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Red Internacional

Reproducimos por su importancia para las lectoras y lectores de La Izquierda Diario, el reportaje de Omarela Depablos publicado en Crónica.Uno abordando el tema de la violencia de género y las Casas de Abrigo en Venezuela.

Lunes 10 de octubre | 22:12
Ilustraciones y texto Omarela Depablos

Artículo publicado originalmente en Crónica.Uno

La legislación en Venezuela compromete al Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal a crear una casa de abrigo “en cada una de sus dependencias” para las víctimas de violencia basada en género que corren un peligro inminente, pero el Estado ha fallado en crear estos refugios y garantizar su operatividad.

Eugenia* cruzaba la calle hacia su residencia cuando vio de reojo a su exnovio. Echó a correr: estaba segura de que si él la alcanzaba, la golpearía de nuevo. Logró entrar a su edificio y cerrar la reja. Por más que él la sacudió y pateó, no logró abrirla. Comenzó a insultarla y, antes de irse, lanzó unas piedras y rompió las ventanas del apartamento de Eugenia, ubicado en la planta baja.

—¡Es la segunda vez que te me salvas!— gritó él antes de irse. Dos días atrás había intentado apuñalarla.

En ese momento, ella comprendió que ya no podía postergarlo: tenía que salir de allí, su hogar ya no era seguro.

Para las sobrevivientes de violencia basada en género que corren un peligro inminente o amenaza a su integridad física, y no tienen a dónde ir, la legislación venezolana contempla políticas de prevención y atención que incluyen su estadía temporal en casas de abrigo, espacios confidenciales y seguros que brindan atención especializada, apoyo y empoderamiento. Sin embargo, el Estado ha fallado en crear refugios suficientes y garantizar su operatividad.

La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia compromete al Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal a crear una casa de abrigo “en cada una de sus dependencias”, pero desde que la normativa entró en vigencia en 2007 solo se anunció la creación de cinco instituciones de este tipo en el territorio nacional, compuesto por el Distrito Capital, 23 estados y 335 municipios.

En total se inauguraron siete casas de abrigo en el país desde 2001 a la fecha, de las cuales una está operativa, otra “en mantenimiento” y el resto inactivas, según arrojó un monitoreo realizado por Crónica.Uno a través de la revisión de las memorias y cuentas del Ministerio de la Mujer, declaraciones del Gobierno ante organismos internacionales, informes de organizaciones no gubernamentales, notas de prensa y entrevistas a expertas y activistas.

La creación y funcionamiento de casas de abrigo es un reclamo recurrente del movimiento feminista venezolano, en un país donde ocurrieron al menos 290 femicidios en 2021 y 62 en los primeros tres meses de 2022, según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz). La urgencia de instalar estos refugios escala en un contexto de impunidad donde las fallas en la recepción de las denuncias, la recopilación de elementos probatorios y el retardo procesal son los principales obstáculos para lograr la condena de los victimarios, como expuso Crónica.Uno en el reportaje Sobrevivientes de violencia de género sin justicia.

Las expertas consultadas para este trabajo reclaman la falta de coherencia entre el discurso oficial y la protección real a las víctimas de violencia basada en género. Advierten que esta actitud y el incumplimiento de sus promesas de crear y reactivar las casas de abrigo existentes no solo contraviene la normativa local sino los convenios internacionales suscritos por el país.

Ofelia Álvarez, directora de Fundamujer, reitera que la falta de garantía de refugios pone en riesgo la vida de las víctimas. “Otras medidas de protección son relativas porque el hombre las puede violar y simplemente matar a la mujer”, señala. Yolima Arellano, directora del núcleo andino del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, coincide y cuestiona que no hay una protección sólida, en parte, por la falta de capacitación de las y los funcionarios para orientar y brindar apoyo a las sobrevivientes.

Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales intentan llenar los vacíos que deja el Estado. Desde abril de 2021, la ONG Tinta Violeta puso en funcionamiento una casa de paso, un pequeño refugio que aloja a sobrevivientes de violencia basada en género por un lapso no mayor a 15 días.

Para este trabajo Crónica.Uno envió solicitudes de información al Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio Público, la comisión de género del Tribunal Supremo de Justicia y Viceministerio del Sistema Integrado de la Policía Nacional Bolivariana y la Defensoría del Pueblo. Además, acudió a las sedes de estas instituciones y solo un departamento de Inamujer accedió a una entrevista; sin embargo, durante la conversación se negaron a responder las preguntas sobre la situación de las casas de abrigo para mujeres en el país.

