Política Venezuela

La oposición aceptó el mandato del Tribunal Supremo y Maduro irá al Parlamento

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentará este viernes el informe anual de su gestión ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), controlada por la coalición opositora MUD. La decisión de Maduro llega después que la oposición aceptó el fallo de la Justicia contra la asunción de los 3 diputados del estado Amazonas.

La Izquierda Diario

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Viernes 15 de enero de 2016

Fotografia : EFE

La sesión comenzará a las 17:00 hora local, según precisó el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de la MUD Ramos Allup, a los miembros del Parlamento durante la sesión ordinaria del jueves 14/1.

Asimismo, el jefe de la bancada oficialista, el diputado Héctor Rodríguez, confirmó la visita del jefe de Estado venezolano a la AN y llamó a los partidarios del chavismo a acompañar al mandatario. "Está todo coordinado para que el presidente esté mañana (viernes) entregando su mensaje anual e invitamos a todo el pueblo de Venezuela a acompañar al presidente Nicolás Maduro", dijo a los periodistas desde el Palacio Legislativo.

Maduro había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) precisar dónde debía presentar el informe anual de su gestión tras la decisión del máximo tribunal de declarar en "desacato" al Parlamento venezolano por haber juramentado a tres diputados sobre los que pesaba una medida cautelar que suspendía su investidura.
Aunque la directiva opositora denunció una "emboscada" del Gobierno, el Parlamento decidió el miércoles acatar el fallo del TSJ luego de que los propios opositores suspendidos presentaran su renuncia para poder defenderse y evitar que la cámara fuera deslegitimada. La Presidencia de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) puso así punto final a la crisis institucional que se generó tras juramentar a los opositores Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza, que llevó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a declarar en "desacato" al Legislativo y ordenar la nulidad de todos sus actos.

De esta manera y mientras el TSJ decide sobre la impugnación chavista de la elección de los cuatro legisladores del estado Amazonas (sur) -tres opositores y un chavista-, la mayoría que detenta la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la AN se reduce de 112 a 109 legisladores.

Ramos Allup consideró la solicitud de los diputados como "una actitud muy cívica, muy institucional y muy responsable", hecha por la terna opositora del estado Amazonas "ante la perspectiva de que la AN quedará trabada, inutilizada a consecuencia de una sentencia verdaderamente indescriptible".

"Se trata de una emboscada burocrática del Ejecutivo y sus tribunales de justicia (...) para liquidar a la Asamblea Nacional electa directamente por la voluntad popular", dijo en una entrevista con el canal privado Globovisión tras la sesión ordinaria de la Cámara y añadió que "a veces son necesarias treguas, porque a veces hay que sacrificar partes para salvar el todo".

La bancada chavista del Parlamento celebró la decisión de la directiva de la AN, a quienes, dijo, "obligaron" a "hacer lo que legalmente correspondía y que el país esperaba". "Hemos aplaudido esa actitud que vuelve a poner a esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad", manifestó a periodistas el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez.

Tras esta acción, la oposición dio rienda suelta a las primeras acciones parlamentarias y definió a los 15 diputados encargados de las comisiones permanentes de trabajo, todos miembros de la alianza opositora MUD.

Asimismo, el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, presentó al pleno un proyecto de ley que otorgaría la propiedad de las viviendas entregadas por el Estado venezolano a través del programa social Gran Misión Vivienda, una norma que figuró como una de las principales promesas de la oposición durante la campaña.

Además, la mayoría opositora de la AN acordó la conformación de una comisión de legisladores que investigue la situación de la frontera venezolana cerrada desde mediados de 2015 por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro.






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