Política

PRENSENCIALIDAD ESCOLAR

Tras los pasos de Trotta: crónica de "la gestión" de Nación para volver a las aulas

Un repaso por la gira de Trotta en el país, en el marco de un sistema educativo desigual y fragmentado. ¿Hay diferencias entre la política de Nación y Ciudad para volver a la presencialidad escolar?

Juana Galarraga

@Juana_Galarraga

Miércoles 10 de febrero | 15:20

Foto: Trotta en Nuequén - Twitter del ministro

La foto del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y su par porteña, Soledad Acuña, el mismo día que circularon centenares de denuncias de docentes y familias por el mal estado de las escuelas porteñas, transparentó que no hay diferencias ni ningún tipo de grieta entre ambos gobiernos en cuanto a la política para empezar las clases “con la máxima presencialidad posible”. Trotta terminó avalando el protocolo porteño, duramente cuestionado por la comunidad educativa por su irresponsabilidad.

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Durante enero el debate se centró en la ciudad de Buenos Aires, pero la presencialidad escolar es una política que había que discutir en todo el país, en el marco de la decisión de sostener la economía plenamente activa, casi como si no hubiera pandemia. Ejemplo: el 4 de enero el Gobierno decretó que padres y madres con hijos en edad escolar debían volver a trabajar. Sin embargo, poco se hablaba sobre cómo se preparaba la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof o el resto de las provincias donde gobierna mayormente el peronismo.

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Entre el 11 de enero y el 8 de febrero Trotta recorrió el país anunciando las fechas para el regreso a las aulas en cada provincia. La reunión con Larreta y Acuña de este lunes, previa a la conferencia unitaria, fue el vigésimo encuentro del ministro en esta gira.

Fiel a su estilo, desde mediados de enero el oficialismo porteño atacó fuertemente a la docencia y responsabilizó a los sindicatos de entorpecer sus planes, en los que según el eslogan “la educación está primero”. “Uno habla con la gente que labura en provincia de Buenos Aires y en Córdoba por ejemplo y ahí hay una actitud de no prender fuego al docente. Eso, para mí, acostumbrado a que nos prendan fuego permanentemente, ya es un avance, que no me agredan por lo menos. Digo poco, pero bueno...”, señaló a La Izquierda Diario el docente de secundaria porteño y ex coordinador del área de Investigación y Prospectiva del Ministerio de Educación de la Nación, Manuel Becerra. En su opinión, el trato hacia la comunidad educativa, la demonización de los sindicatos y la mala fe para negociar con la docencia, son aspectos que distinguen la gestión educativa de Acuña. Similar visión del PRO han manifestado importantes sindicatos porteños como la AGTSyP del subte o la Ctera a nivel nacional (Confederación de Trabajadores de la Educación, que nuclea a los sindicatos docentes del país), dirigidos por sectores afines al peronismo, que denuncian el carácter neoliberal de la política de Larreta.

Desde el comienzo de su gira, Trotta señaló que la garantía para el retorno a clases seguro son los protocolos. No así la vacunación docente, que en su opinión no es necesaria para volver a la presencialidad pero que permitirá “intensificarla”. “Con respecto al discurso de la mayor presencialidad posible, la principal diferencia con Acuña y Larreta es que el Gobierno nacional no maneja escuelas de forma directa. Está lo que dicen Trotta y los protocolos elaborados por Nación (en un documento titulado “A las aulas”, NdR), pero después hay que ver lo que pasa en el Consejo Federal de Educación y en definitiva el que va a decidir es el gobierno de cada provincia. Eso es así desde 1993”, sostiene Becerra consultado sobre el alcance de la gestión de Trotta en su recorrida.

