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Red Internacional

Publicamos un artículo escrito por Leander Pérez G. sobre las propuestas de Fedecámaras en la llamada "Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional", donde analiza los diversos planteamientos de la principal cámara empresarial del país que se encuentran en sintonía con las políticas del Gobierno de Maduro pero en los que exigen aún más.

Martes 2 de marzo | 18:03

El pasado 18 de febrero Fedecámaras dio a conocer sus «Propuestas para la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional», un programa de liberalización de la economía y privatizaciones por el que el gobierno de Maduro lleva ya tiempo transitando.

El programa de Fedecámaras se divide en: propuestas al ejecutivo nacional, propuestas legislativas y propuestas específicas a la comisión de diálogo de la Asamblea Nacional, muchas de las cuales se han venido aplicando de facto, incluso antes de la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica de 2018.

Con esta propuesta, Fedecámaras abandona su querella política con el gobierno, se pasa al bando de los «empresarios optimistas», y entra en la carrera por reparto del país.

Más liberalización y dolarización de facto de la economía

En su propuesta Fedecámaras le sugiere al gobierno «sustituir la regulación de precios por un esquema de competencia», mientras que, entre sus propuestas legislativas, sugiere a la Asamblea Nacional la «derogatoria de la Ley Orgánica de Precios Justos». Sin embargo, lo que habría que preguntarse es si de verdad se ha mantenido el esquema de regulación de precios o se está aplicando la Ley de Precios Justos.

Al menos desde 2015, el gobierno ha venido levantando todo tipo de controles de precios, sobre todo en rubros alimenticios de primera necesidad como la leche, el arroz, o el café. Por su parte, la Ley de Precios Justos no sólo no se está aplicando, sino que en los hechos ya fue derogada con la aprobación en la Asamblea Constituyente de la Ley Constitucional De Precios Acordados (2018), un esquema más flexible en la cual los precios son decididos junto con la empresa privada. La aplicación de esta Ley de precios acordados se daría a través de la publicación de listas de precios, en la que en varias oportunidades empresas miembros de Fedecámaras firmaron. Sin embargo, más allá de la visita de mercados municipales durante campañas electorales, este esquema también fue un rotundo fracaso.

En cuanto a la dolarización, Fedecámaras ha propuesto «la eliminación gradual del control cambiario, establecer un sistema de transferencia de dólares entre cuentas y habilitar pago en divisas con tarjetas de débito, así como por pago móvil y exprés para personas y comercios» con cuentas en el sistema bancario nacional.

Siendo honestos, Fedecámaras no propone una dolarización legal de la economía, ya que incluso le sugiere al ejecutivo el establecimiento por decreto de un «nuevo cono monetario». La propuesta es facilitar las operaciones en dólares, una dolarización de facto en la que las ganancias de los capitalistas sean en divisas, pero que puedan seguir pagando sus impuestos en bolívares devaluados.

Más flexibilización laboral

En cuanto al régimen laboral, Fedecámaras le ha sugerido al Poder Legislativo la «revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras», mientras que al Ejecutivo, le ha propuesto «modificar el decreto de inamovilidad» y «Revisar el régimen de tramitación de calificación y justificación de despidos en las Inspectorías». En cuanto a esto, cabe preguntarse ¿se puede flexibilizar aún más el régimen laboral?

Al menos desde 2015, el gobierno ha venido avalando (con la inacción de las inspectorías del trabajo) despidos masivos en empresas públicas y privadas. En el caso de Abastos Bicentenario, para el 2016 ya habían más de 3.000 trabajadores despedidos, mientras que en empresas Polar, el número ronda los 25.000 trabajadores despedidos a la fecha, 8.000 de ellos solo en 2020 (en medio de la pandemia por el covid-19). Y aún así, Fedecámaras pide «modificar el decreto de inamovilidad» y «Revisar el régimen de tramitación de calificación y justificación de despidos en las Inspectorías» para agilizar despidos.

Así mismo, con el memorándum 2792, el gobierno ya ha abolido de facto toda la legislación laboral que Fedecámaras pide «revisar». El infame memorándum, que pasa por encima de la legislación e incluso de la Constitución Nacional, ha significado en su aplicación la violación sistemática de las contrataciones colectivas en empresas públicas y privadas, y la pérdida de los derechos alcanzados por los trabajadores en años de lucha.

Más privatizaciones

Como hemos visto antes, tras las peticiones de liberalización de la economía y flexibilización laboral, lo que hay en realidad es la intención de pasar, de un régimen de facto, a uno con «seguridad jurídica». Sin embargo, lo que de verdad genera un profundo interés en los capitalistas venezolanos es la política de privatizaciones del gobierno.

