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Red Internacional

Parlamento. Sesiones extraordinarias en febrero: qué proyectos quiere votar el Gobierno

El martes Alberto Fernández publicaría un decreto de convocatoria a extraordinarias, que se realizarían entre el 1° y el 28 de febrero. Reforma del Consejo de la Magistratura y leyes que beneficien a patronales del agro, la industria y la explotación petrolera, entre las preocupaciones centrales del Frente de Todos. Y seguir con el negocio del cannabis en pocas manos, mientras no se derogan las leyes que persiguen y criminalizan a quienes cultivan sin fines de lucro.

Lunes 24 de enero | Edición del día

Según información lanzada este domingo por la agencia estatal Télam, el Gobierno de Alberto Fernández prevé publicar este martes un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, a realizarse entre el 1° y el 28 de febrero. Entre las leyes que el Frente de Todos pretende sancionar se encuentra la reforma del Consejo de la Magistratura “y una serie de iniciativas económicas” que incluyen, centralmente, beneficios a empresarios.

Legalmente, en sesiones extraordinarias el Congreso sólo puede tratar proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, según trascendió, el oficialismo está terminando de definir qué iniciativas presentará con posibilidades de ser aprobadas, sabiendo de antemano que no cuenta con mayoría propia para las votaciones tanto en Diputados como en Senadores. El Frente de Todos tiene 117 votos en Diputados (Sergio Massa, presidente de la Cámara, sólo vota si hay empate) y 35 en el Senado (CFK sólo podría votar si hay también empate).

Magistratura

Lo que es seguro es que uno de los proyectos a los que más apostará el Gobierno es el de la reforma del Consejo de la Magistratura (el organismo encargado de designar, remover y juzgar a los jueces), luego de que la Corte Suprema declarara en diciembre “inconstitucional” la ley vigente desde 2006 según la cuál se redujeron de veinte a trece los miembros del organismo.

La idea oficial es fijar en 17 el número de miembros del Consejo, aumentando lo que fijaba la ley de 2006 (votada durante el gobierno de Néstor Kirchner e impulsada por la entonces senadora Cristina Fernánez). Se incorporaría un miembro más en representación de los jueces (pasando de tres a cuatro), dos más en representación de la corporación de abogados de matrícula federal (de dos a cuatro) y uno más en representación de “académicos y científicos”. De votarse afirmativamente, el Consejo pasará a estar compuesto por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico-científico.

Para sancionar el proyecto el Gobierno deberá alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición, ya que la iniciativa se debe votar con una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en Senadores. En el Frente de Todos confían en poder alcanzar la adhesión a su proyecto de un sector de Juntos por el Cambio.

Querida oligarquía

Según la propia agencia Télam, además de ese proyecto el oficialismo buscará incluir en el temario de sesiones extraordinarias “un conjunto de iniciativas económicas” (algunas ya están presentadas en el Congreso). En rigor, lo que el Gobierno busca es brindar determinados beneficios y subsidios a empresarios buscando que, según el discurso oficial, éstos puedan “crear nuevos puestos de trabajo”.

Entre esos proyectos estaría el de la creación de un “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial”. A partir de una serie de “beneficios fiscales” e “incentivos productivos”, se promoverá la adquisición de nuevas tecnologías y maquinarias por parte de las patronales agrarias. El Frente de Todos promete garantizarles a las empresas “una amortización acelerada” y la devolución de IVA para nuevas inversiones, además de cambios en el esquema para la valuación del pago del impuesto a las Ganancias. Y a partir de un crédito fiscal del 50 % del valor, asistir a los empresarios en la compra de insumos “para impulsar la producción sustentable”.

Siempre según el discurso oficial, las “nuevas inversiones” promovidas con se régimen se generarían, entre 2022 y 2030, unos “700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector”.

Sobre este proyecto, el periodista Horacio Rovelli escribió este domingo en el sitio El cohete a la luna: “regirá hasta el 31 de diciembre de 2025 y le confiere a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos, carnes y todos sus derivados (harina, pellets, aceite, biocombustible), estabilidad fiscal, por ende no pueden modificarse hacia arriba, los derechos de exportación (retenciones) ni otros gravámenes. Le permite a las empresas del sector amortizar contablemente hasta en tres años la compra de materiales y equipos (cuando el plazo real de pago es en diez años) y un sinfín de beneficios impositivos por la compra de agrotóxicos (glifosato, glufosinato, ariloxifenoxi, etc.), fertilizantes sintéticos, y semillas que dependen de grandes empresas proveedoras (Bayer/Monsanto, Syngenta, Dow, Pionner, Indear, Basf, Ciba-Geigy, etc.) cercando más el negocio a unos pocos y, paradójicamente, se presenta discursivamente como ‘producción sostenible’”.

Vale decir que el proyecto oficial fue elaborado en conjunto por el Gobierno, a través de los ministerios de Desarrollo Productivo (conducido por Matías Kulfas) y de Agricultura, Ganadería y Pesca (con Julián Domínguez a la cabeza), y el Consejo Agroindustrial Argentino, una agrupamiento de más de 60 organizaciones patronales del sector. Es un proyecto que “se propone extender aún más la frontera agropecuaria, a costa de la pérdida de millones de hectáreas de bosques y montes nativos y el despojo a la agricultura familiar, a campesinos e indígenas”, afirma Rovelli en su artículo.

