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CRISIS POLÍTICA EN PERÚ

Perú: ordenan prisión preventiva por 36 meses para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski

El viernes 19 de abril, cuando los medios de comunicación cubrían el impacto del suicidio del ex presidente Alan García, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó la prisión preventiva por 36 meses para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski acusado de estar vinculado a la corrupción de funcionarios públicos promovida por la empresa brasileña Odebrecht.

Cecilia Quiroz

Militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores "CST"

Lunes 22 de abril | 09:04

Foto: redes sociales

El viernes 19 de abril, cuando los medios de comunicación cubrían el impacto del suicidio del ex presidente Alan García, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó la prisión preventiva por 36 meses (3 años) para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a quien también se le acusa de estar vinculado a la corrupción de funcionarios públicos promovida por la empresa brasileña Odebrecht. Esta medida, que sirve para poner en evidencia la estrecha relación que existe entre los políticos de turno y el empresariado, se da en un momento en el cual la popularidad del presidente Vizcarra había bajado significativamente y el descontento social empezaba a cundir nuevamente. No olvidemos que Kuczynski el 2016 fue apoyado por el conjunto de la izquierda reformista y neo reformista para llegar al gobierno.

Como se recuerda, PPK venía siendo investigado por el poder judicial por haber recibido dinero de la constructora Odebrecht, a quien habría “asesorado” ilegalmente durante los años 2001 - 2006. Esto se dio cuando Kuczynski era ministro del gobierno de Toledo y aprovechó su cargo para que la empresa brasileña gane la concesión para la construcción de los proyectos de “Integración de la Infraestructura Regional Suramericana-IIRSA Sur” en los tramos 2 y 3, y del trasvase de Olmos, lo cual le reportó suculentas ganancias a la empresa así como al ex presidente, quien se valió de su consultora - Wetsfield Capital – para justificar estos negociados. Durante el periodo en mención, PPK, desde su ministerio emitió una serie de resoluciones que beneficiaron a Odebrecht, como claramente lo mencionó en su momento Marcelo Odebrecht.

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PPK ya había sido detenido por 10 días para que se le investigue por los hechos señalados, sin embargo, por un tema de salud le levantó la detención. Esto se revirtió abruptamente el pasado viernes después que Alan García se suicidó cuando iba a ser encarcelado preventivamente. Los argumentos que usa el juez Jorge Chaves para mandar la detención preventiva de PPK, ahora por 36 meses, se sostienen en que el ex presidente habría intentado salir del país aduciendo la necesidad de contar con atención médica especializada y el no haber colaborado con el poder judicial.

Kuczynski, desde que empieza a jugar un rol protagónico en la política nacional, allá por los años 60 con el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, siempre estuvo vinculado a los intereses de los grandes empresarios (por eso se lo considera como lobista profesional). En ese entender, cuando llegó al gobierno Alejandro Toledo el 2001 y este convocó a PPK para que se encargue del ministerio de economía, era previsible lo que al final terminó ocurriendo, oséa, Pedro Pablo Kuczynski convirtió su ministerio en correa de trasmisión de los intereses empresariales de sus nuevos amos: el capital brasileño a través de empresas como Odebrecht y los capitales chinos, quienes a punta de corrupción de funcionarios públicos, contaminación del medio ambiente y precarización laboral, terminaron convirtiéndose en los mayores inversionistas en el Perú de los últimos años.

No nos sorprende, por tanto, lo que ahora va saliendo a la luz sobre este personaje y otros como Alan García, Toledo, Ollanta o Susana Villarán, ya que todos ellos con sus particularidades, inclusive de izquierda o nacionalistas (Villarán y Ollanta), por su convicción estratégica de capturar el Estado burgués para desde ahí hacer gestión, terminaron fagocitados por los intereses de la gran burguesía nacional y extranjera. Para ellos el Estado es el principal instrumento de legitimación y legalización de su saqueo y explotación, o como diría Marx, “el Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”.

Recordemos que la izquierda reformista y neo reformista - encabezados por la señora Verónika Mendoza - mandaron a votar el 2016 por el lobista Kuczynski, a pesar de que todos éramos conscientes de su pasado y de su orientación política. Ellos, amparados en la lógica binaria y metafísica del mal menor, terminaron empoderando a un personaje que más tarde no sólo se alineó al fujimorismo, sino también sirvió en su momento para desviar el cuestionamiento social al régimen político de 1993 así como ahora lo viene haciendo Martín Vizcarra a través de la lucha contra la corrupción y la reforma política.

Kuczynski, Toledo, Ollanta, Nadine, García, Susana Villarán y sus funcionarios, así como los Fujimori y el resto de políticos que defienden el status quo tienen que ser investigados y sancionados por su vinculación a la corrupción, pero junto a ellos también deben ser investigados y sancionados los empresarios dueños de las grandes minas, constructoras, bancos, empresas de telecomunicaciones, etc., ya que ellos se valen de la corrupción de esta casta de políticos para hacer sus negocios e incrementar su tasa de ganancia. Eso, lamentablemente ahora no es posible porque la justicia sigue siendo instrumentalizada por quienes controlan el poder económico y político, por eso es necesario que empecemos a discutir sobre la necesidad que los jueces y fiscales sean elegidos por votación popular y universal ya que el pueblo tiene derecho a saber quiénes son y a quienes sirven los personajes que deciden lo que es justo o no en el Perú.






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