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Red Internacional

La pandemia y sus estragos demuestran que el sistema de salud se encuentra en crisis desde hace ya muchos años. Hoy el virus pasa la factura y quienes la pagan son las y los trabajadores del sector salud, desde enfermeras y doctoras, hasta personal de limpieza, camilleros y paramédicos. Las problemáticas de este sector, a su vez, mantienen a la población pobre y trabajadora de México en una de las más afectadas por el COVID-19 en el mundo.

Viernes 20 de agosto | Edición del día

Así como le pasó a la economía, no sólo de México, sino mundial, el sector de la salud sufrió grandes afectaciones provocadas por la pandemia, pues agudizó y aceleró muchos de los problemas ya existentes. La escasez de insumos e instrumentos de protección, medicamentos y respiradores, así como la saturación de pacientes en hospitales, son hechos que demuestran un abandono total de la infraestructura de salud por parte de los gobiernos neoliberales. Esto explica los datos alarmantes: México se encuentra a la cabeza de América Latina por ser el país con más muertes por COVID-19 por trabajadores de la salud.

Todo el continente suma la cantidad de Un millón 763 mil 315 contagios en cuanto a trabajadores del sector salud; entre ellos se reportan 10 mil 278 defunciones. México alcanza aproximadamente 144 mil 711 casos de contagios y 4 mil 84 defunciones. Entre otras palabras, México abarca casi el 50% de defunciones en latinoamérica.

Condiciones de las y los trabajadores de la salud

La pandemia dejó al descubierto muchas prácticas corruptas y burocráticas de los altos cargos y las autoridades del país. Todo empieza con los gobiernos neoliberales de los 80s, que atentaron contra la seguridad de toda la clase trabajadora. El sector salud también recibió fuertes golpes de precariedad; uno de los más importantes fue en el 2003 con las reformas aplicadas a La Ley General de Salud y la instauración del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Estas reformas tenían el objetivo de afiliar a más personas al Seguro Social.

Al llevarse a cabo con una pésima ejecución y sin aumentar el presupuesto a la salud para garantizar por la vía de los hechos el acceso de los derechohabientes a este derecho básico, en vez de mejorar el bienestar de la población, sólo se complicaron las cosas, puesto que no sólo aumentó el número de derechohabientes (colapsando los pocos hospitales e insumos que habían), sino que también incrementó la explotación laboral de las y los trabajadores de la salud incrementando las jornadas laborales (cada vez más pesadas), recortes salariales, eventualidad. Aumentó la contratación por honorarios, con contratos de 5 meses de trabajo y sin derecho a prestaciones. Todo esto se ve reflejado en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Con estas fuertes problemáticas de represión en los derechos laborales, las y los trabajadores de la salud se encontraron en condiciones lamentables, pues no había ningún sindicato democrático que respaldara sus derechos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), es un sindicato cuya dirección charra no representa ni defiende las demandas de quienes lo integran, pues guarda una íntima complicidad con los altos puestos del gobierno. Propicia un estado de burocracia y corrupción, ya que se juega con las bases trabajadoras y sólo un sector muy selecto y reducido se puede regularizar.

Causas de muertes y situación laboral

La pobreza es la principal causa de muertes por Covid-19 en el mundo. Las y los trabajadores del sector de la salud no se encuentran exentos de esto, pues sus condiciones laborales son sumamente deplorables y tan explotadas como el resto de la población pobre y trabajadora. La pobreza engloba muchos problemas sociales, sin embargo, son cuatro los que causan directamente la complicación y la propagación del virus.

El principal problema, y a su vez el más comentado, es la alimentación que recibe la clase proletaria. Muchos han criticado las medidas que tomó el actual gobierno en restringir ciertas técnicas de márquetin de las empresas (como poner colores y figuras llamativas en sus empaques), o agregar sellos que informen sobre el exceso de calorías, sodio y grasas. Sin embargo, estas medidas no mejorarán la dieta de la población. Las largas jornadas laborales y los salarios tan bajos hacen que un trabajador promedio no pueda comer de la mejor forma, mucho menos alimentar a toda una familia.

Es necesario tomar en cuenta la Canasta Alimentaria Recomendada (CAR), pues esta define la calidad de dieta de una persona. Hace cuarenta años una jornada de un salario mínimo podía cubrir hasta casi tres CAR. Es decir, que con dos horas y media de trabajo un obrero podía cubrir su alimentación. Hoy en día los recortes salariales, el aumento a las horas de trabajo y la explotación laboral afectan estos valores, pues con una jornada entera de un salario mínimo es posible cubrir apenas 33% de la CAR.

