Sociedad

ENTRE EL HAMBRE Y EL EXTERMINIO

Nueva masacre de presos, ahora en Guanare: el gobierno es responsable

En horas de la mañana de este 1 de mayo, luego de un “intento de fuga”, se registró una nueva masacre en una prisión del país, esta vez en Guanare, estado Portuguesa, en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella). Se habla de al menos 46 muertos y 75 heridos por la acción letal de los cuerpos de seguridad del Estado

Sábado 2 de mayo | 21:52

A 51 días de haberse decretado la cuarentena en el país, la situación las cárceles venezolanas es de extrema gravedad, si antes de la pandemia el estado de los recintos penitenciarios se caracterizaba por la falta de alimentos y medicinas, que en muchos casos eran cubiertos por los familiares, la situación en estos momentos es de emergencia, pues se encuentran suspendidas las visitas desde el 13 de marzo. La alimentación y medicinas de los reclusos depende en gran medida de las familias, quienes llevan mes y medio sin poder visitarlos.

No es de extrañarse que el pasado viernes varias decenas de reclusos intentaran fugarse del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), o por lo menos esta es parte de la versión oficial de las autoridades, no sin causar perspicacia que los reos eligieran la luz del día para intentar darse a la fuga, aunque de ser cierta está versión, daría cuenta de la desesperante situación que muchos reclusos viven en el país.


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El saldo del motín, como cabría esperarse en estos casos, es una masacre de reos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), algunas fuentes hablan de al menos 46 reclusos muertos y varios heridos de gravedad. Por parte de los funcionarios del estado, solo se registran dos heridos, uno de ellos el director de la cárcel, Carlos Toro, por arma blanca en la zona de la espalda.

Al comienzo de la pandemia la OMS recomendó a los Estados “buscar alternativas a la privación de libertad”, con el propósito de disminuir el contagio entre reclusos al mínimo, sin embargo, Venezuela no ha tomado las medidas necesarias en ese sentido. Los niveles de hacinamiento de las cárceles venezolanas siguen siendo alarmantemente altos —entre 200% y 300% según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones—, ponen en riesgo no solo de infección del COVID-19 a los reos, también de otras enfermedades infecciosas que ya se han estado diseminando en las cárceles como la tuberculosis, hepatitis o VIH-Sida. En el caso del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella) se estima que su capacidad es de 750 privados de libertad, pero antes de la masacre contaba con más de 2500 reclusos, más de 3 veces por encima de su capacidad, algo ¡dantesco!

Esta situación no es para nada nueva, al principio de la cuarentena, el Estado asesinaba a 13 reos que se fugaron del Retén de San Carlos en el estado Zulia. Pero la crisis carcelaria del país se extiende años atrás antes del inicio de la pandemia, otras masacres en los últimos años son la de la Cárcel de Amazonas con 37 muertos (2017), la de la Comandancia de Valencia con 68 (2018) y la de en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, también en el estado Portuguesa (2019), donde la cifra fue de 29 reos muertos por la acción del estado.

Prácticamente desde 2012 no ha habido año sin suscitarse una tragedia mortal en alguno de los centros de reclusión del país. Año tras año, las tasas de hacinamiento han aumentado y la escasez y el desfinanciamiento de los centros penitenciarios se agrava, mientras el viraje represivo y autoritario del gobierno se profundiza, con una población carcelaria que sigue creciendo.


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En estos momentos hay decenas de miles de reclusos en condiciones paupérrimas, con falta de los elementos más esenciales para sobrevivir y en estados terribles de hacinamiento sin que el Estado haga nada para aliviar su situación, la desesperación de muchos produce y producirá más motines como estos mientras no se tome acción inmediata, pues la única respuesta que reciben es la actuación letal y asesina del Estado venezolano. La misma respuesta letal que recibe la población hambrienta que ha protestado en el país en las últimas semanas.

En muchas cárceles se encuentran trabajadores y luchadores sociales inocentes, algunos sin ni siquiera tener un juicio, donde sus vidas corren peligro, los casos más emblemáticos son los de Rodney Álvarez y Rubén González.


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Es necesario tomar acción inmediata ante la emergencia, deben ser liberados todos los presos por luchar y protestar. Con respecto a los presos comunes, se debe seguir en lo inmediato al menos las recomendaciones básicas de la OMS, colocar en libertad temporal o prisión domiciliaria todos los acusados por delitos menores, con condenas por vencerse, condiciones médicas especiales y de edad avanzada.

Es necesario un posicionamiento claro de los trabajadores y la juventud en repudio a este manejo cruel e inhumano del drama social que desemboca en estos atroces crímenes, pues es la juventud de extracción obrera y popular la que engrosa las prisiones, la inmensa mayoría de ellos pobres y sin juicios justos, a merced de la arbitrariedad de funcionarios y un sistema judicial descompuesto.

Todo mientras que los grandes ladrones y asesinos de la nación, por ser ricos y poderosos, se encuentran impunes y en libertad plena, sin ningún tipo de señalamiento.






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