NUEVA OLA DE CONTAGIOS. Por un plan de emergencia que garantice los recursos ante la crisis sanitaria y social y #VacunasParaTodos

A un año del anuncio oficial de los primeros casos y del anuncio de la cuarentena, Venezuela vive un aumento vertiginoso de los casos. Las cifras oficiales reconocen 146.000 casos de la Covid 19 y 1.400 fallecidos. El registro de algunos cálculos médicos no oficiales plantea que la cantidad de contagiados es cinco veces superior, como el que lleva a cabo la Academia de Ciencias.

Desde comienzo de febrero expertos han anunciado que el desborde está a la vuelta de la esquina.Pero en función de aparentar normalidad y de control de la pandemia, el Gobierno empezó a aflojar en las medidas más elementales, como el de la cuarentena. El nuevo salto de contagios, que el propio Gobierno reconoce, ha hecho sonar nuevamente las alarmas.

Que el sistema de salud ya es un colapso total por la catástrofe económica y social ya antes de la pandemia no es un secreto para nadie, se ve en todos los niveles que llegan a situaciones extremas. Ahora con el desate de la pandemia llega a situaciones extenuantes, de verdadera calamidad. Un nuevo salto de los contagios por el Covid-19, llevaría a una catástrofe generalizada en cuestiones sanitarias. Pero hay maneras de combatir esta nueva tragedia que nos amenaza, pues a problemas extraordinarios se hacen necesarias medidas extraordinarias, como explicamos más adelante. Se trata de evitar que esta nueva crisis profundice la catástrofe que ya arrastramos.

El país vecino, Brasil, actualmente sufre una ola de explosión de contagios imparable, con miles de muertos por día, y la entrada de la variante brasileña en el país tiende a agudizar la situación aquí. “Estamos entrando a la segunda ola de contagios. Con toda claridad, la capacidad de los centros asistenciales está a punto de ser rebasada, tenemos muchos pacientes buscando camas de hospitalización. Quisiéramos poder atenderlos a todos, pero es imposible”, relata María Eugenia Landaeta, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, así como otros expertos indican que el 80 % de las camas de las UCI de Venezuela están ocupadas y tanto el sistema de salud público como el privado "se encuentran colapsados".

Para muchos analistas, la actual explosión de contagios guarda relación con el relajamiento general en las normas de estas últimas semanas. Pero si los datos no son ajustados a la realidad es que las pruebas para detectar el avance del contagio han sido extremadamente limitadas, si no se realizan pruebas masivas es más que evidente que el número de contagios no se reflejan en los datos oficiales. Por eso la exigencia de los test masivos continúa siendo una urgencia y poder ejecutar programas más reales. Por ello es que es imprescindible la mayor información veraz, el pueblo está en su derecho a esta información. Estas medidas elementales como parte un programa verdadero de emergencia.

Es un dato de conocimiento más general que el aumento de los contagios se da proporcionalmente más entre los sectores más pobres. Esto se debe en parte a que la medida central del Gobierno ha sido la cuarentena sin un plan de conjunto, sobre todo el poder garantizar un ingreso a sectores que trabajan en la informalidad, que tras la catástrofe económica, su porcentaje se ha elevado con respecto a los formales, por causa de los salarios totalmente miserables (el mínimo oficial ronda entre uno y dos dólares mensuales), provocando una deserción masiva de asalariados hacia la economía informal y el comercio. Una situación económica que, de conjunto, fue obligando a cientos de miles que viven de ofrecer servicios o vender cualquier mercancía a salir a garantizar su sustento diario exponiéndose al contagio.

Si el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares ya vienen siendo golpeadas por la catástrofe económica y social que se arrastra por casi siete años, con la pandemia su situación se ha vuelto más aguda, mientras que desde el Gobierno se siguen pagando unos salarios inexistentes, que rayan la burla, a la par que se exime de impuestos a los grandes empresarios y transnacionales y se les da vía libre para que realicen los mayores negocios de su vida.

Desde que se inició la pandemia, desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) se propuso y exigió todo un plan de emergencia planteando la necesidad de medidas extraordinarias para evitar que esta crisis terminara golpeando aún más al pueblo trabajador, pero el Gobierno de Maduro no ha pasado de tomar como lo central la cuarentena sin un plan de conjunto y hoy vemos, incluso tomando los datos oficiales, la amenaza de un desborde que está más que presente.

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No hay claridad sobre el plan de vacunación que ha anunciado el Gobierno de Maduro,que habla de una fase masiva de vacunaciones para el mes de abril. Los ministros han declarado que esperan tener al 70% de la población vacunada a finales de 2021, meta que muchos expertos ponen en duda. Al momento que escribimos este artículo, al país han ingresado unas 700.000 vacunas rusas y chinas que están siendo aplicadas con criterios opacos, pero Venezuela necesita 40 millones de dosis para alcanzar la inmunidad del 70% de su población.