Las casas de abrigo en Venezuela

Eugenia ya había denunciado a su expareja por violencia física y psicológica. El Ministerio Público le emitió una medida de protección para prohibir que su agresor se le acercara. Pero él ignoró la orden cuando intentó apuñalarla y la persiguió a su residencia. Tras ese episodio, y debido a que él siguió amenazándola por mensajes de WhatsApp, Eugenia regresó a la Fiscalía el 13 de marzo de 2020. El funcionario que la atendió solo se limitó a anexar una hoja con el relato a su expediente porque ella no tenía “ni un rasguño”. La mujer insistió en obtener más ayuda, pero no obtuvo respuestas.

“Nos decían que no podían solicitar una orden de aprehensión, que ya había una medida de alejamiento. Respondí: ‘¿Para qué le sirve ese papel cuando el agresor ha intentado matarla?’”, cuenta Yoseglys Cabrera, activista de la asociación Calistenia Cultural, que asesoró y acompañó a Eugencia desde que ella decidió denunciar su caso.

Eugenia estaba desesperada por dejar su casa, vivía con miedo de lo que pudiera pasarles a ella y a sus hijos. Quiso trasladarse a casa de su mamá en el estado Miranda desde Caracas, pero entonces llegó la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones para movilizarse se lo impidieron. Sin un lugar seguro a donde ir, Eugenia y sus hijos se refugiaron en el apartamento de Yoseglys.

La figura de las casas de abrigo apareció por primera vez en la Ley Sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia aprobada en septiembre de 1998, durante el gobierno de Rafael Caldera. La normativa indicaba que el Instituto Nacional de la Mujer en Venezuela (Inamujer) era responsable de promover los refugios de atención y albergue en el país para “mujeres víctimas de violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique amenaza inminente a su integridad física”.

La primera casa de abrigo del país se fundó tres años después, en 2001 en el estado Aragua, bajo el nombre Argelia Laya, y la delegación de la ONG Musa y la Colectiva de Mujeres de Aragua. María Santini, excoordinadora del recinto, explica que operaba de manera confidencial con equipos multidisciplinarios que velaban por la integridad física y psicológica de la sobreviviente desde un proceso empático y sin cabida para la revictimización.

“Todos los casos se manejaban de forma particular en una discusión, donde participa todo el personal y se diseña el plan de atención con consentimiento de la mujer, no se hace nada sin este”, señala.

Tres años después, en 2004, bajo la supervisión de Inamujer, se creó la Casa de Abrigo Elisa Jiménez en Distrito Capital, también bajo una visión feminista.

“El objetivo principal de las Casas de Abrigo es saldar la deuda con las mujeres víctimas de violencia familiar o de pareja, ofreciéndoles la oportunidad de ser participantes y protagonistas de su liberación y con ello restaurar la esperanza en la construcción de una sociedad justa y fraterna. Para lograr eso se cuenta con un equipo técnico de profesionales que las atienden en sus necesidades legales, físicas, psicológicas, intelectuales y sociales, durante el tiempo bajo abrigo. A este equipo se de encomienda la tarea de propiciar una lectura de su vida personal con visión de género, en el contexto de la historia de su familia y la sociedad patriarcal en la que se han levantado”, señala Migdáleder Mazuera, excoordinadora de la casa de abrigo Elisa Jiménez en el libro Las casas de abrigo: experiencia de crecimiento.

Durante la celebración del 8° aniversario del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), el 10 de octubre del 2007, la entonces presidenta del ente, María León, le dijo al entonces presidente Hugo Chávez: “Las casas de abrigo Presidente, necesitamos una en cada estado para que no mueran las mujeres”.

Ese mismo año se derogó la Ley Sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia, para dar paso a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La normativa vigente es más firme sobre la necesidad de estos espacios para refugiar a las víctimas. El artículo 32 demanda que “con el fin de hacer más efectiva la protección de las mujeres en situación de violencia”, el Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal “crearán en cada una de sus dependencias casas de abrigo”, con la asistencia, asesoría y capacitación del Instituto Nacional de la Mujer y de los institutos regionales y municipales con competencia en esta área.