“Que el ministro de Educación nacional no tenga escuelas a cargo es subproducto de la avanzada del neoliberalismo, de la Ley Federal de Educación, de la provincialización, municipalización y descuartizamiento del sistema educativo en las provincias. Cada provincia se arregla como puede, hay unas más ricas que tienen mayor ingreso por alumno y otras que tienen menos. Es decir que el Ministerio regula sobre escuelas que no tiene a cargo”, opinó por su parte Nathalia González Seligra, ex diputada nacional por el Frente de Izquierda, dirigente del PTS y miembro de la conducción del Suteba La Matanza. “Por eso planteamos la necesidad de una renacionalización del sistema educativo, con centralidad, destinando tres veces más, como mínimo, de lo que se destina hoy a la educación. Partiendo de esa base deberíamos discutir Docentes, estudiantes y familias en cada provincia y región cómo adecuar los contenidos y las modalidades educativas. Pero en lo que respecta a la infraestructura e inversión hace falta que se nacionalice, justamente para tener una equidad educativa en todo el país y no que haya educación de primera o de segunda según donde te toque nacer”, agregó.

¿Cómo trabaja la docencia y cómo estudian chicos y chicas que nacieron en distintos puntos del país? La Izquierda Diario indagó sobre la situación de algunas provincias por las que pasó Trotta de cara al retorno a las aulas.

Salta

Trotta arrancó su gira por Salta el 11 de enero. Según un comunicado oficial, su par provincial Matías Cánepa, anunció que "hasta fin de año hemos invertido más de 200 millones de pesos y está previsto hasta el 1° de marzo una inversión de 300 millones adicionales que se suman a los fondos que envía Nación para la Provincia". Esos 300 millones que piensa ejecutar antes de la fecha de inicio de las clases, equivalen al 0,2 % del presupuesto provincial. ¿Alcanzará para acondicionar las escuelas en menos de dos meses? Además anunció “una importante partida para la adquisición de computadoras para escuelas rurales de la región”, aunque no especificó el monto.

El 27 de enero hubo caravanas y cortes, impulsados por la docencia autoconvocada que exige ser parte de las reuniones paritarias del gobierno de Gustavo Sáenz con la Intergremial.

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El 1° de febrero, docentes autoconvocados de Orán, Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Pichanal y de localidades del Departamento Rivadavia, decidieron “por unanimidad el no inicio del ciclo lectivo” en una asamblea, en tanto no se atienda un pliego de reivindicaciones como la presencia de delegados autoconvocados en la mesa paritaria y un salario igual a la canasta familiar por cargo docente. En su comunicado se reclaman obras de infraestructura básica e insumos sanitarios: “construcción de baños, aulas, arreglos sanitarios, suministro de agua e instalaciones eléctricas. Provisión a granel de elementos de limpieza. Organización de comisiones de control de obras y riesgo sanitario en cada escuela”, así como la provisión de vacunas para docentes.

El 4 de febrero, una asamblea de docentes de todos los niveles educativos en Salta Capital, votó el no inicio de las clases si “el Gobierno no cumple” con un pliego de reivindicaciones similares al de la asamblea de Orán.

“Trotta se reunió con sindicatos que son parte de la Intergremial que ya arrancó paritarias pero no aceptó reunirse con delegadxs autoconvocadxs. La misma política de Saenz que lxs desconoce. En Salta no hay ningún recurso. Ya empezaron las clases presenciales en las 19 escuelas con régimen de verano con un supuesto plan jurisdiccional para el retorno a las clases presenciales como protocolo, que las docentes denuncian que no se cumple empezando por la falta de agua y recursos”, manifestó a La Izquierda Diario la docente salteña y corresponsal de este medio, Florencia Unquillo.

“Salta y toda la Argentina, con los cuidados necesarios y los protocolos adecuados, están preparadas para el comienzo de clases presenciales”, aseguró Trotta.

Jujuy

El 12 de enero Trotta visitó Jujuy. “Vino a darle un espaldarazo político al gobierno de Morales (Cambiemos) y a su ministra de Educación, Isolda Calsina, muy repudiada por miles de docentes que exigen su renuncia”, sostuvo el docente y miembro de la Agrupación 9 de Abril de Jujuy, Andrés García.

En julio, el primer intento de volver las aulas jujeñas fracasó, porque la primera semana empezó a circular masivamente el virus en ciudades como Libertador General San Martín, que encabezó el ranking de mayor números de casos cada 100 mil habitantes durante mucho tiempo en el país.

