Política Venezuela

PANDEMIA CORONAVIRUS

Sin ingresos, sin servicios, sin comida: gobierno amedrenta y criminaliza al pueblo con hambre

La cuarentena ha significado una paralización casi total de la economía. Junto con el impacto de la crisis mundial, viene a agudizar una situación dramática para millones que se ven privados de un sustento. El gobierno responde reforzando sus cadenas sobre el pueblo trabajador venezolano y se muestra incapaz de tomar medidas que mitiguen el sufrimiento popular.

Sábado 18 de abril | 12:59

Venezuela se encuentra en su segundo mes de cuarentena. La curva del Covid-19 ha podido ser aplanada pero la curva del hambre, de la pobreza y del dólar ha pegado un ascenso vertiginoso.

Millones de trabajadores carecen de un ingreso para subsistir. Los bonos del gobierno y las menguantes cajas CLAP son insuficientes y no llegan a todos. La hiperinflación y la megadevaluación está haciendo estragos en los precios de todos los productos. Medidas anunciadas como la suspensión del pago de servicios de telefonía no se están aplicando, menos aún la suspensión del pago de alquileres, siendo estos negociados en mercado negro.

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Millones que dependían de su sueldo, de algún rebusque, de la venta de alguna chuchería en la calle o su lugar de trabajo, llevan ya cinco semanas sin poder percibir un ingreso, desde el 13 de marzo.

Las remesas que podían enviar los millones de trabajadores emigrados a sus familias también han menguado, pues son los migrantes las primeras víctimas de las olas de despidos, quedándose sin nada para mandar a sus familiares en el país. A nivel mundial los estados descargan la crisis sobre los trabajadores.

Se está imponiendo una cuarentena sin existir condiciones adecuadas para mantenerla. Es por eso que en todo el país miles de personas se ven obligadas a salir de sus casas.

Existen medidas para que no sea el pueblo trabajador el que pague con el hambre suya y de sus hijos la cuarentena para frenar la propagación del virus. Pero el gobierno se niega a tomarlas, ya que, por más que se diga socialista y revolucionario, en realidad solo defiende los intereses de las empresas nacionales y extranjeras que extraen ganancias en el país y los privilegios de su camarilla cívico-militar.

¿Qué propone el gobierno al pueblo con hambre? Dante Rivas, “Protector” de Nueva Esparta y Ministro del Poder Popular para la Pesca, le dice que “rinda la caja CLAP por 3 meses”. Este alto burócrata le pide al pueblo que haga lo imposible con las migajas que se le tira, mientras goza de toda clase de privilegios, pues es claro que él y su casta no viven de la asistencia estatal.

Estas condiciones son claramente inviables, combinado con el colapso de los servicios, donde miles de comunidades en el país, tienen semanas o meses sin agua, sin gas, con cortes de luz, han sido motivo de protestas e intentos de saqueos. Como los que se han presentado en todo Falcón y en la Guajira zuliana (con varios detenidos y heridos), en Sucre, Táchira, Miranda y otros estados.

Además de la represión a la protesta, la policía y los militares en las calles detienen rutinariamente a cientos o miles de personas todos los días, en cada ciudad y pueblo, por encontrarse en la calle fuera de horario. En muchos casos se les retiene y se les impone algún castigo degradante como ejercicio físico, posar con carteles en el cuello o se les ordena a cumplir “servicio comunitario”.

“¿Pero cómo se puede acatar la cuarentena si existe la necesidad ineludible de buscar el sustento y no hay servicios básicos como agua corriente en los hogares? Se humilla y se culpabiliza al pueblo por una situación que no controla y a la que el hambre empuja. Millones se encuentran absolutamente desprotegidos.”

Foto: Retenidos por incumplir la cuarentena en el Estado Zulia

Lejos de atender la delicada situación alimentaria, el gobierno hace lo contrario ¡la aprovecha para ejercer el chantaje! En Carrizal, el alcalde ordenó retirar las cajas CLAP a comunidades que protestaron por servicios y amenazó con sacar de la lista a todo el que violase la cuarentena.

En Táchira, Freddy Bernal, “Protector” del estado (nombrado a dedo por Maduro) y comandante de las Faes, amenaza con procesar por “instigación al odio” a quienes circulen videos. Una figura cuyo poder nunca fue legitimado por el voto popular, ni forma parte formal del poder judicial, se ampara en su mando sobre el aparato represivo para amedrentar a la población.

Se criminaliza el legítimo derecho a la protesta. En Guarero, en la Guajira zuliana, se reprimió a perdigonazos al pueblo wayuú, que clamaba por agua y comida, hiriendo a una docente en el rostro. En Falcón, tras la tranca de una de las carreteras del estado, por parte de manifestantes, en protesta también por alimentos y servicios, resultó herido de bala uno de los manifestantes y los 7 detenidos por protestar fueron imputados por “terrorismo biológico”. Con esos duros términos criminaliza el gobierno el hambre popular.

Esto se enmarca dentro de un despliegue represivo del gobierno contra periodistas y la clase trabajadora en lucha. Como lo han sido las más de 20 detenciones a trabajadores de la prensa, de la salud y otros sectores, como profesores y obreros industriales, contra los cuales se han usado organismos militares y especiales como Dgcim y Conas y se les ha procesado por la Ley del Odio.

Existe la posibilidad de revertir esta situación. Poniendo a disposición de las urgentes necesidades sociales y sanitarias las grandes fortunas acumuladas por la banca, empresarios y comerciantes del país (fortunas acumuladas a costa de la renta petrolera, la quiebra nacional y el endeudamiento, es decir, a costa de la catástrofe que hoy padecemos). Dando la lucha por la repatriación obligatoria de todo el capital fugado, el cese de las sanciones impuestas por la práctica imperial de EE.UU., la devolución de todo lo confiscado y la cancelación de la deuda externa. Solo de la clase obrera depende discutir e imponer dicho programa de emergencia, en la lucha por recuperar las condiciones de vida que se les han sido arrebatadas.






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