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No se pueden esperar los ritmos del Gobierno, es necesario exigir vacunas para todos de manera urgente, siendo que el Estado debe adquirir las vacunas necesarias para toda la población. Dinero hay, se trata de establecer medidas centrales para la adquisición de las vacunas.

Es imprescindible imponer fuertes impuestos a las grandes empresas nacionales y extranjeras, impuestos progresivos a las ganancias y grandes capitales nacionales y extranjeros, incluyendo la banca, basta de tanta alcahuetería de seguir eximiéndolos de impuestos; repatriación forzada de capitales, conminando a todos los que desangraron al país a traer todos esos recursos que hacen falta con tanta urgencia, o caso contrario, estatizar sus bienes en el país; ningún plan de renegociación ni pago de deuda externa como ya anuncia el Gobierno.

Por supuesto, una cuestión fundamental es la eliminación inmediata de todas las sanciones económicas y de todas las confiscaciones de bienes extraterritoriales de los que ha sido víctima el país, en el marco de toda la ofensiva imperialista de terminar de ahogar la economía del país, medidas celebradas y apoyadas por toda la oposición de derecha, mientras sigue usando su demagogia política. Es inaudito que importantes reservas de oro confiscadas en países como Inglaterra, Alemania, y cuentas líquidas de la nación, o importantes fuentes de recursos como la empresa Citgo, sigan confiscadas por los países imperialistas, mientras el pueblo padece de hambre y una catástrofe mayor nos amenaza. Todos esos recursos deben ser usados para la adquisición de todas las vacunas necesarias para toda la población y el plan de conjunto de emergencia sanitaria.

¡Abajo las sanciones imperialistas! Si antes de esta emergencia eran repudiables y criminales, hoy lo son en grado extremo. Debemos exigir con más fuerza que nunca el cese de esas medidas y repudiar con todo a los políticos que, como Guaidó y quienes le acompañan, las aplauden.

Además de las demandas planteadas más arriba como vacunas para todos y las medidas de urgencia para obtener los recursos para adquirirlas, como parte de un plan de emergencia, seguimos exigiendo:

Todos los recursos del sector privado asociados a la salud y susceptibles de usarse para responder a la emergencia, deben ser centralizados por el sector público y que sean comités de los propios trabajadores de la salud y especialistas quienes controlen su uso, no los burócratas ni los militares. Instalaciones, insumos y equipos de las clínicas, de los hoteles, los laboratorios, empresas que fabriquen o puedan reconvertirse para fabricar tapacocas, guantes, alcohol, jabón, sanitarios, camas, etc., las farmacias y sus insumos, todo eso debe estar disponible como recursos públicos para la emergencia. ¡La vida y la salud del pueblo deben estar por encima del interés de ganancia empresarial!

Distribución masiva y gratuita a la población de los implementos básicos para prevenir y combatir el virus. El Gobierno acordó con los empresarios de farmacias un compromiso de “precios accesibles”, es decir, además de que ya han obtenido ganancias extraordinarias con las compras inusitadas, se les deja seguir ganando con la necesidad: ¡en una simple mascarilla, un frasco de alcohol y una barra de jabón se va un sueldo mínimo mensual!. Con la centralización de recursos que proponemos, se debe garantizar la producción y distribución gratuita y masiva de esas cuestiones elementales y necesarias.

Garantizar la aplicación masiva de las pruebas de descarte del virus. La cuarentena es una medida elemental, pero evidentemente, no basta, es apenas una de las medidas, además, hay decenas de miles que están fuera de cuarentena: los trabajadores de la salud, los de la producción y los servicios indispensables. La OMS y la experiencia de otros países aconsejan lo fundamental de las pruebas tempranas de diagnóstico en todas las personas que presenten posibles síntomas, así sean leves. Eso no se está garantizando.

Aumento sustancial ya de los recursos económicos destinados a la salud. Hace mucho que el sistema de salud requiere con urgencia recursos, más urgente es ahora. Ya está ocurriendo que pruebas o estudios necesarios para tratar las afecciones asociadas al virus están quedando a la suerte de que las personas puedan pagárselos en el sector privado, porque no los garantizan los hospitales. Tomando todas las medidas extraordinarias necesarias, debe garantizarse un fuerte aumento cualitativo en la inyección de recursos para el sector.