En noviembre abrieron las escuelas con resoluciones (2110 y 1891) que delegaban toda la responsabilidad en los directivos en cuanto a cómo funcionan y el cumplimiento de los protocolos, poniendo el peso de la vuelta a clases sobre la espalda de trabajadores de la educación. Mientras, recién en noviembre hubo un aumento del 10 % en dos cuotas para la docencia. La vuelta a clases actual se basa en estas resoluciones previas y en los protocolos nacionales.

“Como dice la ministra Calsina, el decreto 1807 permitió la vuelta a clases con puntos muy cuestionados porque suspendió hasta 2022 la actualización de legajos donde la docencia incorpora capacitaciones y cursos para sumar puntaje. También en el artículo 6 el Ministerio se arroga la facultad de hacer todo tipo de reorganización que considere necesaria, con traslados unilaterales de docentes de una región a otra para la vuelta a clases presenciales”, denunció García.

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Igual que Acuña en capital, Morales amenazó a la docencia con descuentos si no asisten a trabajar, dado que de acuerdo con Trotta, las clases serán obligatorias.

En Libertador, así como se en otros concejos deliberantes, concejales del Frente de Izquierda presentaron un proyecto declarando el apoyo a la lucha docente y el rechazo al decreto 1807. Recientemente hubo dos movilizaciones docentes de toda la provincia en San Salvador de Jujuy. Morales envió a efectivos policiales a labrar actas contravencionales. “Señor policía, no se olvide que usted sabe leer y escribir gracias a nosotros, los maestros”. Con ese grito, los y las docentes en lucha echaron a la policía de Morales de su protesta.

“En las asambleas discutimos la necesidad de exigir a las conducciones sindicales de ADEP (inicial y primaria), Cedeps (secundaria y superior) y SADOP (privados) un plan de lucha unificado para poner toda la fuerza que surge desde los sectores que se autoconvocan para torcerle el brazo al gobierno policíaco de Morales. Exigimos paro y movilización para imponer el no inicio y en el marco la pelea por nuestros salarios”, remató el docente.

Tucumán

Trotta llegó a Tucumán el 13 de enero, se reunió con el equipo educativo y con el gobernador peronista Juan Manzur. Según un comunicado oficial del 25 de enero, Nación financiará “una inversión de aproximadamente $2.700.000.000, destinados a obras para los 19 municipios de Tucumán y 93 comunas rurales” para “la ejecución de obras de construcción y reparación de infraestructura escolar”. El 27 de enero, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer aseguró que con ese monto se piensan cubrir 65.000 m2 de obras. “A ello le sumamos el trabajo con gobierno locales para el aprestamiento de las escuelas”, agregó.

Esos 2.700 millones equivalen a poco más del 1 % del presupuesto provincial. O para graficarlo de manera más concreta, tomando como promedio un ancho de ruta de 20 metros, esos 65.000 m2 equivalen a alrededor de 35 cuadras de asfalto.

“Las denuncias de los problemas edilicios y falta de agua se extienden por toda la provincia. El gobierno hizo anuncios pero las obras no aparecen, ni siquiera se destinó el monto de aprestamiento. Pasó todo un año. ¿En qué tiempo arreglarán las escuelas si plantean el retorno para el 1 de marzo?” se pregunta Juan Veliz, docente tucumano y dirigente de la agrupación Marrón de la corriente 9 Abril.

“Cuando las escuelas estén en condiciones el personal auxiliar volverá al trabajo” dijo Francisco Osorio, secretario de Negociaciones Salariales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), según informó el sitio El Siglo el 29 de enero. Agregó que “en general las escuelas padecen problemas en el suministro de agua potable y la falta de mantenimiento durante el receso escolar”.

El 3 de febrero la ministra de Salud Rossana Chahla recibió al geólogo Adrián Ruiz para abordar temáticas vinculadas al agua potable en el interior de la provincia. “No tenemos problemas puntuales (...), podemos llegar a tener algún proceso de falta de cloro en algunos lugares o por ejemplo problemas en la limpieza de los tanques de los CAPS. Son detalles (sic) que mejorarán la salud de los tucumanos”, aseguró el geólogo tras la reunión.