El planteamiento central de Fedecámaras, es el «estímulo a la participación privada» a través de la inversión nacional y extranjera. Para la representante empresarial, sería necesaria la:

Reactivación de empresas en manos del Estado, mediante incorporación del sector privado: i) por devolución, de ser viable, a antiguos propietarios en caso de no perfeccionamiento de compra estatal o expropiación; o ii) resarcimiento de daños; o iii) venta de acciones a inversionistas privados bajo mecanismos públicos y transparentes.

Y para ello, propone el ejecutivo, al legislativo y específicamente a la comisión de diálogo nacional, levantar un listado de empresas susceptibles a ser devueltas a sus antiguos propietarios o a ser privatizadas, incluyendo «las instalaciones e infraestructura petrolera que requieran participación de la empresa privada». Así mismo, propone «hacer un listado de leyes o normas que impiden la participación privada, para su modificación o eliminación». Es decir, le solicita al gobierno un catálogo de empresas en venta y le pide levantar todo tipo de obstáculos legales para echar mano del patrimonio público, algo que el gobierno ya viene adelantando de facto con las «Alianzas Estratégicas» y legalmente con la Ley Antibloqueo.

Para Fedecámaras no hay ningún problema con las privatizaciones, el problema es que no se les haya invitado antes al reparto de la torta. Por ello, proponen al Ejecutivo «eliminar el secretismo en las medidas de traspaso de empresas o activos en manos del Estado al régimen de empresa privada», garantizando así su participación en el festín.

Tanto es así, que apenas a 7 días de la publicación de la propuesta por parte de Fedecámaras, y sin que el Ejecutivo o la Comisión de Dialogo se hayan pronunciado sobre éstas, el presidente de Fedecámaras Sucre, Ruben Saud, señaló en una entrevista para informe Fedecámaras que «el gobernador del estado Sucre tiene interés en que las empresas que fueron expropiadas años atrás sean privatizadas y queden en manos de los empresarios de la entidad». Así mismo, adelantó que «el pasado sábado 20 de febrero, se realizó una reunión entre el ministro, la Cámara de Comercio y Fedeindustria, ya que se tiene pensado hacer una zona [económica] especial de todo el golfo de Cariaco».

Más crédito y menos impuestos para los capitalistas

No conformes con la “buena voluntad" del gobierno, la representante patronal pide además que el gobierno abra líneas de crédito «para financiar capital de trabajo, importaciones y pagos a proveedores», mientras solicita un «ajuste de la política tributaria durante la pandemia y reformas fiscales».

Fedecámaras parece no querer recordar que, durante la bonanza petrolera, o incluso durante la crisis, el gobierno no dejó de financiar a los empresarios y otorgarles dólares preferenciales. Así lo evidencia el economista Miguel Ángel Santos, quién señaló que entre 1999 y 2018 se fugaron del país 229.750 millones de dólares.

En cuanto al ajuste tributario, los capitalistas solicitan entre otras cosas: la «derogatoria del Impuesto a los Grandes Patrimonios» y a las «Grandes Transacciones Financieras»; la «Suspensión temporal de la implementación de máquinas fiscales», «Suspensión temporal de la vigencia del nuevo Código Orgánico Tributario», el «establecimiento de un régimen de incentivos fiscales por 3 años», «exenciones, exoneraciones y rebajas por nuevas inversiones», además de una «Ley de Remisión Tributaria de Sanciones».

En pocas palabras, lo que piden los empresarios es no pagar impuestos (ni siquiera aquellos que poseen grandes patrimonios); y en caso de tener que pagarlos por alguna razón, que se les facilite aún más evadirlos (con la suspensión de la implementación de máquinas fiscales). No conformes con eso, piden que se les perdonen las deudas por evadir los impuestos.

Los capitalistas hablan de medidas «temporales» durante la pandemia, y seguramente argumentarán que a causa de ésta sus ingresos habrán caído. Lo que no se explica, es cómo empresarios que no tienen dinero para pagar impuestos, sí los tengan para invertir en la privatización de empresas públicas y hasta le hayan pedido al gobierno un catálogo.

Todo lo anterior deja en evidencia una reorganización de los capitalistas venezolanos para promover sus intereses dentro del gobierno, en la medida en que éste ha generado un «clima de confianza» con la aplicación de política neoliberales. Las privatizaciones, los desalojos de campesinos, el aumento en las tarifas de los servicios públicos, los despidos y la política salarial, son solo algunas de las consecuencias de este nuevo pacto de élites.




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