En 2008 se habilitó la línea telefónica 0800 MUJERES (0800-6853737) para atender a las mujeres víctimas de violencia basada en género.

El 19 noviembre de 2013 el canal del Estado, Venezolana de Televisión, transmitió la reinaguración de la casa de abrigo Argelia Laya en Aragua. Durante el acto, la entonces directora general de Inamujer, Laura Franco, prometió que para 2014 el ente iba a instalar siete casas de abrigo en todo el país, “atendiendo al orden de prioridad y al índice de violencia que se registra en los distintos estados”. En su declaración no dijo por qué la institución había estado inactiva. Una nota del Correo del Caroní que cita a Franco advierte que en total se querían inaugurar 13 casas de abrigo.

En el Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa”, correspondiente al período 2013-2019, el Gobierno de Nicolás Maduro incluyó dentro de sus líneas de acción el “instar a las gobernaciones y alcaldías en la creación de las casas de abrigo para las mujeres en contexto de alta violencia”. Una mención insuficiente reclama Santini. “No se toca realmente el problema de las casas de abrigo que son mucho más que un local donde meter a una mujer en una situación de crisis. Es un piso para que ellas puedan salir de la situación de violencia, para que puedan seguir luchando en lo legal y social”, señala.

En marzo y abril de 2014 se fundaron otros dos refugios bajo la asesoría de Inamujer en los estados Sucre y Trujillo, según reseñaron el Correo del Orinoco y una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias publicada en el portal web RedPress.

Ese año el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) expresó su preocupación por la escasa cantidad de albergues en el país y solicitó al Estado venezolano, suscrito a ese tratado, establecer más refugios. Otros protocolos internacionales a los que se ha adherido el Estado, como la Declaración de Beijing de 1995 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), también reclaman la creación de albergues para mujeres en situación de violencia.

Bajo la gestión de Henrique Capriles Radonski como gobernador del estado Miranda, en 2014 también se creó en la entidad la casa de abrigo “Nuestra Señora de Guadalupe” con la capacidad para albergar a 10 mujeres con un máximo de dos hijos cada una. El proyecto se consolidó a través del Instituto Regional de la Mujer (Iremujer). “Del Ministerio de la Mujer jamás recibimos algún tipo de donación, solo hicimos algunos encuentros”, aseguró Deliana Torres directora de Iremujer y su casa de abrigo. Por meses acogieron entre dos a tres mujeres que eran recibidas a través de órganos receptores de denuncia.

Para 2015, año en que el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género publicó su última memoria y cuenta, el ente reportó que ese año había atendido 96 personas, entre mujeres y sus hijos, en sus cuatro casas de abrigo ubicadas en Aragua, Trujillo, Sucre y Cojedes. Esta es la primera mención que Crónica Uno encontró de un refugio de este tipo en Cojedes. Por otro lado no se menciona al refugio Elisa Jiménez en Distrito Capital ni el de Miranda.

En el informe oficial del Min Mujer se estimó una inversión de Bs. 188.468.549,00 para fortalecer los servicios de atención para las mujeres en situación de violencia por razones de género, incluyendo el sostenimiento de las casas de abrigo para la protección de las mujeres y sus hijos e hijas menores de 12 años.

Migdáleder Mazuera menciona un modelo de casas de abrigo venezolano “bueno y apropiado” con retos y temas por resolver en el libro Las casas de abrigo: experiencia de crecimiento publicado en 2016. Entre estos obstáculos resalta el “establecimiento de enlaces institucionales efectivos” para formar un equipo multidisciplinario con perspectiva de género, neutralizar agresores y lograr que las sobrevivientes “concreten los cambios iniciados”. No obstante, el deterioro de los pocos refugios para víctimas se aceleró con la profundización de la crisis social y económica del país.

Desidia y opacidad sobre los refugios

Eugenia asegura que las veces que denunció a su agresor ante los cuerpos de seguridad del Estado nunca le mencionaron la posibilidad de ser remitida con sus niños a una casa de abrigo. Ni siquiera estaba al tanto de que existieran estos refugios.

“Pasé dos meses con mis dos hijos en casa de la activista Yoseglys Cabrera, me daba mucha vergüenza con ella. Después pasé un mes en casa de mi hermana en el interior del país”, cuenta.