El 2 de febrero se realizó la primera reunión paritaria en Tucumán, con representantes del Frente Gremial Docente (FGD) y funcionarios del gobierno provincial. “El gobierno viene de recortarnos los salarios el año pasado con la eliminación de la cláusula gatillo y el no pago del último tramo. Solo recibimos un 6 % de aumento por decreto. El gobierno local mantiene una farsa de negociación con sus eternos aliados del Frente Gremial -ATEP, APEM, AMET- los dos primeros gremios de base de la Ctera, que nunca consultan nada a la docencia”, sostuvo Veliz.

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“Está todo dado para que las clases comiencen el 1° de marzo, necesitamos que se cumplan las medidas de seguridad", declaró Chahla el 5 de febrero. No obstante, en las mismas declaraciones la ministra sostuvo que la meseta de contagios aún es alta.

Recientemente “hubo un plenario de distintos espacios opositores que resolvió marchar el 10 de febrero para exigir que se arreglen las escuelas, conectividad para alumnos y docentes, recomposición salarial y cláusula gatillo. Que el Estado garantice las medidas de bioseguridad en caso de volver. El año pasado hubo una gran lucha autoconvocada que mantuvo las asambleas virtuales durante la pandemia. Este sábado hay una asamblea de autoconvocados para debatir cómo organizar las bases para pelear por los distintos reclamos”, finalizó el docente.

Mendoza

Trotta llegó el 20 de enero a Mendoza, provincia gobernada por el radical Rodolfo Suárez. Allí no hay Ministerio de Educación, sino Dirección General de Escuelas. “Nos reunimos con Trotta, le presentamos las problemáticas relativas al estado de las escuelas, la conectividad y la situación salarial docente. Su única respuesta fue que teníamos que ser ‘empáticos’ con la situación de los y las estudiantes”, sostuvo Laura Espeche, trabajadora de la educación, referente de la Corriente 9 de Abril y secretaria de Acción Social del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

El SUTE es un sindicato recuperado por parte del sindicalismo combativo de manos de la burocracia sindical en 2017. Recientemente difundió un video en el que denuncia que en Mendoza, una de las provincias más ricas del país, los salarios docentes son de los más bajos. Una docente cobra $24 mil y una celadora, $18 mil. Con una inflación del 36 %, Mendoza es una de las tres provincias que no dio aumento salarial en todo 2020 junto con Neuquén y Chubut.

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También denuncia que el gobierno provincial le sacó 3200 millones de pesos a la educación y que no destinó recursos para arreglo de edificios, conectividad, recortó programas educativos, impidió suplencias, cerró cursos y hasta escuelas completas.

El SUTE encabeza desde noviembre la lucha en defensa del salario docente y forzó al Gobierno provincial a sentarse a discutir paritarias con movilizaciones y presentaciones judiciales. A mediados de diciembre, el gobierno proponía cero pesos de recomposición salarial para el 2020. El 18 de enero, desconociendo la institución de las paritarias y a pesar de la lucha docente, decretó un aumento del 20 % en blanco y un bono en cuotas y en negro, ante una inflación proyectada del 50 % para 2021. “Frente al rechazo de la propuesta del gobierno, desde el SUTE se comenzó a debatir entre los docentes y se votó en el último plenario provincial la necesidad del NO inicio de clases”.

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“Los sindicatos no hemos tenido ningún rol en la elaboración del protocolo del Consejo Federal ni en ninguna otra instancia provincial para pensar cómo será la vuelta a clases. En la paritaria exigimos ser parte de la comisión que estaba elaborando los protocolos provinciales, de los cuales no hay novedades. Se nos respondió que no era necesario porque la Ctera tenía participación en el protocolo nacional. Respondimos que la Ctera no consultó a ningún sindicato de base, ni cuando fueron las paritarias nacionales, ni cuando se aprobaron esos protocolos”, explica Espeche.

