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Red Internacional

Detenciones arbitrarias.Profesora de la Universidad de Los Andes presa en el Helicoide en Caracas tras detención arbitraria

Este viernes 26 fue dado a conocer por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) que Aidaliz Guarisma Mérida, profesora de la Escuela de Artes Escénicas de dicha universidad, fue detenida arbitrariamente el pasado 10 de agosto en su casa en Mérida y trasladada dos días después a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Se denuncia también como desaparición forzada, puesto que el paradero de Aidaliz fue desconocido durante 12 días, entre el 12 y el 24 de agosto.

Viernes 27 de agosto | 13:46
Aidaliz Guarisma Mérida fue detenida arbitrariamente en su casa el 10 de agosto de 2021 y trasladada dos días después a la sede del Helicoide en Caracas. Estuvo incomunicada durante 12 días. Foto: cortesía Damián D. Fossi Salas.

Reproducimos a continuación el informe denuncia realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)

(Mérida, 26/08/2021).- Guarisma Mérida, profesora de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Los Andes (ULA), fue detenida arbitrariamente el pasado 10 de agosto en su casa en Mérida y trasladada dos días después a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, conocida como el Helicoide. 16 días después se le imputan al menos tres delitos y solo se ha comunicado con sus familiares en dos ocasiones.

Este hecho fue conocido por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) a través del testimonio de Milagros Guarisma Mérida, madre de la víctima. El equipo jurídico del ODH-ULA asiste a Milagros Guarisma en la denuncia que introdujo ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida contra los funcionarios del Sebin regional, quienes se llevaron arbitrariamente a su hija la tarde del 10 de agosto y la tuvieron detenida e incomunicada allí hasta la noche del 12 de agosto, cuando la trasladan a Caracas.

Los hechos

Milagros Guarisma contó al ODH-ULA que cerca de la 1:45 p.m. del martes 10 de agosto de 2021 ella, su hija y su nieta se encontraban en la residencia que habitan en la ciudad de Mérida, cuando llegaron tres hombres y una mujer vestidos de civil, quienes se identificaron como funcionarios del Sebin. Estas personas le dijeron a Aidaliz Guarisma que debía acompañarlos, pese a no presentar ninguna orden de detención. A pesar de la negativa de la víctima, los funcionarios la sacaron en contra de su voluntad de su vivienda y la obligaron a subirse a la camioneta sin placas donde habían llegado a buscarla.

Casi 44 horas después de la detención arbitraria, Milagros Guarisma logra comunicarse con su hija, y es cuando se entera de que se encuentra recluida en la sede regional del Sebin, ubicada en la urbanización La Mara. A las 10 de la noche de ese jueves 12 de agosto un hombre vestido de civil, quien se identificó como funcionario del Sebin, tocó la puerta de la residencia de la víctima y le entregó a Milagros Guarisma una cartera y la ropa de su hija, así como una carta escrita por ella, como pudo reconocer por la letra. En el escrito le pedía que no informara a nadie sobre su detención y que iba a ser trasladada a Caracas.

Transcurrieron 12 días más sin que Milagros Guarisma pudiera saber de su hija. El día martes 24 de agosto, en horas de la tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar escuchó la voz de su hija por breves momentos, quien le informó que estaba recluida en el Helicoide y con la posibilidad de comunicarse una sola vez por semana. Dos días después, la mañana de este 26 de agosto, la contactó vía telefónica un hombre que se identificó como Carlos Carrero y le dijo que era el defensor público asignado para el caso de su hija.

Carrero le informó que a su hija, Aidaliz Guarisma Mérida, se le imputan los siguientes delitos: corrupción propia (sancionado en la Ley contra la corrupción y para la salvaguarda del patrimonio), revelación de información indebida (previsto en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos) y asociación para delinquir (establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo).

“Yo pido que se cumpla con el debido proceso, que se respeten los derechos de mi hija porque ella no ha cometido ninguno de los cargos que se le imputan. A ella han debido procesarla aquí, ¿por qué tenían que trasladarla a Caracas?”, dijo Milagros Guarisma al ODH-ULA vía telefónica este jueves 26 de agosto. Espera poder viajar pronto a Caracas para ver a su hija, pero las restricciones de la pandemia y las dificultades en el acceso a transporte se imponen como obstáculos.

Violaciones al debido proceso y a los derechos humanos

El ODH-ULA denuncia este caso como una detención arbitraria con desaparición forzada. A la víctima Aidaliz Guarisma Mérida la sacaron de su casa el 10 de agosto funcionarios del Sebin sin uniforme ni identificación, en contra de su voluntad y sin una orden de aprehensión. Durante casi dos días estuvo incomunicada, recluida en la sede del Sebin sin que sus familiares lo supieran y sin su debido derecho a la defensa a través de un abogado. Seguidamente, la noche del 12 de agosto, es llevada a Caracas sin que existiese una orden policial o jurídica de traslado.

Este caso constituye, además, una desaparición forzada, puesto que el paradero de la víctima fue desconocido durante 12 días, entre el 12 y el 24 de agosto. Este delito es considerado como un crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. En el artículo 45 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prohíbe la desaparición forzada de personas. Este observatorio exige al Estado venezolano respetar los derechos humanos de Aidaliz Guarisma Mérida y el debido proceso de su caso, que incluye su legítimo derecho a la defensa y a no estar incomunicada.

Lee la publicación original del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA aquí




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