y las protestas que se han venido dando, sobre todo en los sectores populares, que incluyen también cacerolazos. Es a esas protestas y revueltas por el hambre a las que se refiere el Gobierno, como las de Cumanacoa, Punta de Mata, Araya, El Vigía y muchos otros lugares en el oriente como también en el occidente del país.

Un temor extremo que frente a las calamidades imperantes que explosiones semejantes también se den en Caracas y en las grandes ciudades del país de lo que se quiere prevenir el Gobierno con su llamado. Por eso es que Maduro ratificó en su discurso de dicho domingo que “Vamos a disciplinar la cuarentena: ¡cero actos de masas! ¡Cero actos públicos!” En otras palabras “cero” explosiones sociales, “cero” protestas, como las que se dan en el interior del país.

En este temor es que se inscribe lo que se ha estado viviendo en Petare, una de las barriadas más extensas del país, con una clara militarización y un despliegue extremo que sobrepasa cualquier persecución a un personaje del hampa local, como si se tratara de los grandes carteles como el de Sinaloa de México o los de Cali y Medellín de Colombia en los años 80 y 90. La persecución a Wilexis, un hampón local que hasta el momento se había venido sosteniendo con acuerdos con la alcaldía se despliega un potencial letal que va más allá de la tal cacería anunciada. La afirmación del Gobierno de su supuesta vinculación con la DEA no sería más que para justificar tal disposición de fuerzas por parte del Estado.

La cuestión central de fondo apunta a un control mayor militarizando de las regiones populares y desde allí avanzar en el reforzamiento de la represión estatal en el resto de los principales barrios que bordean Caracas, con las prácticas habituales de ajusticiamientos y siempre sembrando terror con las siniestras Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros organismos represivos como la Guardia Nacional y sus destacamentos de choque como el CONAS.

Como hemos sostenido en un artículo en Ideas de Izquierda VE, “Es que la catástrofe económica y social que atravesamos no ha acontecido sin su correspondiente incremento en la violencia de Estado, con un Gobierno que se ha sostenido cada vez más en los aparatos represivos. La represión a las protestas, el surgimiento de políticas de ‘terrorismo de Estado’ contra los trabajadores y los más pobres, y una mayor arbitrariedad y descomposición del aparato represivo, son rasgos sobresalientes y distintivos de esta etapa del régimen chavista bajo el Gobierno de Maduro.”

De allí ese poder de aparato militar y policial que desarrolla y que es brutal, que acompaña como sombra al cuerpo su bonapartismo (un poder estatal apoyado en la camarilla militar) autoritario y represivo con características directamente cuasi-dictatoriales. Es la política para bloquear o neutralizar cualquier brote de descontento obrero y popular, donde la fuerza de esa burocracia cívico-policial-militar se exacerba con el fortalecimiento, junto con las medidas represivas, de la organización burocrática militar y policial del aparato estatal.

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Lo de Petare, y lo que acontece en muchos barrios, está inscrito en esta situación. Es que, desde el Gobierno, con el argumento de combatir a la delincuencia, y como parte del control social se ha observado cómo a partir de 2015, despliega una política brutalmente represiva en los sectores populares, primero con operativos de la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) y más tarde con la creación de cuerpos específicos como las FAES (2016), que realizan allanamientos de hogares, robo de pertenencias y ejecuciones extrajudiciales en las zonas populares, implantando estados de sitios y terror entre la gente de los barrios. Las ejecuciones en los barrios populares, una práctica de vieja data en los cuerpos represivos en el país, se han extendido de manera tenebrosa en los últimos años.

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Una vez más decimos, basta de usar la excusa de las agresiones imperialistas para arremeter contra el pueblo con los organismos represivos policial-militares así como de escudarse en la cuarentena para la militarización en las barriadas populares. Un Gobierno que ni siquiera se ha atrevido a tomar las más elementales medidas antiimperialistas como la confiscación inmediata de todos los intereses imperialistas en el país, al contrario, a muchas transnacionales las exime de impuestos, mientras a la nación se le confisca empresas como Citgo.

A la par que hay que condenar toda agresión y levantar enérgicamente abajo las sanciones imperialistas que donde más recaen es sobre el pueblo, también decimos basta de represión al pueblo trabajador y a las grandes mayorías populares, basta de militarización como control social-policial. Al mismo tiempo llevar a cabo una lucha implacable por la defensa de nuestras libertades democráticas, que sólo será posible defender con nuestros propios métodos, y no caer en la demagogia de la oposición derecha que mientras se llena la boca hablando de “democracia” no tiene ningún empacho en contratar mercenarios extranjeros en el marco de su política proimperialista.

Se trata de una pelea que al calor de la misma se desarrollen organismos propios de los trabajadores como parte de la autoorganización que permitan aglutinar las fuerzas obreras alrededor de un gran frente único por estas banderas, y al calor de esta pelea ir levantando la necesidad de un programa de emergencia obrera y popular para acabar con esta catástrofe y que la crisis no la sigamos pagando los del pueblo trabajador, sino que la paguen los de arriba.






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