La docencia mendocina ha dado enormes muestras de empatía con las familias trabajadoras. Además de exigir recursos para afrontar la falta de conectividad en los hogares, “desde el SUTE exigimos más abonos escolares, más meriendas, refuerzos alimentarios para esas familias que están sufriendo fuertemente la crisis”, sostuvo Laura.

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En septiembre de 2020 pudimos frenar un intento de reforma de la ley de educación provincial que quiso disponer el director general de escuelas, que pretendía municipalizar la educación, con claro corte neoliberal e inspirada en el modelo chileno. Fueron los y las trabajadoras las que con su fuerza lograron frenarlo. Con esa misma fuerza tenemos que impulsar, junto a estudiantes y familias para que haya un retorno a clases presenciales seguro”, agregó la docente.

Neuquén

“Lo que dejó el paso de Trotta por Neuquén el 29 de enero, fue una serie de anuncios como el monto de 1500 millones de pesos para inversiones en infraestructura y equipamiento educativo, un espaldarazo a la gestión educativa del gobierno provincial del MPN (Movimiento Popular Neuquino) y la reunión con las conducciones de los sindicatos estatales”, detalló Yazmín Muñoz docente neuquina y referente de la Agrupación Negra del sindicato ATEN. En este caso el monto anunciado equivale a una inversión inferior al 1 %: aproximadamente el 0,8 del presupuesto provincial.

En Neuquén no hay Ministerio, sino Consejo Provincial de Educación, ámbito donde tienen representación los gremios docentes y el Gobierno. “El Gobierno presentó a mediados de enero algunas pautas en las que supuestamente estuvo trabajando desde 2020 con las conducciones de los gremios. La primera semana de febrero llegó a las escuelas una resolución, de alrededor de 200 páginas, de lo que sería el protocolo para la vuelta a clases presenciales. El Gobierno logró aprobarlo con su propia mayoría, con el rechazo de los representantes de ATEN”.

“Como en la mayoría de las provincias, se arrastran temas de infraestructura de larga data que llevaron por ejemplo a que el año pasado la empresa de gas retirara medidores de una decena de establecimientos por la falta de seguridad y lo obsoleto de los artefactos. No se ha realizado ningún mantenimiento en más de un año y a eso hay que sumarle el deterioro de las condiciones salariales de lxs trabajadorxs que durante todo el año 2020 no tuvimos una recomposición salarial, aunque la inflación superó el 36 %. Sostuvimos las clases virtuales con dispositivos y conectividad pagada de nuestros bolsillos”, agregó la docente.

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“Aten se caracterizó históricamente por definir en asambleas de base y que las conducciones acataran a pesar de sus filiaciones políticas particulares. La conducción de Marcelo Guagliardo (TEP) ha ido revirtiendo ese método democrático. Llegó hasta a cambiar el estatuto del sindicato para que las decisiones las pueda tomar un pequeño grupo en la conducción. Hoy están planteando casi como único tema ante el gobierno la cuestión salarial. Desde la agrupación Negra consideramos que el sindicato debería salir a disputar públicamente contra el discurso mentiroso del gobierno acerca de una posible presencialidad sin vacunas, sin espacios ventilados, sin personal suficiente ni elementos de limpieza, para mantener en óptimas condiciones sanitarias los espacios por los que transitamos cientos y miles de personas por día. Debería estar planteando que Europa es nuestro espejo en cuanto a un posible rebrote y las consecuencias de la apertura indiscriminada de las escuelas. Que ante la posibilidad no tan incierta de tener que desarrollar clases virtuales el gobierno debería estar trabajando en el acceso a la conexión del 65 o 70 % de estudiantes que durante el 2020 quedó por fuera del vínculo educativo” , agregó.

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“Creo que es cierto que hay un trato diferente de parte del PRO y del peronismo hacia los sindicatos y tiene que ver con que la mayoría de las conducciones sindicales están alineadas con el gobierno nacional del Frente de Todos, hicieron campaña para que llegue al gobierno, aportaron fondos y lo sostienen a pesar de las necesidades de las y los trabajadores de base”, analizó Yazmín.






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