Seis defensoras de los derechos de la mujer consultadas por Crónica.Uno afirman que la opacidad de información en torno a los refugios creados bajo la dirección de Inamujer o por los gobiernos regionales y municipales pone en duda el cumplimiento de la ley.

“Lamentablemente las casas de abrigo solo existen en papel, entiendo que no hay ninguna activa en todo el país. Esa fue una de nuestras peticiones el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, ante los organismos del Estado”, resalta Karol Moreno, lidereza de la Red Mérida Feminista.

Si bien María Santini, activista y voluntaria de la ONG feminista Tinta Violeta, reconoce la importancia que se le dio a las casas de abrigo los primeros años del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, con la construcción de los primeros recintos en el país, reprocha el abandono del proyecto.

“Es lamentable porque es un deber del Estado por medio del órgano rector de las políticas públicas de la mujer que es Inamujer, y los institutos regionales y municipales. Es un deber que, evidentemente, no se cumple, o se cumplió en un momento a medias”, señala.

En 2016, el Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres se pronunció sobre el inminente cierre técnico de la casa de abrigo Argelia Laya por falta de inversión del Estado y cuestionó su compromiso con la protección de la mujer venezolana. “El cierre de la casa abrigo del Estado Aragua representaría una manifestación clara del nulo interés del Gobierno nacional por combatir realmente la situación de violencia basada en género en el país, lo cual contrasta con declaraciones de sus principales voceros en la materia”, expresa el comunicado.

Las expertas creen que la desidia del Estado, sumada a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, hizo insostenible el mantenimiento de las casas de abrigo.

Una de las condiciones principales para el buen funcionamiento de estos espacios está ligado al presupuesto, resalta el libro Las casas de abrigo: experiencia de crecimiento publicado en 2016 por la editorial El Perro y la Rana. Además de la infraestructura, el texto destaca que es necesario garantizar los suministros alimenticios, educativos, de oficina, muebles y personal interdisciplinario capacitado con perspectiva de género que atiendan las necesidades legales, psicológicas, físicas y sociales de las sobrevivientes de violencia basada en género.

El cambio de gobernador en Miranda en el 2017, cuando salió Henrique Capriles y lo sustituyó Héctor Rodríguez, empujó el cierre del albergue “Nuestra Señora de Guadalupe”, opinó Deliana Torres, quien fuera directora de la institución. Un año después, en 2018, los refugios de Trujillo y Sucre cesaron operaciones, según un informe de Cepaz.

Desde la casa de abrigo de Aragua, la directiva intentó mantener a flote el refugio con recursos propios e iniciativas que permitían la participación de las sobrevivientes para recaudar fondos, pero no fue suficiente: en 2019 dejó de funcionar. Según Cepaz, lo mismo ocurrió con la casa de abrigo del estado Cojedes.

En 2020, en su tercer informe nacional ante al Examen Periódico Universal (EPU), el Estado venezolano indicó que entre 2014 y 2020 funcionaron cuatro casas de abrigo en el país.

En enero de 2021, bajo la gobernación de Leidy Gómez, el Instituto de la Mujer Tachirense (Intamujer) inauguró una casa de abrigo en el estado Táchira a través de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Su entonces directora, Beatriz Mora, asegura que hasta finalizar su gestión en enero de 2022 el refugio atendió a más de 20 mujeres sobrevivientes de violencia de género.

Promesas e inversiones tras la pandemia

Desde que se declaró la emergencia sanitaria de la COVID-19, hubo una alerta global sobre el aumento de la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género debido al confinamiento y las cuarentenas. En marzo de 2020, la entonces viceministra de género, Carolys Pérez, informó que, como una medida para combatir el fenómeno, habían reactivado las casas de abrigo y que la primera orientación debían hacerla los órganos receptores de denuncia.

Sin embago este no fue el caso de Eugenia, quien estuvo los primeros tres meses de la pandemia en Venezuela intentando comunicarse con su fiscal asignado y jamás obtuvo respuesta. Durante ese tiempo seguía recibiendo amenazas de su agresor a través de mensajes de WhatsApp. “Volví a mi casa porque los vecinos no lo vieron más”, relata.

En noviembre de 2020, en un acto con Carolys Pérez y la diputada María León, se anunció la reactivación de la línea telefónica 0800 MUJERES, que estuvo fuera de servicio dos años, luego de que resultara afectada en 2018 por un presunto sabotaje eléctrico.