Este problema está presente en cualquier área del sector salud. Los recortes salariales son abismales, haciendo que una doctora no pueda acceder a una dieta digna. Por poner un ejemplo, en el cargo Enfermera general, una trabajadora en 1982 podía terminar el mes cubriendo a la perfección su CAR, haciendo que, inclusive, le llegara a sobrar. Hoy, en el gobierno de la 4T, después de un largo periodo de abandono por gobiernos neoliberales, una enfermera general gana $ 6,010.54 pesos al mes, faltándole hasta $ 2,269.54 pesos para cubrir la CAR.

Con tan poco dinero para comer, el trabajador opta por la comida rápida, la más barata, la más procesada y la más llena de calorías y grasas saturadas. A su vez, las familias necesitan más ingresos para comer, por lo que mandan a más integrantes de la familia a trabajar. Agregado a esto, las altas jornadas laborales hacen que el placer de cocinar sea un sueño del siglo pasado.

Otro factor de emergencia es la densidad de población en las zonas populares, es decir, casi todo el territorio. La escasez de vivienda digna cerca de los centros de trabajo hacen que grandes masas se concentren en espacios reducidos, propiciando una alza en los contagios. Los altos precios de renta y servicios básicos hacen que las masas de la juventud trabajadora opten por compartir departamento.
La práctica de tener “roomies” o compartir viviendo entre muchos, es una alternativa barata y de repartición de gastos. Esto coadyuva a la densidad de población y al surgimiento de más viviendas hacinadas. Hoy más de 50 millones de personas se encuentran en estas condiciones. Lo anterior no sólo provoca mayores contagios, sino que también interviene en la complicación de los enfermos, pues se exponen más tiempo al virus.

¿En qué momento se podrá pagar un departamento o casa digna (con el espacio suficiente para evitar concentración del virus) si una enfermera no gana lo necesario para tener una dieta digna y suficiente para nutrirse? Si las y los trabajadores del sector público, afiliados a la seguridad que se supone el estado debería garantizar, se encuentran en condiciones lamentables.

Los trabajadores del sector privado no tienen acceso a las mismas garantías que los del sector público. La especialización y niveles de estudio son la excusa perfecta para no pagar los salarios del trabajador, por lo que no tienen acceso a prestaciones; los apoyos COVID, por ejemplo, casi no existen en el sector privado. Muchos de los trabajadores de clínicas privadas deben tener dos trabajos para cubrir el salario, o bien, toman tiempos completos y guardias nocturnas, pues no siquiera alcanza el personal.

Sumado a esto, la precariedad laboral también es un gran problema en cuanto a los contagios y complicaciones. Los trabajadores que no tienen seguridad social deben ganar su sueldo con largas horas de trabajo, aumentando la posibilidad de contagios a lo que se suma la exposición diaria en transportes deficientes.

Finalmente, la falta de insumos, medicamentos y, de forma más directa, la escasez de pruebas de COVID gratis, son problemáticas a las que se enfrentan las grandes mayorías. Los kioscos tienen un número restringido de pruebas, en contraste con la población que los necesita. Las pruebas en clínicas particulares llegan a precios imposibles de pagar con el salario de un trabajador promedio. La detección de contagiados a tiempo ayuda, no sólo a evitar complicaciones, sino también a prevenir el alza en contagios.

Aunque sea costumbre ver a los y las médicos como trabajadores con mejores derechos laborales y en condiciones más favorables, lo cierto es que siguen perteneciendo a la clase proletaria, con todas las problemáticas ya expuestas.

Solución

Por esto, desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas exigimos la basificación inmediata de todos los trabajadores del sector salud; que el salario mínimo pueda cubrir la canasta básica y más, para una mejor alimentación, vivienda digna, transporte de calidad y todos los servicios tan indispensables en esta pandemia.

Las y los trabajadores de la salud, tanto del sector público como privado, han sufrido muchos ataques. Mientras pasan largas jornadas atendiendo a una cantidad muy grande de contagiados en un sistema de salud colapsado y en crisis, los funcionarios públicos, los altos cargos administrativos y los grandes directivos lucran con los recursos que deberían estar en manos de los trabajadores

Los grandes sindicatos deben obedecer las demandas de las masas en condiciones precarias y deplorables, por ello es necesaria la unión de todos los sectores, no sólo de intendencia, camilleros, laboratoristas, etc., sino también de todo el proletariado para acabar con la inseguridad laboral y la estructura burocrática que atenta contra el bienestar de la clase trabajadora y sus sectores esenciales como lo son los trabajadores de la salud, pues sólo con los recursos bajo su control, el sistema estará en condiciones para enfrentar el servicio tan mediocre. Por eso, hay que avanzar en la centralización de todo el sistema de salud, su estatización y que funcione bajo el control de sus trabajadores.

Que los grandes directivos y funcionarios cobren los mismo que un trabajador de la salud promedio, que se impongan impuestos progresivos a las grandes fortunas, entre ellas las de los dueños de farmacéuticas y patentes de medicamentos que lucran con la salud; que se deje de pagar la deuda externa, para que con todos esos recursos se garantice un aumento al presupuesto de la salud.




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