Dónde poner la energía

Otro de los proyectos que el oficialismo quiere que se voten en extraordinarias es el de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”. Su nombre ya lo dice todo, aunque el discurso del Gobierno es perseguir el “autoabastecimiento” energético y a su vez, pasar a ser un país “exportador neto de combustible”.

En lo concreto, el Frente de Todos propone garantizarles por veinte años la llamada “estabilidad fiscal” al puñado de empresas productoras de petróleo y gas, a través de privilegios tributarios, arancelarios y hasta cambiarios (podrán comprar dólares con cotización oficial y luego girarlos a sus casas matrices o importar insumos).

En el artículo ya citado, Rovelli agrega que “el proyecto presenta un ‘Régimen Especial de cancelación para grandes Inversores Carburíferos’ que es en realidad un esquema encubierto de transferencia de recursos públicos a YPF y a Pan American Energy (Bulgheroni y British Petroleum) principalmente, quienes pueden emplear los quebrantos al pago del impuesto a los combustibles y en el caso de YPF SA, donde el 49 % se encuentra en poder del sector privado, entre ellos el fondo BlackRock, termina financiándose con el Fondo de Seguridad Social de la ANSeS, las provincias y el Tesoro de la Nación como si fuera una empresa totalmente pública”.

Como viene contando La Izquierda Diario, el Gobierno quiere ir a fondo en su asociación “estratégica” con las grandes corporaciones exploradoras, productoras y distribuidoras de hidrocarburos. Aún a costa de enfrentarse, con argumentaciones endebles y rayanas con la mentira más burda, a especialistas y organizaciones dedicadas al estudio del impacto ambiental de la producción hidrocarburífera. La enorme movilización popular que viene denunciando y repudiando el plan oficial de explotación offshore en el Mar Argentino, con el #Atlanticazo como un hito de las últimas semanas en las costas bonaerenses, promete continuar llenando las calles hasta vencer los planes oficiales, pese al insistente ninguneo del Frente de Todos a esa demanda elemental en favor de la salud y la vida de la población, la fauna y la flora.

Verde que te quiero verde

Tanto con el proyecto de creación del “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial” como con el de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas” (y otro en danza para beneficio de las multinacionales automotrices que operan en el país), el Gobierno busca arrancar el año enviando señales en varias direcciones. Por un lado, a las mismas patronales que vienen exigiendo mejores condiciones de rentabilidad y de explotación de la clase trabajadora.

Por otro, al Fondo Monetario Internacional que hoy mira atentamente cómo se las arreglará la Casa Rosada para acopiar los dólares que necesita para pagar los próximos vencimientos de la fraudulenta e ilegal deuda. Un elemento clave para poder cerrar el acuerdo que tanto le viene costando al Frente de Todos.

Y, también, esos proyectos son una señal interna para la población trabajadora. Sin dudas el propio Gobierno está decidiendo comunicarle sus prioridades a quienes día a día ven cómo sus salarios siguen perdiendo frente a la inflación, cómo cuesta horrores conseguir un empleo y cómo las condiciones de vida se deterioran mientras las conducciones sindicales y demás “representantes” de los trabajadores no dejan de hacerle de comparsa a los planes oficiales.

Plantas para pocos

La versión lanzada este domingo por la agencia Télam agrega que otro proyecto que está pendiente de votación en el Congreso y el Gobierno quiere incluir en las sesiones extraordinarias es la promoción de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Un tema más que sensible ya que, mientras se promueve un negocio millonario para que lo usufructúen capitalistas del sector, día a día se sigue persiguiendo y hasta encarcelando a miles de cultivadoras y cultivadores de cannabis, incluyendo a quienes lo hacen con fines exclusivamente medicinales.

En noviembre pasado el Gobierno logró que el Senado votara un proyecto propio sobre este tema e incluso que en Diputados se obtuviera un dictamen de comisiones. Pero finalmente no se llegó a tratar en el recinto antes del 10 de diciembre y perdió estado parlamentario.

Con su proyecto el Gobierno busca ordenar los mecanismos de autorizaciones para productores y comercializadores, promoviendo la inversión “pública y privada” en toda “la cadena del cannabis medicinal”, completando los puntos aún no resueltos normativamente por la aplicación de la actual Ley 27.350.

En este punto, como en todo lo que suele llamarse desde el Estado “desarrollo productivo”, bien vale aplicar el dicho popular “hecha la ley, hecha la trampa”. Porque mientras se impulsan leyes que benefician a empresarios y al propio Estado en la búsqueda de lucro para determinadas actividades, son los propios gobiernos los que mantienen vigentes leyes reaccionarias que criminalizan esas mismas actividades. El caso de la ley 23.737, conocida como “ley de estupefacientes”, es emblemático. Su letra le da apoyo legal a la Policías, fiscales y jueces para perseguir y detener a ciudadanas y ciudadanos que cultivan cannabis con fines personales (tanto medicinales como recreativos). Sin embargo, ni éste ni ningún otro Gobierno que le antecedió presentó nunca un proyecto de ley para derogarla.


Negocios son negocios. En la calle, en las fábricas y también en el Congreso. Por eso el Frente de Izquierda se prepara para denunciar cada negociado y cada ley antipopular dentro de la Cámara de Diputados, pero sobre todo para sumar su fuerza y su voz en cada lucha por trabajo, salario, salud, educación, vivienda y defensa del ambiente.




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