A pesar de los anuncios antes mencionados, en diciembre de 2020 solo una casa de abrigo en el país se encontraba activa y el resto estaba “en adecuación” según admitió el Estado venezolano en su noveno informeperiódico ante la Cedaw.

El 8 de marzo de 2021 el presidente Nicolás Maduro aprobó 92.450 petros, más de 5 millones de dólares, para la remodelación de varias instituciones vinculadas al Ministerio para la Mujer, incluyendo una vez más la restauración de las casas de abrigo de Cojedes, Aragua, Trujillo, Sucre y el Distrito Capital.

Hasta la fecha de publicación de este reportaje no se habían rendido cuentas sobre la inversión en las casas de abrigo ni hecho anuncios sobre la reinauguración de estos refugios.

En julio de 2022, en la Lista de cuestiones y preguntas relativa al noveno informe, el Comité de la Cedaw solicitó al Gobierno ampliar la cobertura del proyecto con información sobre el número, la accesibilidad y el apoyo ofrecido a través de los refugios.

Para septiembre de 2022, solo se tuvo confirmación de que una de las casas de abrigos mencionadas está activa. El doctor Robert Semidey, personal de la casa de abrigo del estado Táchira, indicó a Crónica.Uno que el refugio continúa activo bajo la línea de la Guía de acción para el ingreso y atención en casas de abrigo del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer).

Activistas de los estados donde se ubican las otras casas de abrigo negaron a Crónica.Uno que alguna estuviera funcionando. Solo en el caso del recinto de Cojedes indicaron que estaba en remodelación, pero con las puertas cerradas, y en el caso de Sucre señalaron que Inamujer busca una nueva sede para instalar la casa de abrigo en la entidad debido a que se reveló su ubicación.

Activistas buscan una alternativa

Sin políticas públicas que estimulen la construcción y mantenimiento de las casas de abrigo, la vida de las víctimas de violencia basada en género que no tienen a dónde ir corre peligro.

Ante este escenario, algunas asociaciones civiles buscan hacer un aporte. En noviembre de 2021 la ONG feminista Tinta Violeta fundó una casa de paso para la protección temporal de sobrevivientes, pero esta solo puede dar acogida por un lapso de 15 días. “Nuestros recursos son más limitados y, por eso, los tiempos son más cortos, pero lo demás funciona igual”, explica Santini, voluntaria.

Desde su fundación han recibido entre ocho y 10 mujeres al mes, bajo un plan de acción personalizado para cada caso. Si bien el programa no suple el desarrollo de habilidades y destrezas de la mujer para su empoderamiento, es un espacio de fortalecimiento que permite encontrar soluciones legales, sociales y psicológicas para que la persona pueda salir de su situación de violencia. “Por eso se llama casa de paso, porque es un primer paso. Hay una psicóloga, abogada, trabajadora social, acompañante, es el equipo interdisciplinario”, agrega.

La activista habla de la importancia de mirar casos exitosos en la región para fortalecer las políticas locales en esta materia. Pone de ejemplo la Casa de Refugio Matilde, ubicada en Quito, Ecuador, uno de los primeros refugios de Latinoamérica que bajo líneas de atención, prevención, investigación, capacitación y desarrollo local e institucional ha atendido a mujeres por más de 30 años.

Otro caso ejemplar se sitúa en México, que además, cuenta con una Red Nacional de Refugios enfocada en coordinar y fortalecer los albergues transitorios y de atención integral que operan en la región. “México tiene un número de habitantes tremendamente superior hacia nosotros, pero solamente en DF hay como 30 casas de abrigo”, dice Santini. Esta red también se encarga de promover políticas públicas y modelos de acción para garantizar la igualdad de género en su país.

En la Agenda Programática de las Mujeres y la Igualdad de Género en el marco del Plan de la Patria 2025 se hace mención al “fortalecimiento de las Casas de Abrigo para mujeres en contextos de violencia como un proyecto”, pero todavía sin profundizar en la planificación e inversión de este. Hasta entonces, tanto Eugenia como el resto de las sobrevivientes de violencia basada en género viven un conteo regresivo en la búsqueda de soluciones que las ayuden a no seguir a merced de sus agresores.


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