Garantías mínimas a los trabajadores de la salud y refuerzo del personal. Tal como denuncian los trabajadores, en muchos centros de salud el Gobierno no les está garantizando las condiciones de bioseguridad elementales, exponiéndolos a ellos, a sus familiares y al resto de la población, pudiendo convertirse en un canal de propagación del contagio. Peor aún, en algunos casos ha amenazado con despidos o detenido a quienes piden esas condiciones. Una irracionalidad, lo que se necesita hoy es incorporar más trabajadores del sector y garantizarles un ingreso digno y condiciones básicas de protección. ¡Basta de persecución!

Prohibición de despidos, ingreso no menor al costo de la canasta básica para los trabajadores dependientes y por cuenta propia. Son decenas de miles los que no tienen como sobrellevar las necesidades básicas durante la cuarentena. El Estado y los empresarios deben garantizar a los asalariados un ingreso que cubra como mínimo el costo de la canasta básica, y lo mismo a los no-dependientes mientras no puedan laborar. Es decir, algo muy superior al pírrico monto que se otorga hoy por los “bonos de la patria”.

Centralización en el sector público y bajo verdadero control de los trabajadores, de toda la producción requerida para cubrir las necesidades del pueblo. A pesar del terrible colapso económico, en el país se sigue produciendo y también hay capacidad instalada sin uso. Muchas y grandes cosas se podrían hacer para elaborar y distribuir productos asociados a la salud y a la alimentación, si el empleo de esos recursos no estuviera limitado, por un lado, por las decisiones del capital privado –solo interesado en sus ganancias–, y por el otro, por las de los burócratas gubernamentales que conducen las empresas públicas. ¡Si los propios trabajadores tienen comités que ejerzan el control de la producción y que puedan poner en práctica sus diferentes iniciativas, muchas necesidades populares de hoy se pueden cubrir! En las empresas públicas eso requiere sobreponerse al autoritarismo de quienes las dirigen. En el sector privado, quienes se nieguen a ese control, deben ser advertidos de expropiación sin indemnización. ¡Ya basta de mandar al muere al pueblo trabajador porque siempre son más importantes las razones de los empresarios o de los burócratas del gobierno!

Control de la distribución y de los precios de alimentos y medicinas por los propios trabajadores y las comunidades conformados en comités para ese fin. ¿Hasta cuándo va a sangrar el pueblo porque se antepone el lucro privado? ¡Y más aún en estas circunstancias! Todos los precios de los bienes de primera necesidad deben ser revisados y fijados por esos comités, así como la distribución, teniendo acceso a toda la información sobre los niveles de ganancia, de producción y de stock, lugares de almacenamiento, cadena de producción y distribución, para evitar mentiras, chantajes y mafias. Ni bajo control de los empresarios ni de los militares y burócratas.

Acceso a toda la información sobre la realidad de la situación. El pueblo venezolano tiene derecho a saber la verdad de la situación, lo pertinente o no de las medidas tomadas, si son realmente efectivas o no, etc. No puede quedar a expensas del secretismo oficial, que no tiene credenciales para pedir confianza en la materia. Tampoco víctima de posibles campañas de desinformación que se monten sobre la opacidad oficial. La clave para eso es ¡Cero censura ni persecución a los trabajadores de la salud y de la prensa! Eso implica exigir ¡Anulación de las leyes que criminalizan la información y la opinión! En diversas leyes el gobierno habla de contenido que “busca generar zozobra” o “alarma” en la población, e incluso de “terrorismo”, para calificar como delito este tipo de información.

Libertad inmediata de todos los trabajadores presos por luchar. Si ya era deplorable que estén presos, mal alimentados y sin atención médica, por luchar por sus derechos, lo es más aún en estas circunstancias que los ponen en mayor riesgo.

No a la utilización del peligro para profundizar el autoritarismo y el control burocrático-militar de la población. El gobierno se siente en su elemento tomando las medidas de control policíaco desplegadas, aprovecha la ocasión para reforzar ese “estilo” de gobernar. Esta crisis apenas comienza, y si este gobierno se ha encargado de cercenar derechos democráticos a la organización sindical, asambleas y manifestación, no es de extrañar que ante descontentos por su gestión de la crisis y por los problemas agudos que puedan presentarse, intente reforzar su control represivo. Debemos rechazar eso de plano, lo peor en medio de esta situación es que la misma casta cívico-militar que ha llevado a la ruina el sistema de salud, acalle las exigencias legítimas del pueblo. No le otorgamos al gobierno más idoneidad y sensatez para decidir si debe realizarse o no una reunión, asamblea o manifestación, y en qué condiciones, que la que puedan tener las propias organizaciones en lucha y comunidades afectadas.

De conjunto, se trata de medidas de un programa propio de los trabajadores y el pueblo pobre para hacer frente a la pandemia, defender el derecho a la salud y a la vida, y posicionarse como un sujeto activo y actor clave en la situación, para evitar que esto venga a significar una profundización de la catástrofe social y sanitaria que ya venimos padeciendo.